Tras un acuerdo entre la Cámara, el Senado y el Ejecutivo en la comisión mixta para reponer distintas partidas rechazadas en el trámite previo, no se tocó parte importante de la planificación financiera del erario, como buscaba la oposición.
Es decir, el gasto público crecerá 1,7% el próximo año, con una estimación de expansión de los ingresos totales de 4,7% en 2026, de la mano la recaudación tributaria neta que subiría 5% y más aportes del litio vía Corfo (22,9% de alza). Hacienda y la Dirección de Presupuestos anticiparon un déficit estructural que se moderará de 1,6% del PIB este año a 1,1%.
El gasto público crecerá 1,7% en 2026, con una estimación de expansión de los ingresos totales de 4,7% en el mismo año.
1 Fin a la glosa republicana
Fue la principal polémica del debate presupuestario. Por primera vez en 20 años, el Gobierno saliente no le heredará a la administración entrante la denominada “glosa republicana”, que es una combinación de fondos de libre disposición y facultades de reasignación que permiten al nuevo Ejecutivo desplegar parte de su programa en su primer año de gestión.
En 2022, dicho monto ascendió a cerca de US$ 800 millones.
En forma transversal, los candidatos presidenciales criticaron el cambio, por lo que instruyeron a sus parlamentarios iniciar una negociación con el Ejecutivo.
Pese a acercamientos, finalmente las partes no lograron una fórmula de reasignaciones para reponer la glosa.
2 Asignaciones críticas
Ya zanjado el tema ingresos, gasto y glosa republicana, el Ejecutivo partió la negociación en la Cámara viendo fórmulas para convencer tanto al oficialismo como a la oposición. Ahí, se lograron acercamientos para rebajar y acotar los sueldos de los altos funcionarios del Estado, a través de dos mecanismos: poner un límite de $ 5 millones para los ingresos de los funcionarios más políticos de los gabinetes (que finalmente se rechazó en el Senado); y aplicar una rebaja pareja en las denominadas asignaciones por funciones críticas.
El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 consideraba $ 39.904 millones para otorgar una asignación por funciones críticas a aquellos funcionarios que cumplan roles estratégicos para la gestión de su institución, por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o servicios que éstos deben proporcionar. Este monto consideraba una reducción de 10,1% en relación con el Presupuesto de este año.
Para hacer espacio a aumentos de gasto en otras partidas, todos los ministerios y servicios tuvieron que ajustar este monto en un 10% parejo adicional, por lo que el recorte total respecto de este año fue de un 20%.
3 Recortes en Culturas
Si bien el erario contemplaba un crecimiento acotado, hubo una partida que se llevó todas las miradas y críticas: la de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con un alza de más del 11% en su erario para el próximo año ($ 55.660 millones adicionales).
En la oposición criticaron que se priorizara este tema por sobre mayores expansiones en áreas sensibles como Educación, Salud, Seguridad y la Contraloría.
Consciente de aquello, el Gobierno realizó fuertes recortes en esta partida en los distintos trámites, con un damnificado principal: el Pase Cultural, el beneficio estatal mensual de $ 50.000 para pagar servicios culturales como cine, teatro y danza, entre otros.
En total, casi un tercio del presupuesto del ministerio se ajustó, con $ 16.000 millones menos que la propuesta original, de la mano del Pase Cultural, Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural, Fondo de Fomento Audiovisual, Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y Programación y Difusión de los Patrimonios.
Parte importante de estas rebajas se destinó, entre otras áreas, a la Contraloría General de la República y el Ministerio de Seguridad Pública. Salud también se llevó un espacio importante de las reasignaciones, con $ 15.000 millones adicionales para la atención primaria. También, aquello ayudó a solventar el incremento en 15.000 los beneficiarios para subsidios de vivienda social DS49.
El órgano de control registraba un crecimiento de su presupuesto de apenas 1,5% el próximo año, en circunstancias de que la contralora general, Dorothy Pérez, había solicitado un incremento de 8,5%. Ya con el proyecto en el Congreso, Pérez planteó que necesitaba a lo menos 10 nuevos funcionarios y $ 1.200 millones adicionales para solventar mejoras tecnológicas.
Aquello fue justamente lo que le terminó entregando el Parlamento y el Ejecutivo: se agregaron recursos relevantes para la contratación de personal ($ 336 millones adicionales) y para la compra de bienes y servicios ($ 1.200 millones más respecto al proyecto original).
En Seguridad Pública, en tanto, se repusieron sus fondos a cambio de la incorporación de $ 4.500 millones para la adquisición de activos no financieros en la Policía de Investigaciones (PDI), así como $ 500 millones adicionales en gastos reservados para inteligencia en Carabineros.
4 Reajuste del sector público con bonus track
Dado el poco tiempo para discutir cambios de fondo, el Ejecutivo y el Legislativo acordaron establecer compromisos para ingresar normas en el próximo proyecto de reajuste salarial del sector público, que se presentará a discusión en diciembre.
Por ejemplo, se comprometió incluir una extensión por dos años del Fondo de Emergencia Transitorio de la Reconstrucción por los incendios en Valparaíso de 2024.
También, se acordó que será parte del texto una norma para postergar en un año el reavalúo de propiedades habitacionales de 2026, y para ampliar la rebaja de contribuciones para propietarios de predios usurpados.
Sin embargo, no se logró un acuerdo para modificar el congelamiento en valores nominales de 2025 de las remuneraciones de los funcionarios públicos en 2026, el denominado subtítulo 21. Este había sido uno de los tópicos que la oposición y el oficialismo criticaron del Presupuesto.
5 Más información
Como parte de los compromisos del Ejecutivo para despachar el erario, se determinaron una serie de glosas para que entidades públicas entreguen más información respecto de determinadas actividades.
Por ejemplo, en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se estableció la obligación de informar “activamente” reclamos contra empresas eléctricas; en el Servicio de Impuestos Internos (SII), reportar sobre citaciones y/o liquidaciones que hubieren sido dejadas sin efecto o rebajadas en procedimientos administrativos o jurisdiccionales, detallando los montos asociados y la información desglosada por dirección regional; en Aduanas, se fijó el mandato de informar la trazabilidad de las partidas de concentrado de cobre que se exporten.
Mientras que en el Tesoro Público se estableció la obligación de los municipios de reportar sobre el uso de los recursos royalty, “a fin de garantizar un mayor control y trazabilidad de esta nueva fuente de financiamiento municipal”.
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Sebastian Valdenegro
