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Alto contrasteLey de Pesca
La ley 19.713, o ley de límites máximos de captura, tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2012. Si no existe una nueva ley que reemplace a la actual...
La ley 19.713, o ley de límites máximos de captura, tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2012. Si no existe una nueva ley que reemplace a la actual, volveremos a la situación que teníamos antes de 2002, y los actores pesqueros deberán competir por capturar la mayor parte de la cuota global anual, sin resguardos ecológicos, medioambientales, y con un bajo nivel de eficiencia en el aprovechamiento de esta captura.
La discusión de la ley 19.713 hace 10 años fue difícil. Los mismos grupos económicos que hoy dominan el mercado, ejercieron en ese entonces gran presión para que no se les licitaran las cuotas pesqueras. Alejandro Foxley, entonces senador, vaticinó que 10 años más tarde volverían las presiones para evitar licitaciones y el senador Bitar en una de sus intervenciones dijo: “aquí pueden existir presiones para dilatar el proceso más allá de los dos años, con lo cual estaríamos entregando gratuitamente a una empresa derechos sobre recursos que son de todos los chilenos, sin mediar siquiera licitación. Esta situación no puede darse bajo ninguna circunstancia”.
Hoy estamos a punto de comenzar la discusión de una normativa que no es sólo sectorial. La Ley de Pesca contiene una serie de elementos que la hacen ser muy simbólica.
Primero, es una ley que regulará la manera en la cual los chilenos explotamos nuestros recursos naturales renovables. El gobierno ha partido de la peor manera, por cuanto quiere entregar licencias de carácter indefinido para la explotación pesquera, lo cual significa en la práctica reconocer derechos de propiedad sobre estos recursos naturales, en vez de entregar concesiones de explotación temporales.
Segundo, es una ley que debe perfeccionar la competencia en el sector pesquero, permitiendo la entrada de nuevos actores y asignando de manera abierta y transparente, la explotación de los recursos a los actores más competitivos. Nuevamente el gobierno va en contra de esto, al asignar derechos mediante historia y no mediante licitaciones donde cualquier empresario pueda competir.
Tercero, es una ley que debe legitimar la acción empresarial sobre la explotación de recursos que entendemos son de todos. Para que se pueda dar esta legitimidad, los chilenos deben sentir que quienes ostentan los derechos de explotación pesquera, los obtuvieron tras competir abiertamente y pagar el justo precio. El gobierno, al hacer una ley con letra chica en materia de licitaciones e intentar regalar de manera indefinida estos recursos a 3 ó 4 actores, sólo crea las condiciones para que la ciudadanía rechace con mayor vehemencia esta ley. De paso, la elite empresarial aumenta su descrédito frente a una ciudadanía que viene mostrando signos de cansancio frente a esta manera de hacer las políticas públicas.
El ministro Longueira ha partido con el pie izquierdo la discusión de la ley, al resguardar ciertos intereses particulares por sobre el bien común, lo cual hace prever una fuerte discusión durante la tramitación de esta ley.
