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Alto contrastePrimera condena por delito ambiental: importa el daño, no el tamaño
JORGE BOFILL socio de Bofill y Ramos PABLO BADENIER exministro de Medio Ambiente y socio de Asuntos Ambientales
La Ley 21.595, promulgada en 2023, incorporó al Código Penal los delitos ambientales para proteger el medio ambiente frente a todo daño grave, independiente del tamaño o tipo de agente que lo genere. Tres años después, el 19 de octubre, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia emitió el primer fallo bajo esta nueva norma. El dueño de un predio en Mariquina fue condenado a penas que suman cinco años de presidio, sustituidas por libertad vigilada intensiva, y a una multa de UTM 30 mil, unos $ 2.100 millones, por rellenar un humedal junto al río Lingue, en un sitio prioritario para la conservación, y por talar bosque nativo. La pena sustitutiva fue posible porque el tribunal recalificó la acusación.
El fallo hace visible que en Chile ya se aplica el nuevo tipo penal ambiental, con penas que, en los casos más graves, pueden significar cárcel efectiva. Una industria que contamine, un barco que provoque un derrame o incluso un conductor que, por imprudencia o infringiendo los reglamentos, cause un daño ambiental grave pueden ser condenados bajo esta ley. Con fiscales especializados y diversas investigaciones en curso, el nuevo estándar penal es una realidad.
“Mientras se discute cómo agilizar la evaluación ambiental, conviene recordar que un permiso más rápido no rebaja el deber de cuidado que impone la nueva ley”.
La sentencia fija cuatro criterios. Primero, no se requiere que haya un delito económico, basta que exista contaminación ambiental con resultado grave. Segundo, aunque se afectó poco más de una hectárea, la extensión del daño se midió por los efectos sobre el ecosistema y pesaron las funciones que el humedal dejaría de cumplir. Tercero, el lugar importa, porque no es lo mismo afectar un sitio prioritario para la conservación que uno que no lo es. Y, cuarto, la calidad de humedal se estableció principalmente por su definición legal y la prueba en terreno, además de estar en el inventario del Ministerio.
Eso no significa que se sancione cualquier intervención. La ley exige acreditar científicamente la gravedad: cuantificar el daño, probar su irreversibilidad o el costo de restaurarlo, demostrar la alteración de componentes clave del ecosistema y establecer la causalidad. El tribunal dio por acreditados efectos prolongados con estimaciones de recuperación de al menos 30 años.
Un certificado del SAG o un plan de manejo aprobado por Conaf acreditan el cumplimiento de una norma sectorial, pero no eximen de respetar la legislación ambiental. La responsabilidad, además, no se diluye. Responde quien ordena las obras, aunque las ejecuten terceros, y también la empresa, si no tenía un modelo efectivo de prevención de delitos.
Las vías penal y administrativa corren por carriles separados, de modo que las multas sectoriales pagadas no eximen de la pena, aunque se descuentan de la multa penal. El condenado en este caso reforestó, y aun así el tribunal le negó la atenuante de reparación. El efecto disuasivo es evidente -dañar el medio ambiente ya no da lo mismo-, pero la vía penal debería complementar, no reemplazar, una sanción administrativa orientada a reparar.
El caso muestra, además, un Estado activo ante los delitos ambientales. La Superintendencia del Medio Ambiente, la PDI y los servicios sectoriales aportaron la prueba técnica, y la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado la llevaron a juicio. Para las empresas también hay una señal. Mientras se discute cómo agilizar la evaluación ambiental, conviene recordar que un permiso más rápido no rebaja el deber de cuidado que impone la nueva ley. El fallo aún puede ser revisado, pero el mensaje está dado: en materia ambiental, lo que importa es el daño, no el tamaño, y quien lo cause deberá responder.
