Tres días antes de que se cumpliera el plazo constitucional, la noche de este miércoles el Congreso despachó a ley el proyecto de Presupuesto 2026 para el sector público, tras un acuerdo alcanzado entre la Cámara, el Senado y el Ejecutivo en la comisión mixta para reponer distintas partidas rechazadas en el trámite previo, pero sin tocar parte importante de la planificación financiera del texto, como buscaba preliminarmente la oposición.
Como es la tónica cuando se discute un erario en medio del año electoral, los ánimos tienden a crisparse, lo que dificulta la tramitación. Aquella premisa fue llevada al extremo en la comisión especial mixta de Presupuestos, cuando el pasado 29 de octubre se rechazaron 29 de las 33 partidas, lo que le restó espacio de maniobra a los parlamentarios en las siguientes etapas.
Como estaban impedidos de presentar indicaciones en la mayoría de las materias, en la Cámara de Diputados se dio una mejoría, ya que se visaron 19 de los 33 presupuestos. Luego, el Senado repuso la totalidad de las partidas, aunque con el rechazo de programas específicos. En el tercer trámite, la Cámara Baja no visó algunos ajustes realizados por los senadores, por lo que se constituyó la mixta este miércoles para analizar algunos de los 14 artículos rechazados.
A continuación, algunos de los principales cambios y ejes del Presupuesto que sale del Congreso.
Se mantiene planificación macro y fracasa revisión de proyecciones
El texto ingresado por el Ejecutivo a fines de septiembre contemplaba un crecimiento del gasto público de 1,7% el próximo año, con una estimación de expansión de los ingresos totales del sector público de 4,7% en 2026, de la mano la recaudación tributaria neta que crecería un 5% y mayores aportes del litio vía Corfo (22,9% de alza). Asimismo, Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) anticiparon un déficit estructural que se moderará de 1,6% del PIB este año a 1,1% el próximo.
Las proyecciones fueron cuestionadas en duros términos por la oposición, que advirtió que el próximo Gobierno heredaría una pesada mochila fiscal, con escaso movimiento y con una diferencia entre ingresos y gastos que superarían los US$ 1.500 millones.
Consciente de este escenario, a inicios de este mes el Gobierno se abrió a convocar a un grupo de técnicos que revisaran las perspectivas de crecimiento de los ingresos y del gasto, en busca de un acuerdo con la oposición. El grupo estaba integrado por las exDipres Cristina Torres y Margarita Vial; la economista de Horizontal Soledad Hormazábal, y el economista Jorge Selaive, entre otros. En paralelo, los senadores y diputados tanto oficialistas como de oposición negociaban con el Ejecutivo.
Sin embargo, dicha instancia técnica quedó en nada, ya que Chile Vamos y el Partido Republicano se bajaron de las conversaciones cuando se invitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) a exponer sobre el balance de recaudación de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, cuyo rendimiento era cuestionado por la oposición.
El fiasco en el trámite en la comisión especial mixta restó espacio de maniobra a los actores, por lo que el Ejecutivo no dio su brazo a torcer y priorizó reasignaciones de gasto en lugar de recortes en sus estimaciones de ingresos. La oposición amenazó que si en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de abril del próximo año constatan una diferencia muy relevante en las proyecciones, impulsarán una acusación constitucional contra el hoy ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Las exautoridades pueden ser acusadas hasta seis meses después de abandonar el cargo.
Consciente de aquello, el Ejecutivo incorporó en el trámite de la mixta una norma para resguardarse: la Dipres, luego de la presentación del IFP del cuarto trimestre de 2025 (en febrero próximo), así como de la revisión del comportamiento de los ingresos y otras variables macroeconómicas, impartirá instrucciones con el objetivo de resguardar el cumplimiento de la política fiscal.
Fin a la glosa republicana
Fue la principal polémica del debate presupuestario. Por primera vez en 20 años, el Gobierno saliente no le heredará a la administración entrante la denominada "glosa republicana", que es una combinación de fondos de libre disposición y facultades de reasignación que permiten al nuevo Ejecutivo desplegar parte de su programa en su primer año de gestión.
En 2022, dicho monto ascendió a cerca de US$ 800 millones.
Hacienda justificó el fin de dicho mecanismo amparándose en una de las propuestas de la Comisión Asesora para Reformas al Gasto Público, que recomendó reemplazarla por una mayor facultad para reasignar un 10% del Presupuesto en los primeros seis meses del nuevo Gobierno. Finalmente, Hacienda incluyó una facultad de reordenamiento del gasto del 1%, equivalente a cerca de US$ 900 millones.
En forma transversal, los candidatos presidenciales criticaron el fin de la glosa republicana, por lo que instruyeron a sus parlamentarios iniciar una negociación con el Ejecutivo. Grau, por su parte, señaló a Diario Financiero el 24 de octubre que si se buscaba reponer dicho instrumento, había que buscar formas de reasignar gasto desde otras partidas, porque el marco presupuestario (de cerca de US$ 90.000 millones) no se tocaría.
Pese a acercamientos en los distintos trámites, finalmente las partes no lograron con una fórmula de reasignaciones para reponer la glosa. La falta de tiempo y la dificultad de una reingeniería del Presupuesto aportaron a aquello.
El fuerte ajuste en las asignaciones críticas
Ya zanjado el tema ingresos, gasto y glosa republicana, el Ejecutivo partió la negociación en la Cámara viendo fórmulas para convencer tanto al oficialismo como a la oposición.
Ahí, se lograron acercamientos para rebajar y acotar los sueldos de los altos funcionarios del Estado, a través de dos mecanismos: poner un límite de $ 5 millones para los ingresos de los funcionarios más políticos de los gabinetes (que finalmente se rechazó en el Senado); y aplicar una rebaja pareja en las denominadas asignaciones por funciones críticas.
El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 consideraba $ 39.904 millones para otorgar una asignación por funciones críticas a aquellos funcionarios que cumplan funciones estratégicas para la gestión de su institución, por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o servicios que éstos deben proporcionar. Este monto consideraba una reducción de 10,1% en relación con el Presupuesto de este año.
Para hacer espacio a aumentos de gasto en otras partidas, todos los ministerios y servicios tuvieron que ajustar este monto en un 10% parejo adicional, por lo que el recorte total respecto de este año fue de un 20%.
Los recortes en Culturas...
Si bien el erario contemplaba un crecimiento acotado, hubo una partida que se llevó todas las miradas y críticas: la de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
La cartera se llevaba un crecimiento de más del 11% en su erario para el próximo año, lo que significaba $ 55.660 millones adicionales. En la oposición criticaron que se priorizara este tema por sobre mayores expansiones en áreas sensibles como Educación, Salud, Seguridad y la Contraloría.
Consciente de aquello y como una señal de la disposición a ajustar su propuesta original, el Gobierno realizó fuertes recortes en esta partida en los distintos trámites, con un damnificado principal: el Pase Cultural, el beneficio estatal mensual de $ 50.000 para pagar servicios culturales como cine, teatro y danza, entre otros.
En total, casi un tercio del presupuesto del ministerio se ajustó, con $ 16.000 millones menos que la propuesta original, de la mano del Pase Cultural, Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural, Fondo de Fomento Audiovisual, Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y Programación y Difusión de los Patrimonios.
... y su aporte a Contraloría y Seguridad
Parte importante de los recortes en el área de Culturas se destinó, entre otras áreas, a dos sensibles: la Contraloría General de la República y el Ministerio de Seguridad Pública. Salud también se llevó parte importante de las reasignaciones, con $ 15.000 millones adicionales para la atención primaria en salud. También, aquello ayudó a solventar el incremento en 15.000 los beneficiarios para subsidios de vivienda social DS49.
El órgano de control registraba un crecimiento de su presupuesto de apenas 1,5% el próximo año, en circunstancias de que la contralora general, Dorothy Pérez, había solicitado un incremento de 8,5%. Ya con el proyecto en el Congreso, Pérez planteó que necesitaba a lo menos diez nuevos funcionarios y $ 1.200 millones adicionales para solventar mejoras tecnológicas.
Aquello fue justamente lo que le terminó entregando el Parlamento y el Ejecutivo: se agregaron recursos relevantes para la contratación de personal ($ 336 millones adicionales) y para la compra de bienes y servicios ($ 1.200 millones más respecto al proyecto original).
En Seguridad Pública, para revertir el rechazo en el Senado se repusieron sus fondos a cambio de la incorporación de $ 4.500 millones para la adquisición de activos no financieros en la Policía de Investigaciones (PDI), así como $ 500 millones adicionales en gastos reservados para inteligencia en Carabineros.
Los compromisos para el reajuste del sector público
Dado el poco tiempo para discutir cambios de fondo, el Ejecutivo y el Legislativo acordaron establecer compromisos para ingresar normas en el próximo proyecto de reajuste salarial del sector público, que se presentará a discusión en diciembre.
Por ejemplo, se comprometió incluir una extensión por dos años del Fondo de Emergencia Transitorio de la Reconstrucción por los incendios en Valparaíso de 2024.
También, se acordó que será parte del texto una norma para postergar en un año el reavalúo de propiedades habitacionales de 2026, y para ampliar la rebaja de contribuciones para propietarios de predios usurpados.
Sin embargo, no se logró un acuerdo para modificar el congelamiento en valores nominales de 2025 de las remuneraciones de los funcionarios públicos en 2026, el denominado subtítulo 21. Este había sido uno de los tópicos que la oposición y el oficialismo criticaron del Presupuesto.
Lo que quedó en el camino y sin financiamiento
Con el rechazo de ambas cámaras en los últimos trámites, hubo dos programas de gasto que quedaron sin financiamiento para el próximo año y que fueron resistidos por el oficialismo: los fondos estatales para el funcionamiento de la Fundación Salvador Allende, y el Programa de Acompañamiento en Identidad de Género (PAIG) de la Subsecretaría de la Niñez. Ambos fondos no serán parte del Presupuesto del próximo año del sector público.
Asimismo, el Congreso rechazó dos normas que buscaban aumentar el control sobre el gasto público: se mantuvo el artículo cuatro de la ley de Presupuestos similar al del 2025, eliminando la restricción que se establecía al aumento de algunos gastos corrientes; y se eliminó un artículo que permitía sancionar a los directores de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que superaran la dotación de personal para el año.
En la Cámara y el Senado quedó en el camino una norma que permitía que los Gobiernos Regionales (Gores) realizaran transferencias a las empresas públicas para planes de desarrollo regional, debido a que no alcanzó el quórum necesario.
Más información
Como parte de los compromisos del Ejecutivo para despachar el erario, se determinaron una serie de glosas para que entidades públicas entreguen más información respecto de determinadas actividades.
Por ejemplo, en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se estableció la obligación de informar "activamente" reclamos contra empresas eléctricas; en el Servicio de Impuestos Internos (SII), reportar sobre citaciones y/o liquidaciones que hubieren sido dejadas sin efecto o rebajadas en procedimientos administrativos o jurisdiccionales, detallando los montos asociados y la información desglosada por dirección regional; en Aduanas, se fijó el mandato de informar la trazabilidad de las partidas de concentrado de cobre que se exporten.
Mientras que en el Tesoro Público se estableció la obligación de los municipios de reportar sobre el uso de los recursos royalty, "a fin de garantizar un mayor control y trazabilidad de esta nueva fuente de financiamiento municipal".
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Sebastian Valdenegro
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