Una regla fiscal creíble y una mejor rendición de cuentas

JAVIERA MARTÍNEZ FARIÑA

Ingresamos al Congreso indicaciones al proyecto de ley de responsabilidad fiscal que está en segundo trámite legislativo, ratificando el compromiso de nuestra administración por fortalecer la política fiscal del país.

Recogiendo las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y continuando con los principales avances legislativos que introdujo el gobierno anterior a pocos meses de terminar su mandato, ahora buscamos explicitar en la Ley un ancla de sostenibilidad en las finanzas públicas, basado en un nivel de deuda prudente de mediano plazo, entregando racionalidad a la implementación de metas de Balance Estructural.

“Ahora buscamos explicitar en la ley un ancla de sostenibilidad en las finanzas públicas, basado en un nivel de deuda prudente de mediano plazo, entregando racionalidad a la implementación de metas de Balance Estructural”.

Dimos una señal al inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric cuando presentamos el Decreto de Política Fiscal, que fija una trayectoria ligada a un nivel de deuda, como se detalló en el primer Informe de Finanzas Públicas que me correspondió presentar a la ciudadanía y al Congreso. Ahí el mensaje fue claro: la responsabilidad fiscal es necesaria para avanzar en cambios sostenibles en el tiempo.

Desde 2001 la política fiscal de Chile se ha regido por una regla de Balance Cíclicamente Ajustado, lo que fue un paso importante, pero también se constató a lo largo del tiempo que la legislación que la regula ha permitido su incumplimiento, o bien, que no obliga a realizar definiciones claras, para verificar que la meta se concrete. Paralelo a ello, el nivel de deuda bruta ha sido creciente. Desde el 3,9% del PIB que representó en 2007, al cierre de 2021, dicha proporción está en 36,3%.

En este contexto explicitar una regla dual en la Ley, sustentado técnicamente con la publicación de su metodología en los IFP -en donde cada año el ministro o la ministra de Hacienda deberá informar sobre su cumplimiento, así como también justificar inmediatamente con acciones correctivas (en el caso de que no se cumpla la meta)-, la manera en que se retomará la senda fiscal es un paso importante que da mayor credibilidad a la política fiscal.

Se suma la introducción de un mecanismo de cláusula de escape asociado a eventos de características excepcionales, que son delimitados y acotados a un plazo máximo, entregando mayores certezas ex ante en la gestión de la política fiscal. Comenzará a regir en 2026, asegurando más predictibilidad sobre el uso de los recursos a los futuros gobiernos que se enfrenten a shocks transitorios, permitiéndoles responder de manera contracíclica.

La rendición de cuentas es vital, en particular si se quiere avanzar en cambios profundos que aseguren una mejor vejez, educación y salud de la ciudadanía, en los cuales no podemos retroceder. En este sentido, se fortalece la institucionalidad a través del rol del CFA y se suman acciones en que el Poder Ejecutivo debe entregar de manera oportuna información al Congreso y a la ciudadanía.

En el caso del CFA, mencionaré un ejemplo: deberá pronunciarse sobre las acciones correctivas que establezcan los gobiernos cuando estos se desvíen de la meta, si es que ello ocurriera al cierre de año sin que se cumplan las condiciones excepcionales definidas para activar el mecanismo de cláusula de escape. Tendrá que entregar una opinión fundada sobre los mecanismos de convergencia a la regla, lo que refuerza la credibilidad de la regla y promueve el cumplimiento de las metas establecidas al inicio de cada administración.

Estamos en pleno proceso de formulación del presupuesto y en estas indicaciones se incluyen aspectos de la agenda de mejor gasto que quedarán plasmados en la Ley, de aprobarse nuestra propuesta en el Congreso, para velar por la eficiencia de los recursos públicos.