Frente a una “investigación titánica” afirmó que se encuentra el jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, en alusión al caso de licencias médicas fraudulentas dado a conocer por la Contraloría, en el cual 25 mil funcionarios públicos salieron del país durante el plazo de reposo de salud.
En entrevista con radio ADN, el fiscal sostuvo que ya se han realizado reuniones de coordinación para, que desde el listado de 25.000 que aparecen en el informe de Contraloría “empezar a despejar aquellas opacidades, porque no todas son eventualmente revistas en carácter de delito, algunos pueden originar solo responsabilidades de carácter administrativo y no penal”.
Campos relató que el 20 de mayo la unidad que encabeza recibió el informe de Contraloría y que se puso en contacto inmediatamente con el fiscal nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, quien entregó las coordenadas para apoyar esta investigación y que la semana pasada encabezó una cumbre interinstitucional entre diversas entidades públicas y privadas para comenzar la recopilación de información.
Respecto al caso iniciado por la denuncia de Contraloría, dijo que no busca “satanizar” a las 25 mil personas que aparecen en el listado y que deben pesquisar eventuales “errores respecto de un listado y, por tanto, se tiene que purificar” la información que se encuentra en formato excel.
Recordó que en otra investigación llevada adelante por el Ministerio Público entre 2020 y 2022 se determinó que se emitieron más de 41 mil licencias médicas que generaron un perjuicio al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) superior a los $ 26.600 millones, en causas vinculadas a sociedades médicas de fachada.
"Ahí tenemos un grupo que incluso establecía sociedades médicas, casi de fachada, de papel, reclutando médicos que se dedicaban precisamente a emitir licencias médicas en forma fraudulenta, que han significado un perjuicio fiscal de millones de dólares”, dijo el persecutor.
Atribuciones Contraloría
En tanto, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, señaló que el Ejecutivo no va a impulsar proyectos nuevos para aumentar las facultades de la Contraloría como lo solicitó Dorothy Pérez.
Explicó que “por el momento, el Ejecutivo está enfocado en la implementación de proyectos recién aprobados, tramitación de proyectos que ya existen, y llevar adelante los sumarios administrativos” ordenados por el órgano contralor.
De todas formas, Etcheberry dejó abierto el tema al indicar que “pero si más adelante se ve necesario impulsar un nuevo proyecto de ley, se podría hacer. Pero por ahora no es parte de las prioridades del Gobierno presentar un proyecto de ley en esa dirección”.
Al respecto, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), señaló que “he impulsado dos proyectos para fortalecer a la Contraloría. Sin embargo, varias de las facultades que propone la Contralora requieren patrocinio del Ejecutivo, como la aplicación directa de sanciones” y, por tanto, “si el Gobierno no respalda estas iniciativas, el Congreso queda sin herramientas para avanzar en esos cambios. No es falta de voluntad política, es respeto a la Constitución y a las reglas del juego”, precisó.
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