Gobierno, fundaciones y startups
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Señor Director:
El ministro Marcel informó que entre las medidas de reactivación incluidas en el “Pacto Fiscal”, el Estado aportará recursos fiscales a fondos de inversión que, a su vez, invertirán en proyectos de capital de riesgo para financiar emprendimientos “tecnológicos o innovadores” (sic). Proyectos de alto riesgo y sin historia.
Parece una medida lógica, pero invita a una reflexión, pues todavía está en el aire el bochorno por el escándalo de los recursos públicos mal entregados a fundaciones truchas.
Más allá de la retórica bien intencionada, de no implementarse normas objetivas y fiscalizables, los fondos públicos quedarán al arbitrio de quien defina qué es un emprendimiento “de base tecnológica o innovadora”.
Por otro lado, la iniciativa confía en la institucionalidad de la industria de los fondos de inversión regulados; lo que implica descansar en la gestión de supervisión de la CMF. Tal mecanismo deja de lado a la Contraloría y las instituciones del Estado que deben controlar el uso de los fondos públicos. Hay que recordar, que esos recursos son de todos y su uso debe ir a atender necesidades urgentes. Su inversión es uno de los asuntos más delicados en la administración del Estado.
Si se pretende usar fondos públicos para invertir en la economía, se necesita una discusión nacional; para eso hay un Consejo Constitucional. Si la respuesta es sí, se debe implementar un “Estatuto de Estado Empresario” moderno, eficiente e independiente.
Si algo debe aprenderse del caso Fundaciones es que no se pueden hacer transferencias de fondos públicos a privados sin una institucionalidad sólida y un Estado eficiente. No vaya a ser que el escándalo futuro sea denominado: “Caso Startups”.
Max Spiess
Abogado
