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Alto contrasteEl precio del aluvión
Señor Director:
El aluvión de Las Condes convirtió en pérdidas concretas un riesgo que ya estaba identificado en el piedemonte de nuestra capital. Según Senapred, hubo 384 damnificados, 56 viviendas destruidas y 2.056 inmuebles dañados. Estas cifras muestran el costo que el crecimiento urbano y un drenaje insuficiente traspasan a las familias, los municipios y los servicios públicos.
El mercado puede incorporar ese riesgo en los precios si se entrega información acerca de éste, de lo contrario el ajuste será gradual. Beltrán, Maddison y Elliott (2018) estiman que las viviendas ubicadas en llanuras de inundación continentales se venden con un descuento promedio de 4,6% respecto de las que no tienen esa exposición. En EEUU, el descuento llega a 9,7% cuando se informa el riesgo a los compradores. En Santiago, un plan de manejo identificaba 1.490 viviendas expuestas. Mientras los mapas de riesgo no sean públicos y las advertencias no incidan en los permisos de construcción, los precios seguirán reflejando las ventajas de vivir junto a la cordillera sin considerar el costo de una pérdida futura.
La lluvia reproduce el mismo problema. El daño va más allá de la reparación de las viviendas: incluye jornadas de trabajo perdidas y servicios interrumpidos. Un estudio hecho para Copenhague calculó que combinar parques, vías de escurrimiento y colectores generaría un beneficio neto cercano a US$ 468 millones, mientras que ampliar solo el alcantarillado implicaría una pérdida de US$ 624 millones. Por eso, los US$ 18 millones previstos para obras de aguas lluvias en Santiago deben evaluarse contra los daños que permitan evitar.
Con todo, la infraestructura pública no basta si cada propietario traslada el agua a sus vecinos. Pavimentar un terreno genera un beneficio privado, pero aumenta el escurrimiento hacia las zonas más bajas. Con cerca de 80% de su superficie impermeabilizada, Santiago podría vincular el cobro de las obras al área sellada y al riesgo que cada propiedad agrega, con descuentos para quienes infiltren o retengan agua. De ese modo, la planificación dejaría de subsidiar las decisiones que agravan el riesgo.
Miguel Vargas Román
Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finis Terrae
