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Alto contrastePresupuesto 2027 y fiscalización
El aumento de recursos para la Contraloría General de la República previsto en el Presupuesto 2027 y las nuevas herramientas de cruce de datos contempladas en la ley de reconstrucción nacional pueden fortalecer el control del fraude social, al combinar una mayor capacidad de fiscalización con el acceso de la Dipres a información que permitiría evaluar y focalizar el gasto social. En un escenario de estrechez fiscal, estos instrumentos permitirían verificar que los beneficiarios cumplan los requisitos exigidos y corregir pagos improcedentes, resguardando los fondos públicos sin afectar a quienes tienen derecho a recibir esos apoyos.
El proyecto de Presupuesto 2027 propone asignar $130.959 millones a la Contraloría, un aumento de 5,9% respecto de la base de comparación de 2026, destinado a ampliar su dotación y reforzar las herramientas tecnológicas de control, incluido el uso de inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Los resultados de sus investigaciones respaldan ese esfuerzo, como mostró el cruce de registros sobre licencias médicas difundido en mayo de 2025, que permitió identificar a funcionarios que habrían viajado al extranjero durante sus períodos de reposo. Integrar esos antecedentes hizo visibles situaciones que podían pasar inadvertidas en controles separados.
Mejorar la calidad del gasto también exige comprobar que los pagos y beneficios cumplan las condiciones que los justifican.
Esta experiencia ofrece una orientación para la política fiscal, pues mejorar la calidad del gasto también exige comprobar, mediante revisiones sistemáticas, que los pagos y beneficios cumplan las condiciones que los justifican. En esa línea, en entrevista con DF MAS, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró las facultades que la ley de reconstrucción otorgará a la Dipres para cruzar bases de datos y mejorar la focalización de las prestaciones sociales.
Según explicó Quiroz, las estimaciones sobre la magnitud del fraude social todavía son generales, por lo que el acceso a información individualizada permitiría contrastar los antecedentes de los beneficiarios y comprobar su elegibilidad, bajo las normas de secreto y reserva correspondientes. Como ejemplo, el ministro mencionó la necesidad de revisar los ingresos familiares de quienes reciben gratuidad universitaria, ante casos en que se declara la ausencia del padre en el hogar. Sin embargo, esas situaciones deben investigarse, pues un pago indebido no acredita por sí solo un fraude y puede responder tanto a un error como a un engaño deliberado.
La responsabilidad fiscal que promueve el gobierno también exige reconocer que ciertos aumentos presupuestarios pueden contribuir a contener el gasto cuando fortalecen la capacidad del Estado para detectar y corregir el uso indebido de sus recursos. El refuerzo de Contraloría es consistente con la orientación del Ejecutivo hacia la consolidación fiscal, aunque su aporte dependerá de que las nuevas capacidades permitan prevenir desembolsos injustificados y recuperar los montos pagados sin fundamento.
Así, el incremento podrá ayudar a ordenar las cuentas públicas y generar ahorros permanentes, preservando el financiamiento de los beneficios para quienes tienen derecho a recibirlos.
