Nuestras finanzas públicas

Luis Larraín

Desde hace tiempo que Chile es un referente en el mundo por su buen manejo de las finanzas públicas. El gobierno del Presidente Piñera había continuado esa tradición, corrigiendo en parte lo ocurrido en el período 2014-2017, que registró una importante expansividad del gasto público.

En efecto el déficit fiscal en el período de la Presidenta Bachelet subió de 1,6 a 2,8 % y se registró un importante aumento de la deuda pública que llevó a deteriorar la calificación de la deuda soberana de Chile. El déficit estructural bajó dos décimas en 2018, desde 1,7% a 1,5%. Hasta octubre pasado, se pretendía que siguiera disminuyendo 0,2 puntos por año para llegar a un 1% del PIB el año 2022.

El violento estallido que comenzó el 18 de octubre llegó en medio de la discusión de la ley de presupuesto 2020. Bajo la conducción del ministro Ignacio Briones, considerando esta contingencia, se aprobó un aumento del gasto fiscal de 4,5%, superior al 3% del proyecto que había ingresado al Congreso. También se incrementó el déficit fiscal hasta un 2,8%. Los planes de austeridad fiscal empezaban así a tener tropiezos, pese a lo cual se mantuvo un importante recorte en materia de viáticos, pasajes, gastos de representación y protocolo.

Sin embargo, al constatar que la actividad económica se había resentido más de lo esperado, registrando el IMACEC de octubre una baja de 3,4%, la mayor en 10 años, el gobierno decidió corregir a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2019 a un 1,4% y para 2020 a un rango entre 1% y 1,5% (0,5% a 1,5% es el rango del Banco Central). Al mismo tiempo, anunció una agenda de reactivación económica cuyo elemento principal es una política fiscal muy expansiva para el año 2020.

La agenda considera recursos por US$ 5.500 millones, de los cuales US$ 3.025 millones serán nuevo gasto público. Otros 500 millones corresponden a la capitalización de BancoEstado y la capitalización de 200 millones a Corfo para el programa Fogain, medidas de apoyo a las PYME por 1.950 millones y otras iniciativas por 525 millones que incluyen reconstrucción de infraestructura del Metro y concesiones. Las medidas son mayoritariamente transitorias, cuestión importante al considerar sus fuentes de financiamiento, como veremos más adelante.

Esto vino a alterar significativamente el panorama de las finanzas públicas chilenas, haciéndonos retroceder varios años. De hecho, en materia de déficit estructural la meta de llegar a 1% del PIB en 2022 se hace imposible, pues en 2020 se espera un déficit estructural de 3% del PIB. El gobierno espera reducir el déficit a razón de 0,5 puntos por año para llegar al 2% del PIB el año próximo.

En lugar de crecer un 4,5%, el presupuesto fiscal 2020 crecería un 9,8% real comparado con la ley de 2019, el mayor incremento desde 2009. El déficit fiscal efectivo, por su parte, llegará a 4,4% el próximo año.

Para poder financiar este esfuerzo, el gobierno estima que las necesidades de financiamiento en 2020 llegarán a US$ 16.600 millones. Esta cantidad se financiaría con emisión de deuda por hasta US$ 9.000 millones, de la cual un 40% será en moneda extranjera. El complemento de US$ 7.600 millones sería financiado con activos del tesoro público denominados en moneda extranjera. Como consecuencia de todas estas medidas, la deuda pública llegaría a 38% del PIB el año 2024. El ataque a Chile que comenzó el 18 de octubre habrá significado en definitiva una destrucción de riqueza para los chilenos que costará mucho esfuerzo recuperar.