Por espacio de una hora y media, en la tarde de este viernes se realizó la reunión clave entre las principales autoridades del Ministerio de Salud y las isapres, encuentro que estas últimas solicitaron en carácter urgente tras el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que este miércoles dictó sentencia en recursos de protección contra la aplicación de las tablas de factores de riesgo en los planes de salud y cuyas instrucciones tendrán fuertes efectos para la viabilidad del sistema privado.
El encuentro fue encabezado por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, acompañada del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos; el director de Fonasa, Camilo Cid y la intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de la Superintendencia de Salud, Sandra Armijo. Por el lado de las isapres, participó el presidente del gremio Gonzalo Simon, y altos ejecutivos de los principales actores de la industria.
“Hemos escuchado al Presidente de la Asociación de Isapres y la postura de cada uno de las y los representantes de las aseguradoras respecto de las instrucciones que nos ha mandatado la Excma Corte Suprema”, indicó hoy un comunicado enviado por la Superintendencia de Salud tras el encuentro.
Para preparar ese encuentro, el Minsal pidió una completa información financiera actualizada a las isapres que sus equipos legales y gerenciales prepararon en intensas jornadas de trabajo en los días previos para calcular el impacto del dictamen de la Corte Suprema que las obligará a homologar el cálculo de las tablas de factores de toda su cartera actual al mecanismo que la Superintendencia de Salud estableció en 2019 con una reforma que eliminó las diferencias por género y simplificó la estructura de riesgo por edad de 14 a 7 tramos.
En efecto, en el fallo instruye a las isapres a “calcular el precio final de todos los contratos de salud que administre, aplicando para ello la Tabla Única de Factores contenida en la Circular IF/N° 343”. De esta manera, las aseguradoras deberán devolver el excedente cobrado a los afiliados en todos aquellos planes vigentes cuyas tablas de factores arrojen precios superiores a los determinados a partir de la Circular IF/N° 343.
“Algunas isapres tenían tablas desajustadas en relación con eso (la circular) y el fallo del Tribunal Constitucional (de 2010), por lo cual hemos pedido que las ajusten, porque evidentemente no pueden seguir cobrando de acuerdo a factores que fueron eliminados de la normativa”, explicó este jueves la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Una vez establecido ese cálculo, explicó que el paso siguiente es concordar con la Superintendencia de Salud la “devolución de los excedentes que en ese proceso se hubieran determinado”.En las primeras evaluaciones de la industria se ha estimado que “el efecto global, tanto de los menores ingresos futuros como de las devoluciones con efecto retroactivo, representaría pérdidas superiores a los US$ 1.000 millones que no están provisionados en ningún lado”, señala un ejecutivo de la industria.
En los días previos trascendió que el objetivo central es lograr que la autoridad acepte establecer un marco que permita evitar un golpe financiero irreparable para el sector, riesgo que ven inminente en un plazo de pocos meses si no existe una intervención del Gobierno. La fórmula a la que apuntan es el envío de una ley corta con una tramitación urgente, indican fuentes de la industria.
Otro factor determinante será el diseño con el cual la Superintendencia de Salud implementará la instrucción del máximo tribunal. “Nuestros equipos jurídicos y técnicos, dando cumplimiento al mandato del máximo tribunal, ya se encuentra estudiando los mecanismos más apropiados para hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud de las isapres, a los términos de la tabla única de factores establecida en Circular IF 343, de 2019, protegiendo siempre los derechos de las personas afiliadas”, explicó hoy la Superintendencia de Salud en su comunicado sobre la tarea que deberá concretar dentro de un plazo de seis meses para adecuar los más de 42 mil planes que tiene el sistema de salud privado.
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