De acuerdo con lo informado por el ministro Marcel, a la fecha se han iniciado sumarios que alcanzan a 6.592 empleados, pertenecientes a un total de 131 servicios públicos.
Este artículo fue modificado para corregir una imprecisión sobre el número de personas que salió del servicio público.*
El Gobierno entregó nuevos antecedentes en medio de la indagatoria realizada por la Contraloría General de la República, que detectó que más de 25 mil de ellos viajaron al exterior haciendo uso de un período de licencia médica.
De acuerdo con lo informado este martes por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la fecha se han iniciado sumarios que alcanzan a 6.592 empleados, pertenecientes a un total de 131 servicios públicos.
Junto a la Directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, el secretario de Estado detalló que hay 1.102 trabajadores que han abandonado la administración gubernamental y que se desempeñaban en algunas de las instituciones involucradas, sin precisar cuántos fueron por renuncias o despidos, o si ocurrió antes o después del informe del organismo fiscalizador que evacuó el informe el 20 de mayo.
De hecho, los 1.102 exfuncionarios, explicaron las autoridades, no salieron necesariamente por una renuncia, sino que pueden haberlo hecho por cese de funciones o por destituciones anteriores a esta coyuntura.
“La cifra de las personas que han dejado la administración a la fecha de hoy (martes), habiendo incurrido en algunas de estas prácticas, son 1.102 del Gobierno Central, no incluye a municipalidades”, señaló.
En este contexto, Marcel indicó que aproximadamente uno de cada 10 funcionarios involucrados en estos casos ingresó al Estado a partir del año 2022.
La ruta de las sanciones
El titular de Hacienda manifestó que se están aplicando sumarios administrativos, lo que se diferencia de una “investigación sumaria”.
Por lo mismo, afirmó que se trata de un proceso “relativamente simple”, que no se extienden por mucho tiempo y que consta de tres preguntas que hacer: la causal de la licencia que se había obtenido; los viajes que se realizaron; y el motivo de esos viajes.
“Esto no requiere convocar a testigos, no requiere una investigación amplia que tome mucho tiempo”, explicó el ministro, quien adelantó que dependiendo de los resultados de los sumarios, existen sanciones administrativas y penales.
“Entre las consecuencias está el rechazo de las licencias, la devolución de los fondos al empleador, es decir, al servicio en el cual trabaja”, se explayó.
En cuanto a las sanciones, dijo que pueden incluir la destitución o suspensión con reducción de sueldo y también puede haber sobreseimiento o absolución en casos específicos, como las licencias maternales, que no son incompatibles con el hecho de viajar.
Acceso a cartolas
En su regreso al Senado este martes, pero ahora a una sesión especial por el tema de las licencias, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, aprovechó de solicitar mayores atribuciones para cumplir mejor su labor para cautelar el buen uso de los recursos públicos. Así, pidió formalmente “reforzar nuestras facultades”.
Y expresó: “Solicitamos a los poderes colegisladores, Ejecutivo y Congreso de que en las atribuciones de la Contraloría se puedan incorporar mayores potestades para requerir mayores bases de datos que las que se pueden pedir hoy”.
Más allá de lo de licencias médicas, dijo que “en otros países las contralorías tienen atribuciones para requerir las cartolas de los bancos de los servicios públicos, no de los funcionarios ni autoridades, y nosotros no tenemos esa atribución, debemos pedir por favor a los servicios la cartola de los bancos donde está depositado el dinero que queremos fiscalizar y se nos invoca el secreto bancario”.
Pérez agregó que busca poder acceder, como en varios países, “directamente a los saldos con las cuentas corrientes y los movimientos en los bancos todos los meses, para saber si los dineros se están fugando, porque de lo contrario llegamos cuando los dineros ya desaparecieron, por eso para cuidar los fondos públicos necesitamos esas atribuciones”.
Instó también a que la Contraloría pudiera aplicar directamente las sanciones en los sumarios que realiza, porque “a veces luego de una auditoría extensa, de realizar un sumario y proponer una sanción, nos llega un sobreseimiento de vuelta o una censura, cuando es una situación gravísima que amerita una destitución; eso desmoraliza a la institución y a la ciudadanía”.
Dijo que hay una serie de proyectos actualmente en trámite que tienen medidas interesantes que permitirían avanzar en fiscalización y control de los recurso públicos, como el proyecto de beneficiarios finales, de transparencia 2.0, de prevención de conflictos de intereses.
Anunció que se iniciará una auditoría coordinada con todas las unidades de control o auditorías internas de la administración del Estado y otros órganos sujetos al control de la Contraloría sobre recuperación de subsidios por incapacidad laboral (recuperación de remuneraciones pagadas durante licencias médicas).
Recordó que realizará estas fiscalizaciones de licencias médicas todos los años: “El objetivo es desincentivar que se incurra en esta irregularidad, esto podría significar ahorros cuantiosos al erario público”.
Lo solicitado por la contralora tuvo una positiva acogida en diversos senadores que le manifestaron su respaldo para aumentar las atribuciones y cumplir con su labor de fiscalización.
Más renuncias
A las renuncias de funcionarios en que se ha traducido el mal uso del reposo médico detectado, este martes se sumó Carmen Monsalve Benavides, quien se desempeñaba como Intendenta de Prestadores de Salud y es hermana del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, según informó T13.
También dimitió el gerente corporativo de Personas de Metro, Patricio Baronti, por viajar fuera del país en medio de una licencia médica.
* En la versión anterior las 1.000 personas que salieron del aparato público fueron adjudicadas erróneamente solo a caso licencias.
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