El reciente desmantelamiento de una célula financiera del Tren de Aragua en Chile ha puesto en entredicho la efectividad de los controles bancarios locales. El caso, que involucra a un ejecutivo que facilitaba el movimiento de capitales al menos en tres bancos distintos, reveló una preocupante vulnerabilidad: la red no fue detectada por las alarmas de compliance o prevención de lavado de activos, sino por un hallazgo fortuito en una causa penal. Fue el peritaje de un teléfono celular, recuperado tras el quíntuple homicidio de Lampa en 2024, el que abrió la caja de Pandora.
La información del dispositivo permitió seguir el flujo financiero vinculado a extorsiones, narcotráfico y comercio sexual, en la Operación Tokio, estableciendo el nexo final con el empleado del Banco Santander.
El abogado, exfiscal y Director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS, Luis Toledo, no cree que el sistema financiero haya sido capturado, pero sí que casos como éste revelan niveles de sofisticación que hace diez años no se veía en Chile. “Estas organizaciones tienen la capacidad de infiltrar personas en posiciones estratégicas, de aprovechar vacíos institucionales y de moverse con naturalidad dentro de estructuras legítimas”, señala.
Añade que el riesgo principal no es que la banca quede bajo control criminal; es que instituciones legítimas sean utilizadas como infraestructura para mover recursos ilícitos sin que nadie lo advierta a tiempo. “Y lo que revela este caso es que esa infiltración no es oportunista: es una estrategia deliberada y de largo plazo. El ejecutivo involucrado llevaba años en el sistema bancario, primero en Venezuela y luego desde 2019 en Santander. Eso no es casualidad. Es una trayectoria construida para llegar a una posición con acceso, credibilidad y conocimiento del sistema. Esa es la amenaza real y es la que debemos aprender a enfrentar”.
- Se usaron cuentas bancarias, sociedades fachada y criptomonedas de manera combinada. ¿Cómo funciona esa arquitectura?
- La lógica de fondo es siempre la misma: introducir recursos al sistema, alejarlos progresivamente de su origen ilícito y reintegrarlos a la economía formal en condiciones que dificulten su rastreo. Lo que cambia es la velocidad y la escala. Cada herramienta cumple una función específica: las cuentas bancarias aportan apariencia de normalidad, las sociedades fachada fragmentan la titularidad, y los criptoactivos añaden capas adicionales de distancia entre el dinero y su origen. Lo novedoso no es ninguna de ellas por separado, porque todas existían antes, sino la capacidad de coordinarlas simultáneamente y a gran escala. Las organizaciones criminales modernas han entendido algo que muchos sistemas de control todavía no han asimilado del todo: la complejidad es una forma de protección.
- Pero un ejecutivo no opera en el vacío. Para mover $78 mil millones se requieren aprobaciones, firmas autorizadas y saltarse múltiples alertas automatizadas. ¿No estamos ante una falla más sistémica de control?
- Sí, es cierto. Un ejecutivo solo no mueve $78 mil millones. Necesita acceso a sistemas, omisión de controles y, en algún punto, que las alertas no se procesen o no se escalen. Eso puede ocurrir por captura deliberada de procesos internos, por fallas en la cultura de cumplimiento, o simplemente porque nadie conectó los puntos. La pregunta de fondo no es solo quién autorizó qué, sino cómo una operación de esta escala pudo mantenerse invisible para los distintos niveles de supervisión interna y externa durante tanto tiempo. Ahí está la falla sistémica: no en un control aislado, sino en la ausencia de una visión integrada del riesgo.
- ¿Falta mayor exigencia de la UAF y los supervisores frente a operaciones con criptomonedas y transferencias internacionales complejas?
- Siempre existe espacio para fortalecer controles en identificación de clientes, trazabilidad y beneficiarios finales. Pero sería un error transformar este caso en un debate sobre criptomonedas.
Toledo dice que ha visto que, cada vez que surge una nueva herramienta, el debate se centra en regularla y el foco real se pierde. “Las organizaciones criminales utilizan cualquier mecanismo que les permita mover valor con menor riesgo de detección. Si mañana se restringe el uso de criptoactivos, buscarán otro vehículo. El desafío de fondo es fortalecer la inteligencia financiera y la capacidad de detectar patrones complejos antes de que los recursos desaparezcan dentro del sistema”, indica.
- Y en cuanto a la constitución de empresas en un día ¿qué vacíos regulatorios permiten que operen como pantalla?
- El problema no es la Ley de Empresas en un Día. Fue una buena política pública. La vulnerabilidad aparece cuando resulta difícil identificar quién controla efectivamente una sociedad y quién recibe sus beneficios económicos. Eso es lo que permite que una empresa sin actividad real se convierta en una capa más dentro de un esquema de lavado. Por eso la discusión internacional se ha desplazado hacia los registros de beneficiarios finales. La transparencia societaria dejó de ser una cuestión tributaria; hoy es también una herramienta concreta de prevención del crimen organizado.
- ¿Qué opina de los modelos de compliance interno en la banca?
- La banca tiene hoy capacidades preventivas bastante más sofisticadas que hace una década. El problema ya no es generar alertas; es interpretar señales dispersas y construir una visión integrada del riesgo antes de que sea demasiado tarde. Y hay un factor que los modelos de compliance suelen subestimar: estas organizaciones no necesitan vulnerar toda una institución. Muchas veces les basta una sola persona con acceso privilegiado a procesos, controles o información sensible. Eso cambia completamente el enfoque de la prevención.
- ¿Qué importa más: mover la UAF a Seguridad Pública o fortalecer sus capacidades?
- La ubicación administrativa de la UAF no es la discusión más importante. Lo relevante es si el Estado tiene capacidades suficientes para detectar, analizar y seguir flujos financieros asociados al crimen organizado en tiempo útil. La prioridad debería estar en fortalecer la inteligencia financiera, mejorar el intercambio de información entre organismos y aumentar la capacidad de supervisión frente a incumplimientos graves. Eso es lo que mueve la aguja.
Secreto bancario
- ¿El acceso actual al secreto bancario es suficiente para acelerar investigaciones?
- A mi juicio, sí. Las solicitudes fundadas del Ministerio Público son autorizadas por los tribunales con normalidad. El problema no es el acceso; es que seguimos utilizando la investigación financiera como una herramienta excepcional cuando debería ser parte estructural de determinadas investigaciones.
- Si los jueces autorizan casi todo con normalidad, ¿por qué fiscales y policías insisten en que el levantamiento judicial del secreto bancario es un cuello de botella que alerta a los criminales? ¿Están diagnosticando mal el problema?
- No creo que estén equivocados, pero sí que están describiendo un síntoma más que la enfermedad. El cuello de botella real no es el trámite judicial en sí; es que muchas investigaciones llegan a ese trámite demasiado tarde, cuando el dinero ya se movió. El problema es estructural, la investigación financiera no se activa en paralelo con la investigación penal desde el inicio, sino que se incorpora cuando ya hay detenidos o cuando el caso está avanzado. Para entonces, los activos suelen haber desaparecido dentro del sistema. Agilizar el levantamiento del secreto bancario puede ayudar en el margen, pero no resuelve el problema de fondo.
- ¿Este caso debería acelerar el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica?
- Sin duda refuerza la necesidad. No se trata de acceder indiscriminadamente a más información ni de construir un sistema de vigilancia masiva. Se trata de conectar información que hoy ya existe, que está en manos del Estado, pero que permanece dispersa entre distintos organismos. Cuando una organización criminal opera como una sola estructura, el Estado necesita la capacidad de observar el fenómeno de la misma manera. Mientras eso no ocurra, seguiremos llegando tarde.
- Si pudiera elegir una sola medida prioritaria, ¿cuál sería?
- Establecer la investigación financiera y patrimonial como obligatoria en determinados delitos vinculados al crimen organizado. No como una opción que depende del criterio del fiscal a cargo, sino como un estándar mínimo exigible desde el inicio. Hoy seguimos a las personas de manera sistemática, pero seguimos el dinero de manera excepcional. Esa ecuación debe invertirse. Los resultados que hemos documentado en el último informe de CESCRO muestran que la dimensión patrimonial sigue siendo una de las áreas más débiles de la persecución penal en Chile. Esa brecha favorece sistemáticamente a las organizaciones criminales, que pueden perder integrantes pero raramente pierden su patrimonio.
Rol de los privados
- ¿Qué papel debería jugar el sector privado en el diseño de las soluciones regulatorias?
- Un papel activo y no solo consultivo. Bancos, fintech y proveedores de servicios financieros suelen detectar antes que nadie las nuevas tipologías de lavado de activos. Ese conocimiento es invaluable y hoy se aprovecha de manera insuficiente. La colaboración público-privada es indispensable para compartir información y generar alertas tempranas. En fenómenos de esta complejidad, ninguna institución puede enfrentar el problema por sí sola.
- Usted dice que el sector privado detecta nuevas tipologías antes que el Estado. ¿Algún ejemplo concreto?
- Hay un caso donde funcionó, y vale la pena nombrarlo: el caso Verde Austral. La investigación se originó a partir de un Reporte de Operación Sospechosa enviado por un banco a la UAF, que detectó depósitos incompatibles con el perfil económico del cliente. Ese ROS activó la inteligencia financiera, la UAF derivó los antecedentes a la Fiscalía, y el resultado fue la mejor investigación de lavado de activos en América Latina según GAFILAT, más de $28 mil millones recuperados y cientos de condenados. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado. Ahora bien, el mismo caso tiene otro lado, otro banco fue multado por la UAF por haber reportado tarde operaciones sospechosas de uno de los imputados. Vio las señales y no actuó a tiempo. Eso resume el problema con precisión.
Para Luis Toledo, el corolario de esa situación es simple: “El sector privado tiene la capacidad y la obligación de reportar y, cuando lo hace bien, el sistema funciona. Lo que revela la Operación Tokio, y lo que reveló el Tren de Aragua antes, es que seis bancos procesaron miles de operaciones durante años, sin emitir una sola alerta. La UAF no generó ningún informe hasta que la Fiscalía ya estaba investigando por otra vía. No es un problema de regulación; es un problema de que el costo de no reportar sigue siendo menor que el costo de reportar”.
- ¿Qué elementos mínimos debe incluir un programa de compliance para resistir la infiltración criminal?
- Conocimiento efectivo de clientes, identificación rigurosa de beneficiarios finales, monitoreo continuo de operaciones, gestión de conflictos de interés, canales de denuncia que funcionen de verdad y autonomía real de las áreas de cumplimiento. Muchas empresas siguen pensando el compliance como una barrera frente a clientes riesgosos. El problema es que las organizaciones criminales también buscan reclutar personas dentro de las compañías. Cuando alguien con acceso privilegiado decide colaborar, el daño suele ser mucho mayor que cualquier vulnerabilidad tecnológica.
- ¿Cuál es la lección que deja la Operación Tokio para el país?
- Durante años, la pregunta central fue quién cometía los delitos. Hoy existe otra igualmente importante: quién administra las ganancias. La Operación Tokio demuestra que el crimen organizado en Chile se comporta cada vez más como una empresa. Y su fortaleza no depende solo de cuánta gente tiene o cuántas armas controla. Depende de su capacidad para mover, ocultar y reinvertir recursos. Mientras estas organizaciones puedan conservar y reinvertir sus recursos, seguirán teniendo capacidad para corromper instituciones, reclutar integrantes y expandirse. 
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Banco Santander
{{/if}}
