Código de Aguas: primó el sentido común

La semana pasada el gobierno sorprendió al mundo político y agrícola al anunciar que quitarían la urgencia a la reforma del Código de Aguas, para retomarla post elecciones.

Por fin está primando el sentido común en este gobierno. Y es que esta modificación legislativa preocupa al mundo agrícola porque, entre otras cosas, podría hacerlos perder gran parte del valor de sus tierras y echar al olvido decenas de años de inversión en los campos.

Reiteramos que así como está planteado, este proyecto tiene un carácter ideológico y no apunta a resolver el problema de fondo, que es aprovechar mejor los recursos hídricos, almacenar mejor el agua para períodos de sequía e implementar tecnología en el sector para optimizar su uso.

Si bien el actual código puede mejorarse, debe hacerse en forma correcta y ajustarse a los tiempos que vivimos. La reforma no genera más litros de agua a la matriz, y equivocadamente se preocupa de quitar los derechos a quienes históricamente los han administrado en forma correcta.

Aumentar la presencia del Estado en la administración del agua provocará enormes dificultades, pues no tiene capacidad ni expertise para equiparar una administración privada exitosa que por 200 años ha demostrado ser eficiente, generando progreso y, plasmando el criterio de agricultores, canalistas y regantes.

Asimismo, la modificación de derechos de propiedad podría generar una importante reducción en la inversión privada, la que históricamente ha contribuido a dinamizar este sector, conllevando un impacto negativo en el empleo y en el desarrollo de Chile.

La solución pasa por transmitir confianza y fomentar la inversión público-privada. Ésto, como política pública de largo plazo, sin estancar el desarrollo de infraestructura hídrica que actualmente tiene un retraso de 50 años respecto de países desarrollados.

En vez de preocuparnos en cambiar la ley, deberíamos estar trabajando para sacar adelante los proyectos de inversión, generando soluciones por la vía tecnológica, destinando un mayor presupuesto a un plan nacional de aguas y generando más alianzas estratégicas con los privados.

Nos alegramos por el “sentido común” del gobierno y esperamos se proyecte en el tiempo, más allá de las elecciones. Aspiramos a que esta pausa al vértigo legislativo sirva para comenzar de cero un proyecto donde participen usuarios de aguas, regantes, mineras, sanitarias, industria, comunidades, técnicos y, obviamente, agricultores, para trabajar en una ley moderna que resuelva el problema de fondo y genere progreso hídrico en Chile.