Sólo tres meses tienen los diputados pare acusar constitucionalmente a un ministro de Estado luego que este deje su cargo, por lo que al oficialismo le restan ocho días para que se venza el plazo de acusar al extitular de Hacienda del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Nicolás Grau. Consciente de aquello, los principales promotores de la iniciativa, el Partido Nacional Libertario (PNL), ya elaboraron el documento y lo está socializando con el oficialismo, especialmente Chile Vamos, desde donde han surgidos los reparos acerca de la oportunidad de esta fiscalización.
Hace un buen tiempo que el PNL y parte del oficialismo tenían la intención de acusar constitucionalmente a Grau. La oportunidad se abrió como definitiva a raíz de la polémica por la diferencia que acusó el gobierno de Kast entre la proyección de déficit de la administración Boric y la que Hacienda, encabezada por Jorge Quiroz, calcula.
El lunes 08 sería, finalmente, la fecha de ingreso de la acusación constitucional, aunque el plazo fatal se cumple el 11 de junio, donde se cumplen los tres meses desde la salida de Grau. Sin embargo y muy a pesar de las duras posturas del PNL estos tiempos podrían quedar en nada, si es que Chile Vamos e incluso algunos sectores del Partido Republicano (PR), logran imponer la tesis de que esta iniciativa resulta “provocadora” para la oposición y podría contribuir a que sus representantes cierren filas en contra del proyecto misceláneo.
Resulta importante recordar que, si bien la iniciativa sorteó con relativa facilidad y prácticamente sin cambios la Cámara Baja, eso fue esencialmente gracias al respaldo del Partido de la Gente (PDG), que no tiene representantes en el Senado. Y, en esta instancia, las fuerzas están equiparadas, por lo que debe ser aún mayor la aplicación del gobierno para conseguir los 26 votos necesarios para aprobar la idea de legislar.
“Estándar de responsabilidad objetiva”
Es este el escenario en que se está socializando el libelo acusatorio contra Grau, texto de 43 páginas y tres capítulos, suscrito por ocho diputados libertarios, número que deberá aumentar, puesto que para presentar el documento se requiere de un mínimo de diez y un máximo de 20 firmas. Y la acusación que se le hace al exministro es haber infringido la Constitución Política de la República, específicamente su artículo 8° -que establece los pilares para el correcto funcionamiento del Estado: los principios de probidad y de transparencia-, y los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto Ley de la Administración Financiera del Estado, todos los que hacen referencia al presupuesto del Estado.
Así, el primer capítulo se refiere a la infracción al artículo 8 de la Constitución, “que consagra los deberes de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, en el marco del decreto N° 542 de 2025 del Ministerio de Hacienda y de la Ley N° 21.683 de responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado”; el segundo, se refiere a la infracción al artículo 3 del Decreto Ley N° 1.263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, “por vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado”; y, el tercer capítulo, apunta a la infracción al artículo 4° del Decreto Ley N° 1.263, “por vulneración del principio de universalidad presupuestaria”.
Y hacia el final del texto se señala que
“la presente acusación se construye sobre el estándar de responsabilidad objetiva por infracción a la Constitución y a las leyes. Sabemos que esto constituye una innovación y una doctrina minoritaria, pero creemos sin duda que a la luz de los hechos y el derecho es lo correcto: al Congreso le corresponde juzgar infracciones legales y constitucionales de los ministros, cuyos poderes y facultades son enormes, y sus responsabilidades también”. Y concluye, enfatizando que “estamos exigiendo un estándar de conducta alto conforme al cargo, que a todas luces -a vista y paciencia de todos- no se ha cumplido”.
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