La policía anticorrupción y la fiscalía bolivianas allanaron este viernes las oficinas de la empresa estatal de energía YPFB en La Paz y en la ciudad de Santa Cruz.
La decisión forma parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de combustible.
La investigación surge a raíz de denuncias presentadas por miembros del Congreso y el vicepresidente Edmand Lara, quienes señalaron presuntas irregularidades en los costos de adquisición de petróleo en comparación con administraciones anteriores.
YPFB confirmó en un comunicado que recibió pedidos de requerimientos fiscales de la Comisión Anticorrupción del Ministerio Público para allanar sus oficinas en La Paz y Santa Cruz, y que cooperaba con la investigación.
La petrolera dijo que "continúa operando con total normalidad y garantizando el suministro energético del país".
La investigación examina contratos y compras de petróleo que involucran a la empresa comercializadora de materias primas Trafigura.
El gobierno boliviano y la empresa mantienen una disputa por presunto contrabando de combustible. A principios de abril, el gobierno suspendió los contratos de Trafigura, una medida que la empresa rechazó.
La fiscalía ha declarado que la investigación avanza, aunque aún no se ha identificado a ningún sospechoso.
Y es que Bolivia enfrenta una grave crisis de combustible, caracterizada por largas filas en las gasolineras, mientras sus reservas de divisas continúan disminuyendo.
Incluso, la ahora expresidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, renunció a su cargo este miércoles pasado a menos de un mes de su nombramiento, alegando que la empresa requería una reestructuración a largo plazo.
El jueves, el gobierno boliviano nombró a Sebastián Daroca como nuevo presidente interino de YPFB.