Información comercial de personas

El proyecto de ley sobre el tratamiento de la información comercial de las personas destinada a la evaluación de riesgos en el proceso de crédito excluiría del acceso a esta información a todos los oferentes de crédito distintos a los bancos.



La iniciativa, que se discute en la Comisión de Economía del Senado, establece específicamente que la comunicación de esta clase de datos sólo podrá efectuarse a entidades que son reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Es destacable que tanto el fin como el espíritu del proyecto de ley buscan, por una parte, resguardar los derechos de las personas pero, al mismo tiempo, hacer más eficiente la evaluación del riesgo para las entidades oferentes de créditos.

Con este objetivo central, sería conveniente entonces tomar los resguardos necesarios para que la legislación no termine perjudicando uno de los elementos centrales como es la competencia entre diferentes industrias, y los positivos efectos que esta situación genera para los consumidores, sobre en precios.

Si compañías de seguros, cajas de compensación, empresas de retail, clínicas, etc, quedan fuera del acceso a esta información comercial de las personas per se, con un alto grado de probabilidad, serán más restrictivos en sus políticas de préstamos en muchos casos sin justificación real.

El punto central en esta materia debiera enfocarse más bien a resguardar el adecuado uso de la información por parte de los oferentes de crédito en igualdad de condiciones, con un claro marco de acción, con instancias eficientes de fiscalización y, finalmente, un riguroso mecanismo de sanción por mal uso de este tipo de antecedentes.