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Alto contrasteLos detalles del Presupuesto 2027
La discusión del Presupuesto 2027 supone un hito clave en el proceso de consolidación fiscal que lleva adelante el gobierno del presidente Kast, y que quedó pendiente de la administración anterior. La prudencia en el gasto resulta indispensable ante el escaso margen para conciliar el programa de gobierno con la meta de déficit estructural, pero debe acompañarse de estimaciones realistas de ingresos, para evitar que proyecciones demasiado optimistas vuelvan a justificar compromisos de gasto que luego dificulten su cumplimiento. El avance dependerá, por tanto, de viabilizar políticamente ahorros permanentes y ajustar las obligaciones del Estado a su capacidad sostenible de financiamiento.
La trayectoria fijada por la autoridad en la presentación del Presupuesto contempla pasar de un déficit estructural de 2,6% del PIB en 2026 a 1,8% en 2027. En ese marco, el erario contempla una expansión del gasto público de apenas 1,5% respecto de la ejecución proyectada para 2026, presentada como la menor en dos décadas, excluida la contracción de 2022.
La promesa de preservar las prestaciones sociales hace más exigente ese esfuerzo. El proyecto de ley ya ingresó al Congreso y este lunes se dará cuenta de él en la Cámara de Diputados, cuando su detalle estará disponible para el análisis. Estos antecedentes permitirán evaluar si las medidas de eficiencia y reasignación son suficientes para atender esas obligaciones y cumplir las metas fiscales.
La prudencia en el gasto resulta indispensable ante el escaso margen para conciliar el programa de gobierno con la meta de déficit estructural.
A esta exigencia se suma la naturaleza de los ingresos que financiarán el presupuesto. Según ha trascendido, Hacienda prevé incorporar recursos transitorios provenientes de la ley de reconstrucción, los que, aunque pueden aliviar las necesidades inmediatas de financiamiento, exigen distinguir entre un alivio temporal y una mejora permanente de las cuentas públicas. Si se destinan a cubrir obligaciones recurrentes, se generará una necesidad de financiamiento cuando se agoten, por lo que el detalle del proyecto presupuestario deberá permitir evaluar si se financian gastos acotados o compromisos que requerirán otras fuentes de ingresos en los años siguientes.
La composición del gasto merece igual atención, para evitar que la contención fiscal vuelva a recaer sobre la inversión productiva y la infraestructura, mientras se postergan las adecuaciones del gasto corriente. Diversas estimaciones sitúan en hasta medio punto porcentual el aporte del impulso fiscal al crecimiento del PIB de 2027, condicionado al dinamismo de la inversión pública. Materializar ese efecto requiere proyectos bien seleccionados, ejecución oportuna y capacidad para complementar la inversión privada, pues una asignación presupuestaria no garantiza por sí sola una mayor actividad. Corresponde examinar si las reasignaciones favorecen inversiones que eleven la productividad y amplíen la capacidad de crecimiento, además de contribuir a la demanda inmediata.
El debate legislativo debiera ponderar también cuánto margen dejarán las decisiones de hoy a los presupuestos futuros. Cada compromiso permanente reduce la posibilidad de responder a nuevas prioridades, mientras que el incremento en la carga de intereses compromete recursos que podrían destinarse a otras necesidades. De ahí la importancia de aprovechar este ajuste para revisar las rigideces del gasto y establecer mecanismos periódicos de evaluación que permitan reasignarlo cuando cambien las necesidades o los resultados. El horizonte debe ser una política fiscal sostenible, que asuma los costos de las decisiones presentes en lugar de heredarlos como una carga financiera para los próximos gobiernos.
