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Alto contrasteEl retorno económico de la seguridad
El último informe del Banco Mundial sobre la actualidad política, social y económica de El Salvador destacó que la reducción de la criminalidad desde 2022 ha contribuido a fortalecer la confianza de los inversionistas y favorecer la actividad económica. Estos antecedentes aportan una dimensión que no puede quedar al margen de la agenda de crecimiento de Chile, pues reducir las trabas regulatorias, mejorar la competitividad tributaria y fortalecer la certeza jurídica son tareas necesarias, pero su alcance será limitado si persisten condiciones de inseguridad que desalienten la inversión.
Entre 2000 y 2024, El Salvador creció apenas un 2,1% anual en promedio, limitado por la criminalidad y otras restricciones estructurales, con una economía dependiente del consumo y las remesas, mientras la inversión, las exportaciones y la productividad quedaban rezagadas. Según cifras oficiales, los homicidios pasaron de 2.398 en 2019 a 82 en 2025, una reducción del 96,6%. En ese contexto, el PIB creció 3,9% en 2025 y el Banco Mundial proyecta una expansión de 4,5% para 2026, más del doble de aquel promedio. El organismo vincula este avance con la mejora de la seguridad, la corrección de los desequilibrios fiscales y el aumento de las remesas, que fortalecieron la confianza y favorecieron la inversión privada y el consumo.
“Reducir las trabas regulatorias y fortalecer la certeza jurídica son tareas necesarias, pero su alcance será limitado si persisten condiciones de inseguridad que desalienten la inversión”.
En Chile, la última encuesta de victimización del comercio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) muestra una baja del indicador a 56,6% durante el primer semestre de 2026, aunque más de la mitad de los establecimientos encuestados sufrió algún delito. Esta persistente inseguridad impone obligatoriamente gastos de protección y pérdidas que afectan la rentabilidad y pueden comprometer la continuidad de los negocios. A su vez, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2025 registró que el 37,7% de los hogares fue víctima de al menos uno de los delitos consultados en los últimos doce meses, lo que evidencia la extensión del problema.
El respaldo del Ejecutivo a una propuesta parlamentaria alternativa a la reforma constitucional impulsada por el ministro Martín Arrau abre una oportunidad para construir acuerdos transversales frente al crimen organizado. Aprovecharla requiere conciliar posiciones y dotar a los organismos responsables de atribuciones claras, controles adecuados y recursos para ejercerlas, de modo que los acuerdos se traduzcan en capacidad para investigar delitos, impedir que las organizaciones criminales operen desde las cárceles y proteger a las personas y sus actividades económicas.
El diagnóstico del Banco Mundial reconoce el aporte económico de una mayor seguridad, sin emitir un juicio sobre las medidas aplicadas en El Salvador. Para Chile, la oportunidad es fortalecer la respuesta al crimen dentro de su marco institucional y sostenerla más allá de la contingencia política. Una política de seguridad con continuidad permitiría que los proyectos se evalúen por sus oportunidades productivas y no por la capacidad de sus promotores para enfrentar la delincuencia, ampliando las posibilidades de invertir y emprender en los territorios más afectados.
