Ad portas de la Cuenta Pública presidencial 2025, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, adelanta que el Gobierno presentará en las próximas semanas dos proyectos de ley que se relacionan con el informe de la Contraloría General de la República que constató que más de 25 mil funcionarios públicos hicieron uso fraudulento de licencias médicas.
Uno, se trata de una norma que regulará la gobernanza de datos para mejorar la interoperatividad entre los servicios públicos y así poder cruzar datos para, por ejemplo, detectar irregularidades y generar mejores políticas públicas; y, un segundo, que cambiará los parámetros para la obtención de licencias médicas.
Junto con calificar de la “máxima gravedad” los hechos denunciados por Contraloría, Lobos considera que “atentan contra la fe pública”, pues ponen en cuestión un tema que considera “tan sentido, como es la seguridad social, haciendo mal uso de un beneficio y pongan en juego todo el sistema”.
La ministra dice se ha hablado de cambiar los parámetros de la obtención de las licencias médicas. “Estamos trabajando en eso con el ministerio de Hacienda y de Salud”, afirma.
Tal como se ha mandatado, enfatiza, “esperamos que efectivamente se inicie la persecución de las responsabilidades tanto administrativas como civiles o penales en cada caso”.
La ministra recuerda que el ausentismo laboral ha sido una preocupación para la Dirección de Presupuestos. De hecho, en el protocolo de Presupuesto del año pasado se comprometieron dos temas en esta dirección: por un lado, la Ley -ya promulgada- para sancionar más drásticamente a los grandes emisores de licencias médicas; y, en paralelo, hacer un proyecto que modifique el sistema de incapacidad laboral que está previsto para este segundo semestre.
“Estamos trabajando con la mayor celeridad con los ministerios involucrados para efectos de poder ingresarlo prontamente al parlamento”, dice.
En el fondo, explica la autoridad, se ha hablado de cambiar los parámetros de la obtención de las licencias médicas. “Estamos trabajando en eso con el ministerio de Hacienda y de Salud”, precisó.
Hacia un nuevo esquema
En el caso del proyecto de gobernanza de datos, próximo a ingresar al Congreso como parte del interés por fortalecer la figura de un Gobierno Digital, Lobos señala que su objetivo es concretar la interoperatividad en el Estado.
“Hoy cada uno lo ve como compartimento estanco y no hay reglas y principios generales”, advierte. “Y así como pudimos generar una gobernanza y reglas claras en materia de ciberseguridad, queremos una gobernanza y principios claros respecto a los cuales se tiene que avanzar para que efectivamente se compartan los datos con las reglas y resguardos necesarios”, añade.
Esta iniciativa se hace eco de que en 2019 se publicó una norma con el mismo fin, pero cuya implementación ha demorado.
De hecho, la división de Gobierno Digital estaba localizada en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y hoy está en el Ministerio de Hacienda en el marco del programa de Modernización del Estado.
A esto se suma que el país también cuenta con una institucionalidad que actualmente incluye leyes de Ciberseguridad y una de Datos Personales, que se aprobó el año pasado.
“En la práctica, se ha avanzado mucho en digitalización, pero si las plataformas no conversan, la verdad es que no hay un avance sustantivo. Entonces, en la línea de modernización del Estado esperamos prontamente que en junio o julio ese proyecto también pueda ser ingresado”, expresa.
La triada
La ministra Lobos recuerda que la Ley de Protección de Datos Personales hoy está en su etapa de implementación -tiene una vacancia de dos años-, lo que implica un trabajo arduo de dictación de normas reglamentarias y dejar pavimentado el camino para la nueva agencia de datos, que es un tema “muy importante entre los compromisos que habíamos adquirido cuando ingresamos a la OCDE”.
“Vamos a tener una agencia de datos, o sea, una entidad propia que pueda efectivamente fiscalizar el cumplimiento de la protección de datos personales”, destaca.
Y, en esa perspectiva, Lobos subrayó la triada que se empieza a configurar, pues cree que hay que avanzar en transformación digital, pero eso debe ir con ciberseguridad para prevenir el ataque y protección de datos personales; y el proyecto de gobernanza de datos “es complementario para garantizar que esa triada funcione adecuadamente”.
La ministra sostuvo que “la transformación digital tiene como sentido y objetivo final que los ciudadanos puedan recibir una atención más rápida, eficiente y oportuna con una respuesta efectiva del Estado”.
Y ante la pregunta de ¿qué ocurre con la gente que efectivamente vive en regiones que no tienen mucha accesibilidad?, resaltó el avance que ha hecho la Subsecretaría de Telecomunicaciones en garantizar acceso a internet como servicio público. “No sacamos nada con digitalizar el Estado si los ciudadanos después no tienen las herramientas necesarias para poder relacionarse por esa vía”, reflexionó.
Cuenta pública repasará los avances: “Logramos sacar adelante la reforma previsional que se veía imposible”
Sobre los aspectos pendientes, la secretaria de Estado menciona la tarea de lograr avanzar en el proyecto de sala cuna universal.
La ministra Lobos espera que la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric el próximo domingo sea un recuento de los logros del Gobierno en estos tres años.
Desde su perspectiva, ellos se centran en “la reforma previsional, que después de 10 años logramos sacar adelante cuando se veía bien imposible, el royalty minero, las 40 horas semanales, la conciliación de la vida laboral y la familiar, el alza del ingreso mínimo; y los temas vinculados a política nacional de cuidados”.
Y aunque cree que se ha avanzado mucho, también admite que “quedan desafíos pendientes”. Entre ellos, afirma, “es muy relevante que podamos concretar el proyecto de sala cuna universal para efecto de que las mujeres efectivamente podamos recuperar tasas de participación prepandemia, en que estamos todavía ahí al debe”.
Para ello, recuerda que el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, ha estado llevando adelante diversas conversaciones en conjunto con el Ministerio de la Mujer.
También menciona como prioridad el nuevo financiamiento de educación superior, que pone fin al CAE: “No solo tiene una dimensión de darle un alivio a las familias que se endeudaron para que sus hijos o hijas pudieran estudiar, sino también desde el punto de vista de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal, porque genera un sistema más eficiente del uso de los recursos públicos”.
Lobos también releva los temas de seguridad y de generar mecanismos para poder avanzar en inversión, desarrollo y crecimiento, lo que se relaciona con los proyectos de permisos, tanto sectoriales como modernización del SEIA.
Y junto con resaltar la relevancia de generar un sistema político que no tenga fragmentación, subraya el avance de más del 60% de las 210 medidas que contempla la Estrategia Nacional de Integridad Pública.
“La preocupación que se ha instalado sobre los temas de probidad y transparencia por los últimos casos que son de conocimiento público, esperamos que puedan darle un reimpulso a esta agenda y nos permitan efectivamente concretar proyectos tan importantes como la regulación del lobby 2.0, del proyecto de beneficiarios finales, el proyecto de transparencia 2.0, el de prevención de conflicto de intereses y de probidad municipal, que son muy relevantes”.
Comisión para la Paz y hoja de ruta: espera que todos los actores “estén a la altura de las circunstancias”
La abogada valora el trabajo realizado por un grupo diverso para enfrentar un conflicto ya histórico en la macrozona sur.
La ministra destaca que el Presidente Boric haya recogido las propuestas y recomendaciones de la Comisión para la Paz y Entendimiento en La Araucanía, “que -con su diversidad, logró poner los intereses del país y el bien común por delante y llegar a un consenso amplio para establecer una hoja de ruta para resolver un conflicto histórico en la macrozona sur”.
Sobre este tema, espera que todos los actores “estén a la altura de las circunstancias y, así como los comisionados fueron muy generosos y dialogantes, también el resto de las fuerzas políticas y candidatos presidenciales tengan esa misma actitud”.
En su opinión, hay dimensiones que necesitan consulta indígena por el Convenio 169, básicamente todo lo que es propuesta de tierras, que debe ser implementada por el Ministerio de Desarrollo Social dentro del segundo semestre, para tener claridad respecto de cuál es su opinión.
Sobre este punto, recuerda que ya hay algunos proyectos en trámite legislativo que ya tuvieron consulta indígena y que pueden servir de base.
“Se puede avanzar en lo que es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, también en los temas institucionales, donde el compromiso ha sido crear una institucionalidad de la más alta jerarquía para efecto de abordar las temáticas indígenas y poder garantizar representación de los pueblos originarios”, expone Lobos.
En el tema de protección a víctimas, precisa que habrán dos estaciones o tiempos: uno administrativo, que es el fortalecimiento del programa que hoy está radicado en la Subsecretaría del Ministerio del Interior, en el sentido de a complementar eso con apoyo psicosocial; y, adicionalmente, el proyecto de ley de reparación Integral de Víctimas, que tomará como base la propuesta formulada por la Comisión de la Paz.
Sobre el plan de reactivación para Arauco y Malleco, para lo que está mandatado el Ministerio de Economía, explica que se trata de hacer propuestas concretas y que se implementará por vía administrativa.
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