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Alto contraste
Fernanda García
Durante años en Chile, flexibilizar el empleo ha sido sinónimo de precarizarlo, pero la pregunta sincera no puede seguir siendo eludida: ¿cómo flexibilizar para formalizar? Existe una paradoja que el dogma de la precarización no resuelve: la vida humana no siempre adopta la forma institucional que las categorías jurídicas esperan. La política pública funciona por compartimentos con diversas finalidades razonables. Queremos viviendas accesibles; empleo formal y protegido; mayores cotizaciones para seguridad social; ingresos declarados para el cumplimiento tributario; y un sistema financiero que financie a largo plazo a personas que cumplen.
El problema aparece cuando estas piezas deben funcionar juntas. La persona autónoma, disponible ocho horas diarias para un empleador, con contrato estable y un único ingreso mensual, es una figura simple para el derecho. Pero ¿qué ocurre con quien obtiene ingresos de tres actividades lucrativas, a las que dedica entre tres y cinco horas semanales? Mujeres que cuidan, estudiantes, emprendedores, trabajadores remotos, prestadores de servicios de limpieza, jardinería, reparaciones, mascotas, o cuidados. Todos existen económicamente, pero no se adecuan a las categorías con que el Estado y los sistemas tributario y financiero organizan la realidad.
“El dogma de la precarización impide advertir que la formalidad no es un fin burocrático. Su virtud no se agota en dar acceso a prestaciones sociales, sino que consiste en operar como infraestructura de autonomía”.
Un ejemplo: quien realiza tres trabajos de limpieza por horas puede querer formalizarlos para acreditar renta y acceder a un hipotecario. El banco tiene buenas razones para exigir antecedentes y evaluar su capacidad de pago. Pero si las reglas laborales y tributarias hacen costosa y engorrosa la formalización de trabajos pequeños y fragmentados, el resultado es contrario al buscado: quien quiere entrar al sistema queda en sus bordes e incluso arriesga exclusión.
El dogma de la precarización impide advertir que la formalidad no es un fin burocrático. Su virtud no se agota en dar acceso a prestaciones sociales, sino que consiste en operar como infraestructura de autonomía. La actividad (dependiente o independiente) genera ingresos reconocibles que permiten acceder a crédito, vivienda y patrimonio, lo que da autonomía. Pero ella no se decreta sino que se construye institucionalmente: una persona puede tener voluntad y capacidad para trabajar, pero si las instituciones no saben reconocer cómo efectivamente trabaja, su autonomía económica es bloqueada por las mismas estructuras que buscan protegerla.
Esto importa para las políticas de empleo en que trabaja el gobierno hoy, especialmente considerando que simultáneamente incentiva el acceso a la casa propia. Alimentar expectativas sobre vivienda accesible si sus destinatarios no logran acreditar ingresos en las formas reconocidas puede ser contraproducente. Esto es lo que el gobierno debe anticipar y saber comunicar: mostrar que entiende que la flexibilización mal diseñada precariza, pero aclarar con ejemplos concretos y cercanos que una regulación excesivamente rígida, limitada a una única modalidad de trabajo, excluye a muchos que busca favorecer. Debe explicar que la discusión actual no es “defensa empresarial versus derechos laborales”, sino cómo diseñar más y mejor protección considerando la diversidad de formas reales de trabajar.
