Solemos decir que el dinero no tiene color. Tal vez sea cierto al mirar una cifra en un balance, pero detrás de cada flujo financiero hay una historia. Algunas hablan de inversión, trabajo y creación de valor; otras pueden esconder corrupción, narcotráfico o fraudes que destruyen vidas y comunidades. Cuando esas ganancias ingresan a la economía formal, distinguirlas se vuelve más difícil.
La quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera vuelve a poner sobre la mesa la pregunta sobre qué tan efectivos estamos siendo para impedir que las ganancias del delito encuentren refugio en negocios legítimos. La respuesta no depende solo de las autoridades, porque también involucra al sector privado, especialmente al financiero, que puede identificar señales tempranas en su relación cotidiana con clientes.
Durante años hemos avanzado en regulaciones, herramientas de monitoreo y capacidades especializadas. En Chile, la Ley Nº 19.913 y las circulares de la UAF forman parte de ese esfuerzo. El trabajo de los oficiales de cumplimiento es indispensable. Pero quizás quienes integramos directorios no hemos hecho el mismo esfuerzo por conectar esa labor con las decisiones estratégicas del negocio.
“Prevenir la circulación de dinero ilícito significa proteger a las empresas, la confianza en el sistema financiero y a las comunidades afectadas”.
No necesariamente por falta de compromiso. Históricamente hemos entendido la prevención del lavado de activos como un asunto técnico, alojado en áreas especializadas. Esa especialización es necesaria, pero falta ampliar la conversación y comprender que prevenir la circulación de dinero ilícito también significa proteger a las empresas, la confianza en el sistema financiero y a las comunidades afectadas por las economías criminales.
Esa comprensión podría ayudarnos a simplificar los sistemas de prevención. No se trata de relajar exigencias, sino de dejar de confundir sofisticación con efectividad. Más formularios, alertas o reportes no significan necesariamente mejores resultados. El enfoque basado en riesgos permite concentrar esfuerzos, evitar cargas innecesarias y traducir señales relevantes en decisiones oportunas.
Las decisiones sobre clientes, productos, mercados e incentivos comerciales pueden generar oportunidades y rentabilidad, pero también exposiciones difíciles de advertir si cumplimiento y negocio trabajan en mundos separados. Por eso la integridad de los flujos financieros pertenece también a la discusión sobre sostenibilidad y creación de valor. La rentabilidad pierde sustento si una empresa termina facilitando actividades que dañan a la sociedad.
Esto no exige transformar a los directores en especialistas ni intervenir en reportes de operaciones sospechosas sujetos a reserva. Exige comprender que cumplir cabalmente nuestros deberes fiduciarios también supone velar por la integridad de los negocios. Preguntarnos dónde están los riesgos, si la primera línea sabe reconocerlos, si cumplimiento cuenta con respaldo y si los controles están dando resultados. La prevención debe atravesar el negocio, sin diluir responsabilidades técnicas.
Quizás el principal desafío de esta nueva etapa no sea agregar más procedimientos, sino ampliar nuestra comprensión de lo que está en juego. Pasar de preguntarnos únicamente si cumplimos nuestras obligaciones a preguntarnos si estamos contribuyendo efectivamente a impedir que el dinero del delito encuentre espacio en la economía legítima.
El dinero no tiene color, pero sí tiene origen, destino y consecuencias. Comprenderlo también es responsabilidad de quienes dirigimos las empresas.