No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Finalmente, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que crea un sistema de subsidio unificado al empleo.
Se trata de una propuesta legislativa que reformula las herramientas hoy vigentes -como el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes-, y que apunta a fomentar la participación laboral y la contratación formal de mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, tanto en su primera inserción como en procesos de reinserción luego de períodos de inactividad.
Sobre el proyecto, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó que se trata de un nuevo esquema “que moderniza los sistemas de subsidios laborales”, ya que permite instaurar una nueva figura “mucho más flexible, que se ajuste a las distintas contingencias internacionales y nacionales que hemos vivido como país”.
"Muchas veces la cifra de desocupación recrudece, pero lo relevante, más allá de las proyecciones, es que fundamentalmente como Gobierno nos estamos ocupando, y hoy día queremos dar una señal muy potente, que esperamos que sea muy bien recibida en el Congreso", agregó.
Boccardo señaló que este fue un proyecto que se le presentó tanto a la Confederación de la Producción y del Comercio, a las PYME y a la CUT. "Ha generado un amplio acuerdo, y esperamos que se tramite con celeridad justamente para que este nuevo sistema de subsidio se pueda empezar a implementar”, dijo.
El esquema
Según expone el proyecto, el nuevo Subsidio Unificado al Empleo es un apoyo monetario para empleadores (con especial foco en las empresas de menor tamaño) y trabajadores, y el aporte para cada uno se establecerá anualmente en un procedimiento transparente y con participación de los actores laborales, y puede variar entre el 10% y 20% de la remuneración bruta mensual de un trabajador.
Con todo, los aportes entre ambos deberán sumar un 30% de la remuneración bruta mensual, “lo que busca distinguir entre la necesidad de generar búsqueda de empleo y de contratación”, explica la propuesta.
El aporte tendrá una vigencia de 12 meses y las empresas, además, podrán recibir el subsidio unificado de empleo con un límite máximo correspondiente a 200 personas beneficiarias.
La solicitud para acceder al subsidio podrá ser realizada directamente por el trabajador o la empresa, y los requisitos generales de acceso incluyen una renta bruta mensual menor o igual a 2,25 Ingresos Mínimos Mensuales, pertenecer a un grupo prioritario, acreditar al menos seis meses de desempleo continuos u ocho discontinuos en los 18 meses previos, y estar entre el 40% y 60% del nivel de vulnerabilidad socioeconómica. Esta última exigencia no resultará aplicable a personas con discapacidad.
Para las empresas, se establecen como mínimos el tener al día sus obligaciones laborales y previsionales, presentar la solicitud dentro de los tres meses desde el inicio de la relación laboral y no haber tenido vínculo laboral con la persona trabajadora en los 12 meses previos, entre otros.
Los ministerios del Trabajo y Hacienda definirán anualmente los parámetros de elegibilidad, basándose en informes técnicos y buscando atender las necesidades del mercado laboral. “Este mecanismo otorga al sistema un dinamismo actualmente inexistente en las actuales políticas de subsidios. En dicho proceso deberán escucharse las opiniones de representantes de empresas y trabajadores”, dice el texto.
Con relación a los trabajadores independientes, el proyecto establece que se contempla el acceso bajo parámetros similares, requiriendo pertenecer a grupos prioritarios y tener una renta del trabajo menor o igual a 2,25 ingresos mínimos mensuales, con un requisito de desempleo adaptable a su situación.
Las cifras
El informe financiero que acompaña la propuesta explica que el término de los programas de subsidios vigentes implican el ahorro de recursos por $190.500 millones, unos US$ 205,2 millones.
El nuevo esquema, en régimen tendrá un costo de $ 186.897 millones (US$ 201,3 millones).
“El proyecto de ley implica menores gastos en régimen por $ 3.603 millones. Producto de las medidas asociadas a la transición y a los gastos de arrastre, dicho ahorro asciende a $ 1.194 millones en 2025 y $ 16.006 en 2026, para el año 2027 implica un mayor gasto por $917 millones”, destaca el informe financiero.
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