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Alto contrasteMesas Regionales: la hora de ejecutar
Ante el persistente deterioro del mercado laboral, que mantiene la tasa de desocupación en niveles al 10%, el escenario económico exige complementar los anuncios de emergencia para la generación de empleo con una gestión directa en terreno y que logre conectar de forma eficiente la oferta y la demanda de trabajo. Eso es lo que buscan las Mesas Regionales de Inversión, impulsadas por el Ministerio de Economía en el marco de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS). El mérito de estas mesas radica en su enfoque, que consiste en agilizar la aprobación de proyectos de inversión, transformando así un stock de capital estancado en trabajo formal. Sin embargo, el exigente compromiso asumido -constituirlas en todo el país antes de diciembre y agilizar el 100% de los proyectos priorizados antes de fin de año-, obligará a las autoridades a demostrar capacidad de gestión y velocidad de ejecución.
La LMAS, promulgada en septiembre de 2025, fijó por primera vez un marco general para unificar y estandarizar los cientos de permisos sectoriales que hasta entonces se tramitaban de forma independiente entre servicios públicos como salud, vivienda y urbanismo, obras públicas, minería, energía y agricultura, sin criterios comunes entre sí.La necesidad de ese ordenamiento responde a un problema que la propia industria financiera ya había cuantificado. Un análisis de JPMorgan calculó en febrero de este año cerca de US$ 93 mil millones retenidos en el sistema de permisos ambientales, liderados por el sector energético, tanto en número de iniciativas como en monto comprometido, con tres proyectos de hidrógeno verde suspendidos por US$ 37 mil millones como su componente más visible.
El escenario económico exige complementar los anuncios de emergencia para la generación de empleo con una gestión directa en terreno.
El propio Gobierno de José Antonio Kast exhibió avances en esa línea en su primera Cuenta Pública, cuando contabilizó US$ 7.005 millones destrabados a través de su nuevo Comité de Ministros y un récord de US$ 13.900 millones en aprobaciones ambientales, la mayor cifra en once años. Sobre esa base se apoyan ahora las Mesas Regionales de Inversión, cuya primera sesión se realizó el 25 de septiembre pasado en el Biobío, región donde la desocupación llega a 10,4% según el INE, tasa que comparte con Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble.
Ahí quedó bajo seguimiento una cartera de 19 proyectos por US$ 1.945 millones, con potencial de generar más de 2.800 empleos, que a diferencia de una iniciativa nueva no requiere financiamiento adicional, sino solo la autorización administrativa para comenzar a construir y contratar de inmediato. Con todo, el desafío que enfrentan las Mesas Regionales y la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) es crítico, ya que estos efectos económicos solo se materializarán si los permisos sectoriales posteriores a la Resolución de Calificación Ambiental no repiten las demoras que la propia LMAS buscó corregir.
Su éxito no se medirá por cuántas se constituyan antes de diciembre, sino por cuántos de los proyectos ya catastrados logren transformarse en demanda real de empleo dentro del plazo comprometido. Solo así la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales dejará de ser una promesa regulatoria y se convertirá en una herramienta efectiva de reactivación.
