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Alto contrasteUna reforma sin dueño
MARÍA JESÚS BOFILL G. Economista, Directora de Estrategia Bofill y Ramos Abogados
El martes 13 de octubre, el Ministerio de Justicia instaló una comisión asesora y un comité consultivo para reactivar la Reforma Procesal Civil. El proyecto ingresó al Congreso en 2012 y su discusión está suspendida en el Senado desde 2021. Mientras tanto, los conflictos civiles se tramitan bajo un código de 1903.
Que la reforma es necesaria casi nadie lo discute. Que es rentable, tampoco. Un estudio de Clapes UC estima que aumentaría el PIB entre US$ 814 y US$ 2.118 millones al año, con un costo cercano a US$ 90 millones anuales. Por cada dólar invertido, el beneficio estaría entre 9 y 23 dólares.
¿Por qué, entonces, una política con ese retorno lleva catorce años esperando? La respuesta está en los incentivos.
“La reforma enfrenta el problema clásico de los bienes públicos. Sus beneficios son enormes en el agregado y casi imperceptibles para cada uno”.
La reforma enfrenta el problema clásico de los bienes públicos. Sus beneficios son enormes en el agregado y casi imperceptibles para cada uno: contratos que se cumplen un poco mejor, créditos algo más baratos, deudas que se cobran antes. Todos ganan algo, pero a nadie le conviene asumir el costo de impulsarla. La senadora Paulina Vodanovic recordó que el propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, lo había calificado como un tema “poco sexy”.
Hay una segunda razón. Frente a un mal servicio, los usuarios pueden irse o reclamar. En un mercado, cuando los clientes se van, el proveedor se ve obligado a mejorar. En la justicia no ocurre así. Muchas empresas optaron por el arbitraje, la mediación privada o los mecanismos gremiales. Es una salida legítima, pero el resultado es que quienes tenían más capacidad de reclamar dejan de hacerlo.
Y esas alternativas no están al alcance de todos. El informe Justice as a Public Service, publicado este mes por la OCDE, plantea que un buen sistema de justicia no se mide solo por sus tribunales, sino por si ofrece distintas vías asequibles y accesibles para resolver conflictos. Y advierte que las PYME suelen carecer de recursos legales y terminan evitando la vía formal o conformándose con soluciones insuficientes. Así, los que más ganarían con la reforma no tienen voz y los que tienen voz ya resolvieron su problema por otra vía.
Hay, además, una externalidad. Un laudo arbitral resuelve un caso; una sentencia pública fija criterios que orientan miles de contratos futuros. Cuando los conflictos complejos se alejan de los tribunales, se produce menos de ese bien público: reglas comunes y predecibles.
La solución, entonces, no puede ser solo técnica. La reforma debiera asumirse como una política de productividad, en la agenda de Hacienda tanto como en la de Justicia. Y debiera mirar más allá de los tribunales, construyendo un sistema en que cada conflicto llegue a la vía adecuada, sea un juez, una mediación u otro mecanismo.
La pregunta no es cuántos conflictos llegan a tribunales, sino si cada uno encuentra una buena vía para resolverse, sin que eso dependa de cuánto puede pagar quien lo enfrenta. Con ese retorno, seguir esperando también es una decisión económica. Probablemente, la más cara.
