Controladora británica de Isapre Cruz Blanca presenta solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi
Esto implica que Bupa ingresará una millonaria demanda tras fracasar las consultas amistosas con Cancillería, iniciadas luego de los fallos de la Corte Suprema contra las aseguradoras, que desembocaron en una devolución masiva de dineros a los afiliados.
Por: Azucena González
Publicado: Miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 17:52 hrs.
Johanna Klein, coordinadora de la Unidad de Defensa en Controversias Internacionales del Minrel. Rodrigo Díaz de Valdés, socio del estudio Baker Mckenzie y abogado de Bupa ante al Ciadi.
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Bajo el rol ARB/25/50 quedó desde este miércoles plasmada a nivel público una disputa en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido como Ciadi -que depende del Banco Mundial-, y que involucra a Chile.
Se trata de una solicitud de arbitraje que ingresó la firma británica del sector salud Bupa, que en Chile es dueña de la Isapre Cruz Blanca, entre otras operaciones, y que se dirige en contra del Estado chileno, en una disputa que promete remecer al país, pues se da, además, a días de la segunda vuelta presidencial.
Aunque está fechada el 21 de noviembre, recién este miércoles apareció en el sistema de casos del Ciadi, lo que significa que ya fue declarada admisible por el organismo. La acción individualiza a Bupa Investments Overseas Limited (BIOL), la controladora de la Isapre Cruz Blanca, como la gestora del caso y en la acción, se lee en el Ciadi, la firma apela al tratado bilateral vigente entre ambos países desde 1996, un Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones suscito entre Chile y Reino Unido.
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Aunque el contenido de la solicitud de arbitraje de Bupa todavía no es público, personas entendidas del sector salud chileno dicen que inequívocamente está relacionado con su operación aseguradora en Chile, la isapre Cruz Blanca (y no el negocio prestador de clínicas). Y que incluirá una serie de factores que en los últimos años llevaron a esta isapre -tal como a las otras aseguradoras del sistema- a vivir un delicado escenario de viabilidad financiera en Chile, producto de factores regulatorios y jurídicos que consideraron externos a su operación.
Se trata de decisiones tomadas por los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, que se dieron durante la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera -durante el Covid- y en el actual Gobierno de Gabriel Boric.
Entre ellos, están la derogación de facto de la tabla de factores -a partir de fallos judiciales que datan de 2018-; el dejar sin efecto el aumento de los precios base de los planes de salud durante el período 2020-2021, durante el Covid; y el fallo de 2022, de la Tercera Sala de la Corte Suprema, a partir de distintos recursos de protección, que tuvo efectos respecto del universo de cotizantes del sistema de salud privado, y que se tradujo en las devoluciones de cobros en exceso de los años previos, para todos los afiliados, que para implementarse derivó en la Ley Corta que está en plena aplicación. Y también un fallo que dejó sin efecto el aumento de la prima Ges informada en 2022.
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Tras esta solicitud de arbitraje, de acuerdo con las normativas del Ciadi, lo siguiente que debiera ocurrir es que se constituyan los árbitros, es decir, que cada parte designe a sus respectivos jueces y se pongan de acuerdo en el tercer integrante independiente. Luego, que acuerden las reglas del procedimiento. Y recién allí se empezará a debatir la demanda de la británica, aunque ya hay un texto confidencial en el organismo con el relato del caso. Se estima que esta acción legal será millonaria, atendidos los perjuicios que tuvo que haber presentado BIOL como para llegar a esta instancia internacional.
Contactada por DF, desde Bupa señalaron: “Bupa Investments Overseas Limited (BIOL), parte del grupo Bupa, ha sido un inversionista en Chile por más de 10 años. En años recientes, una de las líneas de negocios de la compañía en Chile, Isapre Cruz Blanca, se ha visto afectada negativamente por ciertas medidas llevadas adelante por Chile. BIOL tomó la decisión de interponer un requerimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativos a Inversiones (CIADI) con el fin de resolver el asunto”.
Consultada la Cancillería, dijeron: “El Ministerio de Relaciones Exteriores presentará la posición de Chile ante el tribunal del CIADI sobre la base de sólidos argumentos jurídicos, tal como lo ha hecho en situaciones similares”.
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Incertidumbre y desprotección
Con esta acción de BIOL queda en evidencia que no llegaron a buen puerto los mecanismos de solución de conflictos, las llamas “consultas amistosas”, que en 2022 la firma había activado en Chile, frente a la Cancillería, en tratativas que llevaron por el lado de la firma británica el abogado del estudio Baker McKenzie, de Chile, Rodrigo Díaz de Valdés, frente a Johanna Klein, la Coordinadora de la Unidad de Defensa en Controversias Internacionales, del ministerio de Relaciones Exteriores.
En ese año, la británica partió activando el 9 de marzo el mecanismo de solución de controversias en Chile, ante lo que en aquel momento estimó como la derogación de facto de la tabla de factores, a partir de fallos de la Suprema que databan incluso de 2018, y que acogían recursos de protección de clientes, lo que le impedía reajustes de los planes por este concepto.
Pero luego la británica fue sumando más elementos a estas consultas amistosas, ampliando sus razones del reclamo. Por ejemplo, por la Ley 21.350, publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2021, que reguló el procedimiento de modificación de los precios base de los planes de salud, que hizo en la práctica que en virtud del estado de excepción constitucional de catástrofe motivado por la pandemia del Covid-19, se dejó sin efecto los aumentos en los precios base de los planes de salud de todas las isapre durante el período 2020-2021, así como cualquier ajuste o adecuación de precios correspondiente al período 2021-2022. Al entender de la británica, esa ley implicaba suspender las alzas, no dejarlas sin efecto.
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También ocurrió que, a través de la Superintendencia de Salud, se definió en ese momento los reajuste en los planes de los contratos de salud, del período 2022-2023 definiendo el regulador un máximo de 7,6%, pero diferenciado por aseguradora, correspondiéndole a Cruz Blanca un 4,3%.
Otras aristas de esta crisis en las isapres fueron los perjuicios que acusaron con la creación de la Licencia Médica Preventiva Parental, en el marco de la pandemia, la que sería financiada íntegramente por las isapres, y a las que no se les permitió ajustar los precios de sus contratos para compensar los costos asociados. En este caso cuatro isapres incluso entablaron demandas contra el fisco -Banmédica, VidaTres, Consalud y Colmena-, quienes argumentaron que esto contravenía el sistema de seguridad social chileno, ya que los subsidios maternales los financia el Estado, lo que había generado una expropiación indirecta de sus recursos.
Y luego vendrían los fallos supremos “erga omnes”, para todos los afiliados: entre noviembre y diciembre de 2022, la Tercera Sala de la Corte Suprema dictó sentencias que, en un hecho inédito, fijaron criterios generales aplicables a todos los contratos de salud vigente -no solo para quienes habían recurrido a tribunales-, los que para poder hacerlos operativos derivaron en la llamada Ley Corta de Isapres -la Ley N° 21.674- que ordenó a las aseguradoras calcular los valores de todos sus planes usando la tabla única de factores de 2019 y devolver los cobros excesivos realizados previamente.
Todo este periplo de decisiones le habría generado a la firma incertidumbre y desprotección, en relación con la regulación del sector de salud privado. Según los datos registrados en el Ciadi en esta acción, Bupa esta asesorada por el mismo bufete chileno, Baker McKenzie y también por el bufete White & Case, de Estados Unidos.
El reclamo de Bupa ante el Ciadi se suma así a otras controversias de inversores extranjeros en el país que han llegado a esa sede con reclamos. Es el caso de los franceses ADP International y Vinci Airports -por la concesión del aeropuerto Arturo Merino Benítez-, el reclamo de la eléctrica InterChile ISA por el proyecto Cardones Polpaico, y más recientemente el caso de WOM por el despliegue de la red 5G, que acaba de llegar a un acuerdo.
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Quién es Bupa
Fue en 2014 cuando el grupo Bupa aterrizó en Chile, al ingresar a la propiedad de la Isapre Cruz Blanca, que en ese momento era controlada por el Grupo Said y Linzor Capital.
La primera clínica Bupa en Chile -Bupa Santiago, La Florida- se inauguró en mayo de 2018, con presencia del mismo Boris Johnson, que era ministro de Asuntos Exteriores. El grupo siguió creciendo y hoy maneja a nivel prestador también las clínicas Bupa Antofagasta y Bupa Reñaca, así como los centros IntegraMédica.
Todos estos activos en Chile son parte de Bupa, originalmente llamada British United Provident Association, cuya sede está en Londres, pero que -según datos de su Memoria Anual 2024-, cuenta con operaciones en España, Polonia, Turquía, India, Australia, Nueva Zelandia y Hong Kong-, y en varios países de América Latina, como Brasil, México, Ecuador, Perú, República Dominicana, Panamá y Guatemala.
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