El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, estimó que el costo de la reconstrucción de los daños que causó el sistema frontal en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en la región de Atacama, podría llegar a US$ 500 millones, pero esa cifra podría elevarse si se suman otros pasivos.
“Nosotros hemos hecho estimaciones preliminares, siempre falta hacer un análisis más fino, pero entre los US$ 400 millones y US$ 500 millones puede ser la recuperación del daño que ha recibido la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco producto de esta catástrofe climática”, dijo en el programa Estado Nacional, de TVN.
"El daño es gigantesco en esa región. Yo creo que si sumas los pasivos en infraestructura, en temas hídricos, en temas de vialidad, en temas de telecomunicaciones, puedes llegar a los US$ 700 millones", agregó.
El jefe de trasportes y obras públicas detalló que el monto considera daños públicos y privados. “En el caso de la Ruta 5, la Ruta 43, es decir, las rutas concesionadas, la recuperación de la infraestructura se hace mediante seguros, por lo tanto no le afecta directamente al Estado. Sin embargo, la gran mayoría son caminos públicos que son administrados o por Vialidad del Ministerio de Obras Públicas o por el Serviu”, acotó.
Consultado por la petición de algunos senadores de la zona afectada para utilizar el 2% constitucional destinado a emergencias, De Grange reconoció que es una alternativa que está siendo analizada. “Es una posibilidad y, por supuesto, el gobierno lo está evaluando”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que “ese tema del 2% no lo he conversado con el Presidente". Asimismo, afirmó que “yo creo que como Estado tenemos los recursos para ir haciéndonos cargo de esta reconstrucción sin necesidad de mezclar las cosas”.
El biministro sostuvo que el estado de catástrofe permite agilizar la ejecución de obras y que existen recursos para avanzar con la recuperación de la infraestructura afectada. “Para recuperar el corto plazo, sí, yo creo que es suficiente”, dijo.
Detalle de los daños
Más tarde, en una pauta de prensa, el biministro entregó detalles de los daños. “Hemos podido avanzar de manera significativa en cuanto a la recuperación de los servicios de conectividad, agua potable y telecomunicaciones que sufrieron interrupciones. Nuestro compromiso es seguir trabajando hasta tener recuperado un 100% de toda la infraestructura. La gran mayoría, cerca de un 95% de la infraestructura más crítica y prioritaria, la podremos recuperar dentro de un par de semanas o meses”, dijo De Grange.
En materia de infraestructura, actualmente entre Atacama y La Araucanía hay un total de 697 afectaciones, de las cuales 358 corresponden a caminos, 308 a sistemas de agua potable rural, 17 puentes, 10 colectores de aguas lluvias y cuatro bordes colectores y caletas afectadas. A la fecha, ya se han resuelto 223 afectaciones.
En cuanto a la infraestructura que ya ha sido rehabilitada, en la Región de Coquimbo se recuperaron las dos rutas concesionadas afectadas, 53 caminos, un puente con paso alternativo, 34 sistemas de agua potable rural y en las zonas urbanas 82.384 hogares ya recuperaron el abastecimiento de agua. Además, se dispusieron 264 puntos de abastecimiento de agua potable alternativos.
En tanto, en el caso de Región de Atacama, en la provincia del Huasco -la zona más afectada-, se rehabilitó una ruta concesionada, 57 caminos, un puente, 19 sistemas de agua potable rural y en el sector urbano se han dispuesto 58 puntos de abastecimiento de agua.
En materia de telecomunicaciones, en la Región de Coquimbo, de las 377 antenas que estuvieron desconectadas, 283 ya fueron reconectadas, principalmente en Paihuano y La Higuera, los sectores más afectados. En tanto, en la provincia de Huasco, de las 81 antenas desconectadas 56 ya fueron reconectadas.
“Esta es sin duda una de las peores emergencias climáticas que nuestro país ha enfrentado en los últimos 40 años y creemos que la forma de enfrentarlo es en conjunto como Estado, desde el gobierno liderado por el Presidente Kast con las autoridades locales, el sector privado y las comunidades”, concluyó.
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