La trenza judicial desatada por la compraventa de la Minera Tres Valles se vio engrosada por una nueva acción penal, esta vez, por parte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), que se querelló contra Tomás Andrews, el liquidador que dirigía el proceso cuando la quebrada faena se vendió al empresario turco-austríaco Cevdet Caner.
La Superir inició acciones legales contra Andrews, pero también “en contra de todos quienes resulten responsables” por los delitos de otorgar ventajas indebidas, negociación incompatible, cohecho de funcionario público y cohecho por infracción de deberes.
En breve: el caso nace a partir de la adjudicación de la empresa a Compañía Minera Tres Valles (CMTV), ligada a Caner, que pagó $ 12.093 millones por la firma.
Posteriormente, acreedores liderados por el fondo británico Kimura acusaron que existía otra oferta -de una firma de capitales rusos, Thompson & French- que había ofertado US$ 75 millones por la faena ubicada en la Región de Coquimbo. La versión de estos acreedores, que fue recogida por la Superir, agrega que Andrews solicitó un aumento de sus honorarios por $ 544 millones, pago que se concretó recién firmada la compraventa.
“Este aumento fue aprobado únicamente con el voto de CMTV SpA (la misma empresa adjudicataria). Otros acreedores (Kimura, Codelco) denunciaron posteriormente que dicha materia no fue realmente debatida ni votada, alegando la nulidad del acta por falsedad ideológica”, acusa la querella de la Superintendencia.
$12.093 millones pagó CMTV por la mina.
El caso ha crecido como una bola de nieve. Hoy existen querellas penales ingresadas contra CMTV y la abogada que la representaba, María Eugenia Sabbagh, socia de Aninat Abogados; pero también hay una contraofensiva en contra de Kimura y sus abogados (los litigantes Diego Abogabir y Nicolás Miranda, socios de Abogabir Miranda; y de Francisco Allendes, socio de Puga Ortiz), además del liquidador del proceso que sucedió a Andrews, Eduardo Godoy.
CMTV y sus abogados sostienen la tesis de que la oferta de Thompson & French en realidad nunca existió y que los pagos realizados a Andrews fueron pactados en una junta de acreedores, visados por la propia Kimura y cuestionan el actuar de la Superintendencia en el proceso.
En su querella, la Superir pidió llamar a declarar a Andrews y Sabbagh, además de representantes de Thompson & French y de Codelco.
Acusan "imparcialidad" de la Superintendencia
Consultado por esta acción legal, el socio de Bofill & Ramos, César Ramos, penalista que representa a CMTV en el caso, declaró que la firma ha actuado conforme a la ley en la adjudicación de un remate judicial validado por más del 94% de los acreedores.
“Lo que estamos presenciando hoy es a una contraparte que está utilizando maniobras y artilugios judiciales para intentar deshacer a toda costa una venta legal y a firme. Nosotros no cederemos ante estas presiones indebidas y seguiremos enfocados en defender nuestra inversión y reactivar la compañía”, dijo.
Ramos lamentó “profundamente” la actuación de la Superir y la apuntó directamente: “Se ha negado a escucharnos y al contrario, ha adherido a una tesis de Kimura, basada en hechos erróneos y falsos. Esperamos nada más que transparencia e imparcialidad de la Superintendencia, que es lo que corresponde a una autoridad del Estado”.
En tanto, el abogado de Andrews, Marcelo Hadwa, defendió a su representado: "Se trata de una investigación en curso respecto de hechos que de ningún modo constituyen delito, ni siquiera una falta de tipo administrativo".
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