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Alto contrasteChile como “país adecuado”
Señor Director:
La editorial “El costo diferido de una protección postergada” (3 de septiembre) acierta en el diagnóstico. Quisiera agregar un costo que suele pasar inadvertido.
Chile no solo aspira a recibir datos de otros países en sus centros de datos. Aspira a vender servicios digitales al mundo: software, plataformas, servicios financieros y de salud a distancia, externalización de procesos.
Y cada uno de esos negocios trae consigo datos personales de extranjeros que llegan a Chile por esa vía. Quien contrata en Europa, Estados Unidos o Brasil exige hoy, como condición de entrada, una señal regulatoria clara: que esos datos quedarán bajo un entorno jurídico protegido, con autoridad fiscalizadora y derechos exigibles. No es un plus reputacional, pasó a ser un requisito para cerrar contratos.
Retrasar esa señal es retrasar negocios, inversión y crecimiento económico.
Por ello, si la postergación se considera indispensable, debiera ser lo más breve posible. Y ese tiempo no puede ser un paréntesis. Hacia adentro, debiera servir para que las empresas certifiquen sus modelos de cumplimiento ante la Agencia y lleguen a la vigencia con la tarea hecha. Hacia afuera, para que el Estado inicie formalmente ante la Comisión Europea el proceso para que Chile sea declarado “país adecuado”, un reconocimiento que países como Japón y Corea del Sur ya tienen, que Brasil acaba de recibir, y que abre las puertas del mercado de datos más exigente del planeta.
La Ley 21.719 no es solo una carga de cumplimiento. Es una ventaja competitiva que el país ya tiene escrita y aún no ha puesto a producir. Cada mes de espera tiene un costo, y no es diferido: es hoy.
MARCELO DRAGO AGUIRRE
Abogado, Socio DataCompliancePresidente AGPD
