Finalmente y tras múltiples postergaciones, el Presidente de la República, José Antonio Kast, dio a conocer la noche de este miércoles en cadena nacional los ejes del proyecto misceláneo de reactivación económica. O de "Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social", como lo bautizó el propio mandatario.
La normativa, que será enviada al Congreso a inicios de la próxima semana, contiene una serie de medidas con foco en reactivar el crecimiento económico y la inversión, como la rebaja del impuesto corporativo en forma gradual desde el actual 27% a un 23% al año 2029; una ventana dual de declaración repatriación de capitales; un crédito tributario a la contratación; la exención del IVA a determinadas compras de viviendas por un año; y el fin del pago de contribuciones de los inmuebles principales de los mayores de 65 años.
Kast, desde la residencia presidencial de Cerro Castillo y en un discurso que duró cerca de 20 minutos, señaló que la norma busca construir “el Chile que queremos para que nuestro país vuelve a crecer” y que sea “una nación donde quien quiera emprender no encuentre obstáculos sino oportunidades y donde el Estado cumpla sus funciones con eficiencia y no derroche ni mal use los recursos públicos”.
Antes de comenzar a detallar las medidas, el jefe de Estado destacó que en las primeras cuatro semanas de gobierno ingresaron al Sistema de Evaluación Ambiental 32 proyectos de inversión, por un total de casi US$20 mil millones: “Es el récord histórico para el inicio de cualquier gobierno. Chile llevaba años dando señales de incerteza a los inversionistas que hacían muy difícil prever el destino de las iniciativas de inversión”.
Enfatizó que hay una tarea grande que no puede esperar. “Chile tiene que volver a crecer con fuerza y generar empleos; y para entender por qué es tan urgente, hay que mirar con honestidad la pesada carga económica que nos han entregado”.
Recordando el frágil estado de las finanzas públicas que heredó de la administración previa, Kast indicó que “ese es el Estado que recibimos: gastando más de lo que ingresa y con una deuda que creció sin interrupción por casi veinte años” y precisó que “no lo decimos para echarle la culpa a nadie”.
Por lo mismo, aseguró que “no llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo. Vamos a romper con el estancamiento. Vamos a romper con la cesantía estructural”.
Agregó que “vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene. Vamos a romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión. Vamos a romper todo lo malo, para reconstruir todo lo bueno”.
El mandatario dividió en cinco ejes el proyecto, el que contempla -dijo- más de 40 medidas. El primero es la competitividad tributaria donde dijo que Chile tiene hoy el impuesto de Primera Categoría más alto de su historia "y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro”. El segundo eje es el fortalecimiento del empleo formal afirmando que “contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja”.
Luego habló del tercer eje, que es la facilitación regulatoria “para que en Chile se vuelva a invertir con fuerza” indicando que los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron 90% en una década. “Eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca”.
El cuarto eje es la certeza jurídica y regulatoria; mientras que el quinto eje es la contención del gasto público.
Kast también sostuvo que “el Estado que gasta mal no puede pedir más a los ciudadanos” y anunció que “este proyecto triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público, para generar mayor movilidad”.
Y señaló que “a quienes pregunten a dónde queremos llegar, la respuesta es concreta. Al año 2030, tenemos la ambición de disminuir la tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural”.
El mandatario afirmó que “este proyecto no es una agenda ideológica. Es una respuesta concreta a tres urgencias reales, porque el crecimiento no es un fin en sí mismo: es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza”.
Kast, de cara a la tramitación legislativa, llamó al Congreso a aprobar la norma con urgencia porque “ningún sector puede darse el lujo de bloquearlo. En esto no compiten la derecha y el centro, no compite el gobierno y la oposición. Compite Chile contra el estancamiento”
Crédito tributario al empleo
Kast oficializó que se creará un crédito tributario para incentivar el empleo formal por concepto de pago de remuneraciones que oscilen entre las 7,8 UTM ($ 545 mil mensuales) y las 12 UTM ($ 838 mil al mes).
El crédito será equivalente a un 15% para remuneraciones de 7,8 UTM y disminuirá progresivamente hasta llegar a un 0% de crédito para las remuneraciones que superen las 12 UTM. Producto de esta medida, tanto grandes empresas como las Pyme verán reducidos sus costos de contratación, explicó el gobierno. Este crédito también podrá ser imputado en contra del Impuesto de Primera Categoría.
En simple, el crédito permitirá reducir el pago mensual de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) e IVA de los empleadores, entregando un alivio impositivo que -dice La Moneda- busca liberar recursos para incentivar la contratación.
Este beneficio permitirá una "rebaja relevante" en la tributación de los contribuyentes del régimen Pyme General, pasando de tributar con una tasa mediana de 12,5% del Impuesto de Primera Categoría a un 7,8%.
Este crédito beneficiará a más de 4 millones de trabajadores, de los cuales casi dos millones son empleados de empresas acogidas al régimen Pyme. Según el Ejecutivo, esta iniciativa se traduce en una inyección de US$ 1.400 millones anuales para pequeñas, medianas y grandes empresas.
Impuesto corporativo y reintegración del sistema
En uno de los denominados corazones del proyecto, se plantea modificar las tasas de Impuesto de Primera Categoría para las empresas del sistema semi integrado (las más grandes del país), así como para las Pymes que tributan en ese régimen, llegando a una tasa de 23% desde el actual 27%.
Así y tal como se planteó a los partidos oficialistas y de oposición, la tasa se rebajará gradualmente para evitar impactos sobre las finanzas públicas, con el siguiente cronograma: 1,5 puntos en 2026, 1,5 unidades en 2028 y 1 punto para 2029.
En el caso de las Pyme, se mantendrá el régimen de reducción transitoria establecida en la Ley 21.755. O sea, mantenerse en 12,5% entre los años comerciales 2026 y 2027 y subir a 15% en 2028.
Se señaló que en la actualidad, producto de la desintegración del sistema tributario, un contribuyente que está en el primer tramo de rentas de Impuesto Global Complementario, que recibe dividendos de empresas sujetas al régimen general, paga más impuestos efectivos que una persona que recibe las mismas rentas, pero sólo del trabajo.
Por lo tanto, Kast anunció que se retomará la reintegración del sistema, permitiendo que los dueños de las empresas puedan imputar el 100% del crédito por impuesto de Primera Categoría pagado por las empresas en las que participen. Hoy, dicho crédito es de hasta un 65%.
La reintegración del sistema será gradual, volviendo a una reintegración total recién en el año tributario 2031. Dicha gradualidad, explicó el gobierno, permitirá equilibrar la reducción inmediata de ingresos fiscales producto de dicha medida, con la generación de mayores ingresos producto de crecimiento económico al mediano plazo.
Ahora, una novedad que trae el proyecto es que se creará un mecanismo para los contribuyentes que hoy utilizan el crédito de manera parcial y que busquen acoger utilidades utilizando un 100% del crédito.
Esto, ya que los créditos tributarios ya registrados en la empresa que tengan obligación de restitución al Fisco seguirán teniendo dicha calidad hasta que esos créditos sean completamente asignados, a menos que se pague un impuesto sustitutivo a la obligación de restitución, de carácter transitorio, que estará vigente por 12 meses, con tasa 15% (en lugar del 35% actual) que permitirá a los contribuyentes convertir los créditos con obligación de restitución en créditos no sujetos a la obligación de restitución (o sea, como si ya tuvieran 100% de integración). Esto permitirá al Fisco obtener una recaudación inmediata de dichos recursos, en lugar de esperar a las eventuales distribuciones de utilidades que hagan las empresas.
Vuelve el DL 600
En la cadena, Kast anunció que el proyecto repondrá un esquema similar al DL 600 que existió en Chile hace una década, para asegurar condiciones estables para los inversionistas mediante un estatuto de invariabilidad tributaria.
"Vamos a reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, para que los que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más", agregó.
Rebaja a impuestos a donaciones y repatriación
Siguiendo con los cambios tributarios, se crea una ventana de 12 meses (contados desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la publicación de la ley) en que las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto calculado conforme a las reglas generales.
Aunque se paga el 50% del impuesto, el crédito imputable al futuro impuesto a la herencia se mantiene por el 100% del impuesto determinado. Con esta iniciativa se logra capturar de inmediato dichos recursos, con una estimación de recaudación aproximada de $ 260 mil millones, calcula el gobierno.
Asimismo, se establece un sistema temporal de 12 meses, contados desde el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley, voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas situadas en el extranjero, afecto al pago de un impuesto único y sustitutivo del 10% sobre el valor de los bienes o rentas declarados.
Este mecanismo es distinto a lo adelantado en marzo por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de una ventana por nueve meses con una tasa de 8%.
Junto con lo anterior, se establece una tasa reducida de 7%, para quienes repatríen efectivamente sus bienes dentro de los primeros tres años desde la publicación de la ley, y los mantengan invertidos en Chile por al menos ocho años (si retiran antes, deben pagar la diferencia de impuesto). Esta medida busca aumentar la recaudación, con una estimación de recaudación aproximada de $ 300 mil millones.
Fin a contribuciones de adultos mayores
Otro de los ejes es que se establece una exención al impuesto territorial, aplicable a los propietarios de viviendas mayores de 65 años -que estará vigente desde el primero de julio del año de publicación de la ley, en caso de ser publicada en el primer semestre, en caso contrario, el primero de enero del año siguiente a la publicación-, respecto de su vivienda principal.
Esto es, el inmueble destinado y utilizado preferentemente para la habitación y que constituya la residencia habitual y asiento principal del contribuyente.
El propietario del inmueble podrá invocar esta exención solo respecto de una vivienda en todo el territorio nacional (en caso de ser propietaria de dos o más bienes raíces, el contribuyente deberá declarar cuál constituye vivienda principal).
Esta medida tendrá un costo para las municipalidades de cerca de US$ 200 millones, por lo que el Ejecutivo se comprometió a compensar a los gobiernos locales a través de transferencias en el Fondo Común Municipal (FCM).
Junto con lo anterior, se crea una exención temporal de IVA a la venta de viviendas nuevas que cuenten con recepción parcial o definitiva al momento de publicación de la ley, por 12 meses (contados desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la publicación de la ley). La exención será aplicable también para bodegas y estacionamientos que se enajenen en el mismo acto.
Esto permite una reducción del precio de compra de viviendas nuevas, incentivando el dinamismo del mercado para el agotamiento del stock existente. La Moneda estima que esta medida impulsará la venta de un stock actual de 100.000 viviendas nuevas.
Cambios ambientales
Otro de los cambios relevantes es reembolso por anulación de calificación ambiental.
Actualmente, el otorgamiento de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es sólo el inicio de una larga trama de impugnaciones, que retrasa la inversión pese a ya estar aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que terminan por desincentivar a los titulares de ejecutar los proyectos aprobados.
Por ello, el proyecto propone un mecanismo expedito de reembolso de gastos realizados asociados al proyecto o faena con una RCA aprobada que luego es revocada o anulada en sede judicial. Esta medida, explicaron, otorga una suerte de seguro, para que no se postergue la ejecución del proyecto innecesariamente y no se encarezca la inversión.
Además, y a fin de dar certeza a los titulares de permisos sectoriales, se acorta el plazo de invalidación de los permisos otorgados por parte de la misma administración que los otorgó en primer lugar, de dos años a seis meses.
Se espera beneficiar principalmente a los sectores de energía, minería, obras públicas y construcción, que son los que más empleo generan, directo e indirecto.
Reconstrucción por incendios
Actualmente existe el Fondo de Emergencia para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas de la región de Valparaíso, a causa de los incendios del verano de 2024, que estará vigente hasta finales de 2028.
El proyecto de ley busca aprovechar este mismo instrumento, extendiéndolo para incluir la reconstrucción de las regiones de Ñuble y Biobío y destinando $ 400 mil millones para tal efecto (nuevo máximo de $1,2 billones).
Ajustes a gratuidad
Ya hacia el final de su discurso, Kast informó que en el proyecto se establecerán límites a la gratuidad, pero no necesariamente con el foco en los estudiantes mayores de 30 años, como se anunció originalmente.
Esto, ya según cifras del gobierno el gasto en gratuidad crece cada año a tasas "vertiginosas". En 2025 se destinaron más de $ 2,2 billones con este fin, $ 250 mil millones más que el año 2024, y se espera que esto continúe creciendo.
Dado lo anterior, el proyecto propone suspender por cuatro años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad, para así ahorrar recursos al Estado.
Mundo empresarial valora anuncios y se suma al llamado al Parlamento
Para la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, las medidas están en línea con la necesidad de reactivar la economía, en especial, las medidas orientadas a la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración del sistema tributario.
“Ambas contribuyen a mejorar la competitividad del país, equiparando condiciones con economías similares y generando incentivos concretos para la inversión. Esto impactará en empresas de distintos tamaños, entre ellas, más de 100 mil pymes y en toda la cadena productiva. Avanzar en esta materia es clave para dinamizar la actividad, fortalecer el mercado de capitales y generar más empleo”, dijo Jiménez.
Una opinión similar entregó la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, quien dijo que “necesitamos que el Congreso tramite este plan con sentido de urgencia. El crecimiento no es un número, es lo que permite generar oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar para las personas”.
Quien también valoró los anuncios fue el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, José Pakomio. Desde su perspectiva, el plan incorpora medidas que apuntan a reactivar la inversión y el empleo formal.
A su juicio, avanzar en un subsidio al empleo formal puede ser una herramienta relevante, “considerando que, para muchas empresas, especialmente las de menor tamaño, formalizarse sigue siendo caro y complejo”.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, los anuncios “apuntan en la dirección correcta, al buscar reactivar la economía en el corto plazo, y mejorar los niveles de inversión. Ambos elementos fundamentales para volver a crecer”.
En lo que respecta a las medidas vinculadas al sector construcción y vivienda, estimó que podrían tener un impacto positivo “si contienen los elementos necesarios y si se tramita de manera rápida, entregando certezas que no afecten las decisiones de inversión ni de compra”.
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