Tras una serie de advertencias de parte de la oposición y debido a múltiples disputas que ha sostenido con el sector, finalmente esta tarde de lunes ingresó y fue admitida a trámite la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El secretario de Estado se convierte así en el cuarto del actual Gobierno que debe enfrentar una acusación constitucional, que se aprueba por la mayoría de los diputados presentes en la Sala.
El libelo de 155 carillas contiene siete capítulos acusatorios: el primero de ellos argumenta que Ávila ha infringido la Constitución y las leyes al diseñar, promover e implementar programas e instrumentos educativos relativos a educación sexual y educación no sexista, en establecimientos educacionales de todo el país, contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e incumpliendo su obligación constitucional de dar especial protección a este derecho.
El segundo capítulo sostiene que el ministro infringió la Constitución y las leyes en el diseño, promoción e implementación de las “orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno” y sus orientaciones temáticas, así como en la actualización del Manual de “Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”, en particular contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
En el capítulo tercero se acusa al secretario de Estado de haber infringido una serie de leyes al excluir a los estudiantes con discapacidad de la política de educación inclusiva del Ministerio de Educación; mientras que el cuatro capítulo lo responsabiliza de inacción y falta de diligencia ante los graves problemas que experimenta el sistema educativo público; y el quinto capítulo acusatorio argumenta que Ávila infringió lo dispuesto en el inciso final del artículo 1 de la Ley n°15.720, que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de la ejecución del Programa “útiles escolares” de la misma Junaeb para 2023, lo que, a su vez, transgredió el derecho preferente de los padres a educar sus hijos, señala el texto.
Por otra parte, en el sexto capítulo acusatorio se lo acusa de haber infringido lo dispuesto en el inciso final del artículo 1 de la Ley N°15.720, que crea la Junaeb, con ocasión de la ejecución de los programas “de alimentación escolar” y “de alimentación parvularia”. Por último, el séptimo capítulo acusa a Ávila de graves negligencias e inejecuciones en el proceso de implementación de los servicios locales de educación pública.
Comisión con mayoría oficialista
Luego que se diera cuenta en la Sala del ingreso de la acusación constitucional, se sortearon los cinco nombres de los diputados que integrarán la comisión encargada de analizar la viabilidad de la acusación, quedando conformada por Tomás Hirsch (PH), Héctor Ulloa (indep. PPD), Miguel Becker (RN), Juan Santana (PS) y Gloria Naveillan (indep.). Cabe recordar que el hecho de que el oficialismo esté en mayoría (3-2) en la instancia sólo significa que el libelo podría llegar a la Sala con informe negativo. No obstante, el bajo quorum de aprobación –mayoría de los presentes en la Sala- le vaticina un complejo panorama al ministro.
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