Ad portas del ingreso de la Ley de Presupuestos 2024 al Congreso, la Cámara Baja realizó una sesión especial para discutir las reformas legislativas y administrativas impulsadas por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Dirección de Presupuestos (Dipres) para flexibilizar los controles administrativo-financieros, particularmente en las modificaciones aprobadas por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (Caigg), y las glosas impulsadas para reducir los controles en el marco de la Ley de Presupuestos para el año 2023.
A esta sesión especial realizada este miércoles y solicitada por Renovación Nacional (RN), desde las 15:30 horas, fueron citados los ministros de la Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda, Álvaro Elizalde y Mario Marcel, respectivamente; e invitadas la subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; y, la auditora general de Gobierno, Daniella Caldana.
El titular de Hacienda defendió a la directora de la Dipres respecto de las críticas que se le han hecho sobre su declaración de intereses.
Esta instancia da cuenta de cómo la oposición pretende enfrentar la tramitación de la Ley de Presupuestos, ya que en su intervención, el jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum volvió a acusar a la actual administración de que en materia de transferencias de los gobiernos regionales “se bajaron todas las barreras que por años habíamos construido para intentar mantener a raya la corrupción”, en el marco de la Ley de Presupuestos 2023, lo que habría permitido que se originarán los hechos de corrupción en los convenios con fundaciones sin fines de lucro, que investiga la justicia.
Vía de escape para los Gores
Acto seguido y evidentemente molesto, el ministro Marcel tomó la palabra para refutar los dichos del diputado opositor. El jefe de la billetera fiscal se tomó casi 15 minutos para aclarar lo equivocado de los dichos de Sauerbaum, recordando que tanto en la Comisión de Hacienda del Senado como de la Cámara, donde mostró que los cambios que se hicieron en la Ley de Presupuestos de 2023 “restringieron la apertura y la flexibilidad que tenían los gobiernos regionales para efectuar transferencias, particularmente mediante convenios directos”.
Marcel detalló el funcionamiento de los convenios de asignación directa de los gobiernos regionales (Gores), en el marco de la Ley de Presupuestos, señalando que esta fórmula se “transformó en la vía de escape para los Gores que estaban teniendo una muy baja ejecución”, lo que generó que su ejecución presupuestaria del año 2022 contemplara una ejecución del 60% a mediados de ese año, a través de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro.
Esto generó que en la Ley de Presupuestos 2023 se optara por “restringir el uso de las asignaciones directas; regular las asignaciones por concurso y establecer la obligatoriedad de generar reglamentos para administrar las asignaciones directas. Lo que se tradujo en que los gobiernos regionales, en lugar de ejecutar un 60% y tanto sus presupuestos a través de instituciones privadas, lo redujeron drásticamente. Es así como este año, en que el presupuesto se ha ejecutado de acuerdo a las normas que se aprobaron en 2023, se redujo –desde antes que se revelaran estos casos de abuso- el uso de las asignaciones directas”.
Circular 20
Tras esta extensa y detallada explicación, Marcel enfatizó la importancia de que “cuando se afirma de que se bajaron todas las barreras que por años se habían construido para controlar la corrupción; quizás, uno debería preguntarse, primero, cuáles serían las barreras que se levantaron para controlar la corrupción y que se bajaron en este periodo”, aclarando la que ha escuchado es la que hace referencia a los años de experiencia de las instituciones privadas sin fines de lucro, pero detalló que dicha referencia estaba vigente ya que constaba en un artículo de la Ley de Presupuestos 2023; y, adicionalmente, se mandataba a los Gores a dictar reglamentos que establecieran esas condiciones.
“Así que creo que un examen detallado, no el examen de los titulares de los diarios, no el examen de las denuncias; sino que el examen detallado del texto de la Ley de Presupuestos, comparándolo con la Ley de Presupuestos anterior, es claro en el sentido de que entre ambas leyes de Presupuestos los controles aumentaron y, en consecuencia, se redujeron los con instituciones privadas sin fines de lucro”, concluyó Marcel sobre este tema, aunque admitió que eso no quiere decir que esos controles hayan sido suficientes para evitar las situaciones que se investigan.
Por lo mismo, enfatizó que en agosto pasado –“materia que me parece que no fue citada en la intervención del diputado Sauerbaum”-, Hacienda emitió la circular 20, que estableció exigencias para lo relacionado a convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, de los Gores.
“Ni un peso más”
Además, Marcel defendió a la directora de la Dipres, Javiera Martínez, respecto de las críticas que se le han hecho sobre su declaración de intereses, explicando a qué se debió la objeción de la Contraloría. Por su parte, en su intervención, la aludida no se refirió a las críticas de que ha sido objeto de parte de la oposición y sólo se abocó a detallar lo ya explicado por el ministro.
Tras las intervenciones, la oposición no se movió ni un grado de sus posturas, incluso pareció que algunos diputados no escucharon la intervención de Marcel, porque insistieron en referirse a aspectos que Marcel aclaró.
Pero una de las intervenciones más llamativas, además de la del propio Sauerbaum, fue la del diputado republicano José Meza, quien advirtió al Ejecutivo que, en la tramitación del presupuesto “nos vamos a ver, pero no les vamos a dar ni un peso más”.
Mientras que, en una actitud bastante diplomática, el ministro Elizalde detalló que el Gobierno, a través de indicaciones, se hará cargo de muchas de las medidas de probidad y transparencia propuestas por la Comisión Jaraquemada. Y destacó que los convenios irregulares que se investigan datan de 2022, lo que implica que se realizaron con la Ley de Presupuestos aprobada el año 2021.
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