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AgriculturaSeñora Directora:
Es imperdonable que una buena política pública como la implementada a través de la Ley de Protección al Empleo pueda inducir a efectos contraproducentes. El ministro Briones ha señalado que la enmienda de la Comisión Mixta que impide distribuir utilidades a las empresas que acceden a las prestaciones del seguro de cesantía, va a incentivar el despido de trabajadores y no la suspensión de contratos de trabajo, que es justamente su objetivo principal.
El legítimo derecho de las empresas de distribuir utilidades en un porcentaje razonable, que podría ser el mínimo legal, no puede ser impedimento para acogerse a esta ley, por cuanto, se deja a las empresas sin más alternativa que desvincular colaboradores.
La solución al problema debiera conciliar el derecho al retiro de utilidades razonables, la necesidad de conservar las fuentes de trabajo y el deber de asegurar el correcto y adecuado uso del cuantioso aporte del Estado al fondo solidario de la AFC.
Para evitar el mal uso de la ley, existen alternativas menos perjudiciales, como fijar parámetros para la repartición de utilidades en porcentajes razonables y limitar el número de trabajadores de estas compañías que puedan acogerse a las prestaciones de la ley.
Luis Navarro Egaña
Abogado
