Primero fue la guerra en Medio Oriente. Después la caída del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en enero-marzo frente al mismo período de 2025. Y ahora el marco que planteó el Informe de Finanzas Públicas (IFP) con que debutó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Toda una mezcla sinónimo de lomos de toro para las metas económicas del gobierno, sobre todo la aspiración de alcanzar un crecimiento de 4% hacia fines de la administración Kast y de recuperar el balance de las cuentas fiscales.
Sobre el primer punto, la economista de BICE Inversiones, Marcela Calisto, dijo que “no parece el escenario base”, dadas las condiciones actuales, puesto que se requeriría una recuperación sostenida de la inversión, mejoras de productividad y un entorno externo favorable.
De hecho, el mismo IFP asumió una expansión del PIB de 2,1% para el año, que es tres décimas inferiores a lo incluido en el reporte de hace tres meses, el último del gobierno de Gabriel Boric.
“Sigue siendo una meta ambiciosa”, opinó el economista de Santander, Rodrigo Cruz, sin desconocer que acelerar hasta un 4% “sería una muy buena noticia para Chile”.
Dado el crecimiento tendencial actual, el envejecimiento poblacional y la baja productividad, añadió que no forma parte de su escenario base. “Para acercarse a cifras de esa magnitud se requiere una combinación de mayor inversión e innovación, mayor participación y capacitación laboral junto con reformas que toman tiempo en desplegar efectos”, señaló.
Es decir, se requiere mejoras en factores estructurales, como elevar la productividad o considerar factores demográficos”, comentó el economista senior de Bci, Antonio Moncado, quien sí puso fichas al efecto que podría derivar de la reducción de un punto de la tasa de impuesto corporativo -estimado en un aporte al PIB 0,65% en 10 años- de 27% a 23% en cuatro años.
Para el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, el 4% puede ser un logro puntual, pero lo difícil en un corto tiempo. “No es imposible, pero se requiere lograr aumentos de productividad persistentes de 1%-1,5% al año y ello puede implicar aumentos en la tasa de inversión (no minera) de dos a tres puntos porcentuales”, afirmó.
Por lo mismo, consideró esencial añadir una reducción de manera efectiva los plazos de tramitación de los proyectos de inversión y mejorar la certeza jurídica de los permisos.
Precisamente, el economista jefe de Credicorp Capital, Samuel Carrasco, quien ve la meta del 4% para finales del gobierno como “desafiante, pero no imposible”, advirtió la necesidad de un shock significativo de productividad, inversión y empleo.
¿Mayor ajuste?
Pero las chances que se le dan al crecimiento de 4% se diluyen a la hora de hablar de lograr un equilibro fiscal hacia el fin de la administración Kas.
Sin considerar nuevas medidas, Cruz indicó que el déficit de las arcas públicas permanecería cercano al 2% del PIB hacia el mediano plazo.
“Si a eso se suma el efecto fiscal del programa de reactivación y reconstrucción, el esfuerzo de ajuste necesario aumenta a casi US$ 10.000 millones”, señaló el economista al comentar las últimas cifras del IFP. “El desafío sigue siendo importante”, opinó.
Carrasco subrayó que el gobierno partió con un deterioro fiscal mayor al esperado y la trayectoria más probable para los próximos años sigue siendo deficitaria, incluso más allá de 2030. De ahí que alcanzar un balance fiscal hacia el término del gobierno requeriría un ajuste del gasto considerablemente más exigente que el anunciado hasta ahora. “Por lo tanto, si bien existe un proceso de consolidación en curso, lograr la convergencia completa hacia balance al término del período luce, por ahora, difícil”, expresó.
“Sería imprescindible compensar las bajas de ingresos incorporadas en el proyecto de reconstrucción”, planteó Fernández, quien hizo ver que las mismas proyecciones fiscales del IFP hasta 2030 anticipan la mantención de déficits durante todo el periodo, sin considerar los efectos de la iniciativa legal.
¿Más endeudamiento?
Otra dimensión sobre la que hay acuerdo entre los economistas es la referida a la posibilidad de que el gobierno requiera ir al Congreso para solicitar autorización a un mayor endeudamiento. Lo que sí, hay diferencias en los montos.
Moncado ve factible que la necesidad sea entre US$ 5.000 millones y US$ 6.000 millones, en tanto Fernández estimó que podrían ser entre US$ 4.500 millones y US$ 5.000 millones adicionales.
Cruz precisó que, de no materializarse nuevos ajustes de gasto, la solicitud de endeudamiento sería cercana a US$ 5.000 millones.
“Sin embargo, esperamos que en el próximo decreto fiscal se incorpore medidas adicionales de consolidación, con lo que la necesidad de emisión podría reducirse hacia cifras más cercanas a US$ 3.000 millones”, dijo.
En menor cantidad, Scotiabank precisó que el gobierno requeriría US$ 2.600 millones, cuyas fuentes de financiamiento estarían por definirse, pero corresponderían a mayor emisión de deuda este año.
Mientras que Carrasco estimó que el requerimiento sería entre US$ 1.000 millones y US$ 2.000 millones para este año, del cual el grueso debería canalizarse a través de emisión en moneda extranjera o, alternativamente, en el mercado local a plazos muy cortos.
En todo caso, precisó que el monto exacto de nueva deuda no está detallado en el informe y dependerá tanto del decreto fiscal como de la magnitud de las medidas correctivas que implemente la administración
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Amanda Santillán
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