Agenda legislativa: prioridades y realidades

a expansión interanual de la economía en enero de este año fue de 9%, según informado ayer el Banco Central, menos que lo anticipado por la mayoría de los analistas y la primera vez que se sitúa en un solo dígito desde marzo de 2021. Es difícil no ver allí las primeras señales de una desaceleración ampliamente prevista para la economía chilena durante 2022, tanto como un inevitable “aterrizaje” respecto de las cifras de registro (e insostenibles) registradas el año pasado, como en función de otras factores que ensombrecen el panorama económico de corto y mediano plazo, al menos.

Entre estos destaca el aumento de la inflación, tanto a nivel internacional como local, algo que ya antes del conflicto bélico en Ucrania era un problema debido a las repercusiones de la crisis por la pandemia en las cadenas de suministros, pero que tras una semana de guerra se cierne como un riesgo cada vez mayor para las economias del mundo, incluyendo la nuestra.

Para Chile, esas fuentes de incertidumbre se suman a otras que, si bien de índole política, inciden directamente en las expectativas económicas. El cada vez más controvertido proceso constitucional es una de ellas, tanto por algunas normas muy cuestionables que se han impulsado en la Convención, como por lo que parece un foro crecientemente polarizado y poco dado a los acuerdos en las circunstancias actuales.

La agenda legislativa del gobierno que asume dentro de unos días es otra importante fuente de incertidumbre económica. En particular llama la atención que la reforma tributaria figura como prioridad de dicha agenda, justamente cuando el escenario económico y la situación fiscal invitan a dar señales de certeza a los mercados. Que de esa reforma depende en medida crucial la capacidad de “desplegar el programa de gobierno”, como ha dicho un futuro ministro, es poco alentador respecto de hasta qué punto están alineados los ejes del próximo Ejecutivo (y Legislativo) con el cuadro económico que recibirán