Participaciones en una serie de empresas dueñas de concesiones mineras en la comuna de Sierra Gorda, que tendrían un importante potencial de producción, desataron una inédita disputa legal.
Todo partió el pasado 26 de mayo, cuando la empresa Andes Pacific Development (de propiedad de José Luis Cea, con más de 30 años en la industria) presentó una querella criminal por presunta estafa en contra de dos altas ejecutivas de la minera Sierra Gorda y contra todos aquellos que resulten responsables, lo que es rechazado de plano por la empresa de propiedad de KGHM, controlada por el estado Polaco, y la australiana South32.
El supuesto perjuicio
“La defraudación que se denuncia por medio de esta querella corresponde a una estafa en triángulo”, dijo Andes Pacific en su querella, que ya fue declarada admisible.
Según detalló en la acción judicial, antes de la ejecución del delito, existían tres sociedades mineras, titulares -cada una de ellas- de una pertenencia, todas en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, y denominadas Elizalde Uno al Sesenta, Beltrand Uno al Cuarenta y Guadal Uno al Cuarenta.
“Según exhibe el Registro de Accionistas del Conservador de Minas de Antofagasta, a la sazón los socios de esas tres sociedades eran Sierra Gorda, con el 75% de participación en el capital social, y la víctima Andes Pacific, con el restante 25%”, afirmó la sociedad denunciante, la cual aseguró que las concesiones resultaban relevantes para Sierra Gorda, al encontrarse en parte dentro del área que abarca -en sus palabas- su “proyecto de clase mundial” denominado Catabela N.E., cuyas campañas de exploración renovadas y sistemáticas se habrían iniciado en 2022.
El querellante identificó a dos abogadas de alto rango de la minera como responsables directas de la supuesta estafa. “Pues bien, durante buena parte de ese mismo año 2022, Sierra Gorda, a través de las querelladas, desplegó un esquema que hizo aparecer falsamente a Sierra Gorda como titular de derechos sobre el 100% de las acciones de las tres sociedades mineras, engañando al Conservador de Minas de Antofagasta”, dijo.
Aseguró que, a consecuencia del error, el conservador practicó actuaciones registrales que, en definitiva, produjeron el efecto de dejar constancia del término de dichas sociedades por supuestamente haberse reunido todas las acciones en una sola mano y, con ello, que todo el patrimonio de las sociedades mineras -constituido solo por las tres pertenencias citadas- quedara radicado en Sierra Gorda, mediante la inscripción directamente a su nombre de las mentadas concesiones.
“El perjuicio recayó sobre Andes Pacific, que figuraba como titular del 25% de las acciones (y consecuentemente sobre el 25% de los derechos en cada una de esas pertenencias), mientras que el beneficio patrimonial fue para Sierra Gorda”, dijo en su querella, y luego enunció: “Como es lógico, si Sierra Gorda y sus dueños querían consolidar el 100% de las acciones de las sociedades mineras, el camino natural y correcto era explorar si mi representada -como titular del 25%- quería vender su parte y, en la afirmativa, alcanzar un acuerdo de compraventa”.
No obstante, el querellante aseguró: “Aquí no hubo contrato celebrado entre Andes Pacific y Sierra Gorda respecto de ese 25%, ni el pago de precio alguno por tal adquisición”.
Consultados los abogados patrocinantes de la querella, declinaron referirse.
El categórico rechazo
La empresa polaca KGHM ingresó a Chile en 2011, al comprar la minera canadiense Quadra FNX por más de US$ 3.000 millones, adquiriendo así el proyecto de cobre y molibdeno Sierra Gorda.
La mina, un yacimiento a rajo abierto ubicado a unos 60 kilómetros de Calama, inició sus operaciones formales bajo un joint venture entre KGHM (55%) y Sumitomo (45%). En 2022, la minera australiana South32 pagó poco más de US$ 1.500 millones por el porcentaje de los japoneses.
Consultada por la acción judicial iniciada por Andes Pacific, Sierra Gorda SCM “rechazó categóricamente” las acusaciones, referidas, dijo, a hechos supuestamente ocurridos en 2022, y relacionados con una operación comercial del año 2008.
“En dicha operación, el querellante señor José Luis Cea enajenó determinados activos a la sociedad antecesora de Sierra Gorda SCM, recibiendo a cambio un pago”, afirmó la empresa.
Luego, dijo que durante aproximadamente 18 años, no tuvo conocimiento alguno de problemas, reclamos o controversias formuladas “por el señor Cea” respecto de dicha operación.
“Sierra Gorda SCM manifiesta su sorpresa frente a estas acusaciones, cuyo contenido y forma rechaza categóricamente”, sostuvo la compañía, asegurando que mantiene relaciones con su entorno basadas “en el diálogo y siguiendo exigentes estándares” de gobernanza corporativa y no mantiene conflictos con ningún vecino, persona natural o jurídica, respecto de los derechos de propiedad minera.
Aseguró, además, que todas las adquisiciones de derechos mineros los ha realizado conforme a la normativa vigente, ajustándose plenamente a la Ley.
“Sierra Gorda SCM colaborará activamente con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y refutar cualquier cuestionamiento relativo al actuar de Sierra Gorda SCM y/o sus ejecutivos”, sostuvo la empresa, la cual agregó: “Sin perjuicio de lo anterior, Sierra Gorda SCM se reserva el ejercicio de todas las acciones civiles y/o penales que correspondan frente a esta acusación infundada y calumniosa”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
J. Troncoso Ostornol
{{/if}}
