Este jueves el empresario Pablo Medina Herrera fue invitado a dar una charla a la cárcel Colina II. No es su primera vez de visita en un recinto penitenciario, pues el también fundador y socio de la inmobiliaria Fundamenta acostumbra a ir de visita a la cárcel al menos dos o tres veces al año.
Es que Medina, de forma muy reservada, lidera un proyecto por el que la compañía que dirige trabaja con personas privadas de libertad como proveedores de parte del inmobiliario que usa en sus obras, para lograr la reinserción social de los presos. “Cuando Fundamenta se inicia, nace con una vocación. Quiere ser una empresa cristiana”, dice Medina durante esta entrevista en la que revela su modelo más íntimo de negocios, que busca sea considerado por el Estado y los privados, para escalarlo.
Todo comenzó hace unos 10 años. Ocurrió que el entonces Capellán Nacional de Gendarmería, Luis Roblero, averiguó qué empresa tenía afinidad y vocación y los llamó para que lo ayudaran a desarrollar esta línea de negocio dentro de la cárcel. Se vincularon además con Espacio Mandela, un proyecto ligado a la Fundación Invictus, que había desarrollado un plan para fabricar muebles dentro de la cárcel. Si bien en su origen este proyecto estaba pensado para trabajos más personales, de artesanía, contaba con capacidad subutilizada.
Así, con Fundamenta, el proyecto derivó en una iniciativa más industrial y de mucha mayor escala. “Hoy el único comprador de los muebles que se hacen en la cárcel es Fundamenta. Todos los proyectos de Fundamenta tienen esta particularidad: que una parte de los muebles de los departamentos son fabricados dentro de la cárcel”, revela Medina.
Se trata de muebles de partes de los clósets y cajoneras, en un sistema que ya ha abarcado a unos 200 privados de libertad que han trabajado en la confección del mobiliario interior que va en las obras de empresa. Son presos que están recluidos prioritariamente en la Penitenciaría de Santiago, y cuando hay muchas órdenes de compra, también se extiende a la cárcel de Valparaíso.
Este plan esta escalando aún más para que en la cárcel se elaboren otras partes de los departamentos, como celosías y separadores de ambiente. Y también están encargándoles ropa de trabajo para los obreros de la firma. “El año pasado empezamos a comprarle ropa para los profesionales de obra”, cuenta el empresario.
Pablo Medina reconoce que este sistema no ha sido fácil, pues requiere la intervención de muchos profesionales dentro de la propia compañía, pues deben involucrar al área de arquitectura, para el diseño de los muebles, y a los equipos de obra, donde se instalan.
“Es un proceso de alta complejidad logística. Los muebles hay que diseñarlos, el material hay que introducirlo dentro de la cárcel. Y luego tienen que salir estos muebles de la cárcel para ser llevados en el momento oportuno a nuestras obras. E instalarlos en cada uno de los departamentos. Requiere mucha buena voluntad de decenas de personas que participan en toda esta cadena de producción”, indica.
Y además reconoce que el sistema es más caro que si la provisión fuera a la manera convencional. “La ropa sería un 50% más barata, y los muebles, del orden de un 20% a 25% más barato”, indica Medina. Pero tiene compensaciones, asegura. “Genera un tremendo impacto positivo en la gente. Nuestros trabajadores que participan en toda esta línea de producción sienten que están haciendo algo para combatir la delincuencia. Ellos saben que una persona que logramos sacar del círculo de la violencia y delincuencia es una persona que va a dejar de victimizar a mucha gente, que podría ser su papá, su mamá, sus familiares. Tiene un efecto social inmenso”.
En el origen, cuenta, y como una visión del padre Luis Roblero, se trataba de reclutar a los reclusos más peligrosos de la cárcel, “porque si los primerizos veían que los más capos y violentos podían cambiar de vida y podían aprender un oficio y empezar a trabajar, era un modelo a seguir”, relata Medina.
“Yo voy siempre (a la cárcel). Hay gente que dice ‘yo soy delincuente porque mi abuelo era delincuente, mi papá era delincuente y ahora yo quiero que mi hijo no salga delincuente’. Y se meten a trabajar. Varias personas cuando salen, siguen trabajando en el rubro. También tienen la posibilidad de trabajar con nosotros en las obras. Porque nosotros tratamos de que por lo menos haya 30 personas que vengan del mundo de la cárcel trabajando en nuestras diferentes obras. No los colocamos a todos juntos”, dice.
- ¿Hay señas de que esas personas cambiaron su trayectoria vital?
- Absolutamente. Yo creo que el mejor negocio para el Estado es generar instancias como esta. Hay estadísticas que de 10 personas que tienen posibilidad de trabajar, solamente dos vuelven a reincidir. Una efectividad de un 80%. No he conocido ninguno que haya vuelto a reincidir de gente que ha trabajado con nosotros. Ninguno. Hay gente que ha terminado el colegio y ahora son técnicos con nosotros.
- ¿Su objetivo es que este plan sea escalable a nivel del mundo empresarial?
- Yo sueño con convencer al mundo político de que, así como hay una ley de subsidio a la gente con minusvalías, aspiro a que el Estado pueda invertir en la rehabilitación de estas personas a través de subsidiar a las empresas a que contraten a hombres o mujeres que hayan tenido experiencia delictual y estén en proceso de reinserción social. Creo que es lo más barato para la sociedad y para el Estado subsidiar el trabajo de estas personas, que estar invirtiendo en cárcel, en policías, en gendarmes, en alarmas y cuanta cosa. Es el momento de poner en la palestra la rentabilidad social que tendría una ley como esta para combatir la delincuencia. Se puede romper este círculo”.
- Habla del mundo político. ¿Y el mundo empresarial?
- Tratamos. Es algo que, creo, motiva a los empresarios, pero de alguna manera se quedan en la motivación y no saben por dónde empezar. Esto requiere un compromiso bastante horizontal de muchas áreas de la empresa. Pero con buena voluntad siempre se puede. Lo considero escalable. Más aún si hubiera un subsidio por parte del Estado para premiar a las empresas que contratan a trabajadores que vienen de las cárceles. Un subsidio a su remuneración.
- Su propuesta va algo a contrapelo en los tiempos actuales. En seguridad la lógica es más mano dura, más cárceles, endurecer las penas.
- La visión de mano dura es legítima, pero es complementaria. No son excluyentes. La gente que por alguna razón cae en la cárcel también tiene derecho a reformarse. La sociedad puede cumplir los dos objetivos, que esa persona que delinquió sea sancionada, y proteger a la sociedad de que vuelva a delinquir si esa persona, en ese período de castigo, puede aprender un oficio y puede recuperar su dignidad a través del trabajo.
- ¿Usted va a visitarlos a la cárcel?
- Sí, yo voy. Y llevo a mi gente, gerentes. Voy a motivar a mi gente a que sigamos en esto. Tenemos que ingeniárnosla y ver qué cosas más podemos seguir fabricando en la cárcel.
Eco Egaña: “Parte importante de la utilidad se perdió”
Uno de los proyectos más conocido de Fundamenta es Eco Egaña, una mega obra en Ñuñoa, que hace unos años estuvo en la palestra pública tras ser protagonista de un entrevero de permisos ambientales en la Coeva, que les paralizó la obra por un año, lo que Fundamenta logró revertir.
- ¿Cuál ha sido el impacto de todo el episodio Coeva y la paralización que vivieron?
- Es un proyecto que va a tener números positivos, pero parte importante de la utilidad se perdió, en el aumento de los costos financieros, el menor precio de venta. Y por eso hay una demanda civil en contra. Yo creo que se puede perder el 80% de la utilidad. Porque los costos financieros se han eternizado, ha tenido que vender más barato.
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Azucena González
