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Alto contrasteSoberanía de la infraestructura digital
Señor Director:
En su edición del 13 de octubre, su diario informa sobre la aspiración de convertir a Punta Arenas en hub digital y repositorio de datos, y recoge una afirmación del alcalde Radonich que compartimos: la soberanía no se agota en la defensa ni en las declaraciones. Pero tampoco se construye por el solo hecho de que la infraestructura se construya en nuestro territorio.
Albergar infraestructura digital no equivale a desarrollar las tecnologías que funcionan sobre ella. Un centro de datos no transfiere por sí mismo capacidades tecnológicas. En América Latina, la capacidad de cómputo instalada sirve sobre todo para ejecutar sistemas diseñados y entrenados en otros países. Que un país albergue esa infraestructura no significa que participe en el desarrollo de las tecnologías que corren en ella, ni garantiza ni muchos ni buenos empleos. La diferencia la hacen las condiciones jurídicas en que se instala.
Según su nota, abrir la Zona Franca a servicios requiere reformas legales. Esa reforma puede hacer más que otorgar exenciones. Necesitamos discutir qué exigimos a estas inversiones para que nuestro país aporte algo más que frío, agua y energía y no consolidar así una inserción periférica y extractivista en la economía digital. La soberanía no se mide solamente por cuánto queda, sino también por la capacidad de decidir: de establecer condiciones y, cuando corresponda, de negarse.
Si el Estado financia el cable o subsidia la energía que hace posible estas inversiones, no tiene por qué limitarse a un rol de regulador, debería participar en su propiedad o gobernanza y reservar capacidad de decisión sobre una infraestructura estratégica. Lo mismo debiera discutirse respecto del cable antártico, cuya gobernanza aún debe definirse. La pregunta no es solamente qué infraestructura logramos atraer, sino quién la controla y bajo qué condiciones. La soberanía digital exige algo más que alojar infraestructura extranjera. Exige conservar capacidad para decidir sobre ella y utilizar el derecho para que las inversiones que recibimos dejen capacidades tecnológicas en el país.
CAMILA AGUAYO Y AURORA ROZAS
INVESTIGADORAS NODO XXI
