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Alto contrasteAGENDA CONTRA EL CRIMEN E IMPACTO EN EL CRECIMIENTO
Tras la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional, el Presidente José Antonio Kast abre un nuevo capítulo en su agenda de gobierno, esta vez centrado en las mejoras en seguridad. Se trata de una demanda transversal de la ciudadanía y que el empresariado ha reiterado como condición necesaria para superar la emergencia económica que enfrenta el país. Con ese respaldo, el desafío de esta segunda etapa será distinto y deberá traducirse en soluciones concretas que la ciudadanía perciba efectivamente en su vida cotidiana.
Kast destacó, tras su aprobación, que la Ley de Reconstrucción Nacional “abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos”, apoyado en un Imacec de junio que creció 2,4%, cifra que citó como evidencia de que el país está dejando atrás los temores de una recesión técnica.
El gobierno se enfoca ahora en impulsar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 proyectos al que imprimió el mismo tono de urgencia que a la reforma anterior y que busca tramitar en un plazo de cuatro meses. Según el diagnóstico del Ejecutivo, Chile registra más de 1.000 homicidios al año y 218 mil robos violentos solo en 2025, mientras el contrabando aumentó más de 300% en la última década. A eso se suma la presencia de más de diez organizaciones de crimen transnacional que operan en el territorio nacional y una percepción ciudadana de inseguridad que alcanza a 8 de cada 10 chilenos, quienes declaran no sentirse seguros en su propio barrio.
El desafío no se agotará solo en aprobar la ley, sino que también trasladar los avances hacia la percepción de la ciudadanía.
Para el empresariado, este escenario dificulta la reactivación económica, desincentiva la atracción de inversión y deteriora la percepción externa del país. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, pidió una estrategia nacional que enfrente la delincuencia, el narcotráfico y las economías ilícitas de manera integral, con mayor capacidad para perseguir los flujos económicos que sostienen esas redes. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, y la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, situaron el fortalecimiento de la seguridad, junto con la reactivación del empleo, entre las señales que el sector privado esperaba del gobierno. En la misma línea se pronunció Pablo Echeverría, presidente de Moneda Patria Investments, quien sostuvo la semana pasada que reforzar la seguridad es una condición indispensable para consolidar un ciclo de mayor inversión, empleo y desarrollo económico.
La ACOT recién comienza su tramitación y el Ejecutivo enfrenta ahora una prueba exigente: sostener en el tiempo y extender en el territorio buenos resultados, como los 50 barrios con despliegue policial permanente o la baja de 18,7% en los homicidios en estos meses de 2026. El desafío no se agotará solo en aprobar la ley, sino también en trasladar los avances hacia la percepción de la ciudadanía. Ahí radica, en definitiva, el verdadero mérito de esta segunda etapa del gobierno, en la que no bastará con acumular cifras positivas, sino que será necesario consolidar la confianza y recomponer los consensos amplios que el país necesita retomar para sostener su crecimiento en el tiempo.
