VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Marcela Ruiz-Tagle
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reduce en 17% los recursos del Subsidio de Arriendo (DS 52), aun cuando el Programa Habitacional mantiene nominalmente 20 mil cupos. Lo disponible se destinará, principalmente, a cofinanciar el canon de los seleccionados en años anteriores. Además, elimina las glosas que obligaban a caracterizar a los beneficiarios y evaluar sus resultados. A ello se suma una convocatoria menor: en lo que va de 2026 los llamados suman 11.744 cupos, frente a los 20.501 subsidios otorgados en 2025. La política habitacional se alinea así con el objetivo declarado por el gobierno: que Chile sea un país de propietarios, no de arrendatarios. Más que un ajuste fiscal, es una definición de política.
Querer que más familias sean dueñas de una vivienda es legítimo. La propiedad da patrimonio, estabilidad emocional y financiera frente a los ciclos económicos y protección en la vejez, y es una aspiración muy arraigada en el país. De hecho, ha sido el eje histórico de nuestra política habitacional. Pese a ello, el arriendo no ha dejado de crecer. En 2002 el 72,5% de los hogares habitaba una vivienda propia; en 2024 el 61%. La razón es de fondo, el país cambió: hay más hogares unipersonales, monoparentales, mayor informalidad laboral e ingresos insuficientes para la compra de una vivienda. Por ello la mayoría de los países combinan el apoyo a la propiedad con subsidios al arriendo y oferta pública de vivienda en arriendo, lo que da a su política mayor cobertura y resiliencia. Chile es una excepción, llegó tarde y tímidamente a esa combinación, el DS 52 opera solo desde 2014 y a baja escala.
“Querer que más familias sean dueñas de una vivienda es legítimo. De hecho, ha sido el eje histórico de nuestra política habitacional. Pese a ello, el arriendo no ha dejado de crecer”.
De los más de 2,6 millones de hogares no propietarios, 1,7 millones arriendan y de ellos se estima que el 79% (1,3 millones) no califica para la compra de una vivienda con crédito hipotecario, ya sea por tener ingresos insuficientes, falta de contrato laboral o ambas. Una política centrada solo en la propiedad deja fuera a la mayor parte de quienes hoy arriendan y necesitan apoyo del Estado. Ignorar esa realidad no la hace desaparecer, solo la deja sin política. Por ello, el subsidio al arriendo debe ser visto como una herramienta que complementa una estrategia, no como un sustituto a ella.
Mantener el DS 52 y corregir su diseño tras una década de aprendizaje se justifica por, a lo menos, tres razones. Primero, cobertura. Con costos unitarios del Programa Habitacional, un subsidio DS 49 (UF 1.161) equivale a 6 subsidios de arriendo, con un gasto además más fácil de programar en el tiempo. Segundo, puede ser un puente hacia la propiedad. Cubre los 2 a 4 años que toma construir vivienda para las familias más vulnerables; permite a quienes tienen ingresos sin la formalidad requerida, generar un historial de pago que facilite su evaluación crediticia; y a quienes hoy pagan un arriendo superior al dividendo de una vivienda de UF 2.000 liberar recursos para ahorrar. Tercero, eficiencia. El programa podría responder mejor a su creciente demanda si se reduce la incertidumbre del arrendador, con garantías de arriendo, intermediación en la búsqueda de vivienda y convenios con operadores de renta residencial.
