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Alto contrasteExtravío judicial: la raíz de la crisis
Corte Suprema
José Miguel Aldunate
En lo que va de la década, la Corte Suprema ha estado en el centro de dos grandes polémicas. La primera tuvo que ver con las sentencias que afectaron a todo el sistema de salud en el caso Isapres, excediendo el efecto relativo de las sentencias. La segunda es el escándalo del caso Audios y su derivación en la llamada trama Muñeca Bielorrusa, donde se investigan delitos graves como cohecho y tráfico de influencias.
“Cualquier intento por introducir conceptos como la legitimidad democrática de los jueces, o que sean sensibles a tendencias del momento, será un error”.
A simple vista, ambas situaciones tienen un punto en común anecdótico: el protagonismo de Ángela Vivanco. En el conflicto de las isapres, ella fue la cara visible de la Tercera Sala y su principal vocera… aunque luego ofreció una interpretación alternativa del fallo, que acabó costándole la vocería. Hoy, es la figura central de una investigación que la llevó a ser removida del máximo tribunal y a enfrentar un proceso penal. Sin embargo, hay un vínculo mucho más profundo. Ambas crisis nacen de la misma raíz: el abandono de la ley como el único estándar para decidir. Mientras la corrupción implica el uso del cargo para la obtención de beneficios económicos particulares, el activismo consiste en la instrumentalización de la sentencia para imponer preferencias ideológicas personales por sobre el derecho vigente.
Es importante notar que aquí termina la similitud. El caso de la Muñeca Bielorrusa no es un ejemplo de activismo; es una sospecha fundada de corrupción sin fines ideológicos ulteriores. Del mismo modo, en los casos de activismo que se conocen hasta ahora no se ha sabido de la existencia de beneficios indebidos para los jueces, ya sean económicos o de otro tipo.
Con todo, de aquí se desprenden dos advertencias para el futuro. La primera es para los legisladores que hoy discuten la reforma al gobierno judicial. Deben entender que la legitimidad de los tribunales depende de alejarlos de la política, no de acercarlos a ella. Cualquier intento por introducir conceptos como la legitimidad democrática de los jueces o por pedir que los jueces sean sensibles a las tendencias del momento será un error. Si quieren fortalecer la institucionalidad, la reforma debe propender a que el juez sea imparcial e inmune a las sensibilidades ideológicas, aplicando la ley de manera técnica y objetiva. Introducir criterios políticos en la selección de jueces solo servirá para debilitar la última barrera que nos protege de la captura del sistema
Sin embargo, la advertencia más crítica es para los propios jueces. Si no comprenden que su única fuente de autoridad es el respeto irrestricto a la ley -y no sus agendas personales ni la búsqueda voluntarista de la justicia material-, la Corte Suprema se quedará sin defensas. Para los jueces, la ley no es solo una limitación; también es la fuente de su autoridad y, en lo que aquí interesa, el escudo que protege al tribunal de la sospecha. Cuando un juez abandona la norma para perseguir resultados “justos” según su propia convicción, destruye el único estándar objetivo que lo blinda frente a la desconfianza pública. Y así, abren el camino para que la ciudadanía sospeche que, el día de mañana, también la abandonarán por intereses menos nobles. Porque, al final, el juez que se cree libre de la ley puede terminar prisionero de alguien más.
