Ya es pan de cada día prácticamente los emplazamientos de parte de los gremios empresariales y colegios profesionales para que el gobierno postergue la entrada en vigencia del IVA a la totalidad de los servicios, que comenzará a aplicarse desde el domingo primero de enero.
Sin embargo, la carta que recibieron hoy el Presidente de la República, Gabriel Boric, y su ministro de Hacienda, Mario Marcel, trae una novedad: es firmada por los representantes de varias agrupaciones de distinta naturaleza y también incluye una crítica al gobierno anterior, que legisló sobre esta materia en los últimos meses de su administración.
La misiva solicita nuevamente que se postergue la implementación del IVA a la totalidad de las prestaciones en el país, exceptuando las entregadas por sociedades de profesionales y las que estén exentas en la ley, como algunas de salud, educación y transportes de pasajeros.
El texto es firmado por la presidenta de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados, Soledad Recabarren: el presidente nacional del Colegio de Contadores, Osvaldo de la Fuente, y quien preside su Comisión Tributaria, Juan Alberto Pizarro; el titular de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Christian Aste; el líder de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett; el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas; el director de la Asociación de Banqueteros, Manuel de la Lastra; el presidente de la Asociación Gremial de Profesionales de la Belleza, Roberto Palma; y el timonel de la Asociación de Eventos, Carlos Huete.
"Los gremios que suscriben la presente carta manifiestan abiertamente su adhesión a la solicitud de postergación del IVA a los servicios inicialmente contemplada para el 01 de enero de 2023, la que en caso de ser implementada podría traer graves consecuencias a la economía nacional", parte señalando la carta.
A continuación, los firmantes señalan que si bien la Ley 21.420, que financia la Pensión Garantizada Universal (PGU) a través de la eliminación de exenciones tributarias, es "conocida por todos" desde febrero de 2022, advierten que el Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió las instrucciones en la materia ocho meses después de publicada la ley.
"La solución planteada por el SII de postergar hasta el 30 de junio la inscripción en el Registro de Sociedades de Profesionales para quedar exentas de IVA muestra voluntad de encontrar una solución al problema, sin embargo, llega de forma tardía y opera al límite de la legalidad, tal como lo han manifestado públicamente connotados abogados. Se trata de una solución parche que no se hace cargo del problema de fondo, que dice relación con la falta de certezas así como también de una lesión grave al principio de reserva legal en materia tributaria", critica el texto.
Los dardos a la administración Piñera
Los gremios y colegios profesionales piden a Marcel y Boric "evitar" los efectos "nocivos de una ley que provocará más daño al país, en momentos en que requerimos allanar el camino a las Mipymes y no imponer más trabas que retarden su recuperación luego de sucesivas crisis, como el estallido social, la pandemia por COVID 19 y un desmejorado escenario económico con altas tasas de interés e inflación".
Adicionalmente, apuntan sus dardos a la administración de Sebastián Piñera, que aprobó la ley que consagra el nuevo hecho gravado con IVA en los últimos días de su gestión.
"Reconocemos que este problema fue heredado por el actual gobierno, y que el anterior no se dio el tiempo para revisar los alcances que tendría el cambio que propuso y aprobó en una legislación exprés. El énfasis estuvo en los objetivos y no en la mejor herramienta para financiar, por eso, la ley 21.420 se discutió y aprobó en un mes", lanzan.
También, los firmantes se hacen cargo de la crítica del ministro Marcel, quien lamentó que las quejas se plantearan restando apenas 15 días para que entrara en vigencia la nueva ley.
"Sabemos que no es habitual que un conjunto de gremios solicite una semana antes de la entrada en vigencia de una ley que ésta se postergue, pero estamos frente a una situación de alto impacto en las personas y Mipymes que debió ser prevista por el gobierno, tal como sí lo hizo con los cambios en el tratamiento tributario del leasing y el crédito especial para empresas constructoras, en consideración a la delicada situación de inflación y recesión económica", concluyen.
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