Tras meses de preparativos el empresario Antonio Jalaff concretó su arremetida legal por la venta de su participación en Grupo Patio durante 2024, en medio de su vinculación en el Caso Audios-Factop, por el cual más tarde fue formalizado.
Este lunes, el empresario ingresó ante el Cuarto Juzgado de Garantía una querella por el delito de estafa contra todos quienes resulten responsables, denunciando hechos que involucran a los actuales accionistas de la compañía y a Econsult, que realizó la valorización de la empresa para la operación.
El documento es patrocinado por el penalista Ciro Colombara, en conjunto con sus abogados para el Caso Audios-Factop, Cedric Bragado y Leonardo Battaglia.
“Esta maniobra generó un perjuicio económico directo, tanto para mí como para mis acreedores, quienes dependían del valor real de esas acciones para la satisfacción íntegra de sus créditos”, afirmó Jalaff en la querella.
“Entre 2021 y 2024, me vi enfrentado a una compleja situación patrimonial que me obligó a estructurar un mecanismo de reorganización destinado a satisfacer íntegramente a mis acreedores”, inició el relato de Jalaff en el texto.
En esta línea, “contando con la asesoría especializada de LarrainVial, se constituyó un fondo de inversión privado (Fondo Capital Estructurado I), cuyo activo subyacente era mi participación indirecta en Grupo Patio, empresa de la cual soy fundador y fui su vicepresidente ejecutivo”, señaló Jalaff.
“No obstante lo anterior, y tras la irrupción pública del denominado ‘Caso Audios’, en noviembre de 2023, los restantes accionistas de Grupo Patio iniciaron una intensa y sostenida campaña de presión en mi contra y de mi familia, con el propósito de forzar la enajenación de mi participación en la sociedad”, denunció.
El informe
Jalaff aseguró que a partir de enero de 2024 “se estructuró un proceso de venta acelerada de mis acciones, el cual culminó en la suscripción de una operación que se concretó bajo condiciones profundamente desventajosas para mí, sin que yo pudiera saberlo en ese momento”.
Jalaff aseguró que el precio de venta “impuesto” para la operación se basó exclusivamente en un informe de valorización elaborado por la consultora Econsult.
“Dicho informe no fue solicitado por mí, sino que su elaboración fue promovida y financiada por los mismos interesados en adquirir mi participación accionaria, encargado después de remover a mi hermano, Álvaro Jalaff, como CEO de la compañía y confeccionado en tiempo récord”, afirmó.
Según Jalaff, el documento “construyó una imagen económica completamente distorsionada y artificialmente depreciada de Grupo Patio, utilizando artificios que resultaron idóneos para inducirme a error, haciéndome creer que el valor de mi participación era muy inferior al que realmente tenía”.
“Esta maniobra -que fue ideada, organizada y ejecutada por quienes terminaron adquiriendo mi participación- generó un perjuicio económico directo, tanto para mí como para mis acreedores, quienes dependían del valor real de esas acciones para la satisfacción íntegra de sus créditos a través del fondo”, afirmó.
Para el empresario, “la diferencia entre el valor justo de mercado y el precio efectivamente pagado por las acciones asciende a aproximadamente UF 700.000, lo que representa una pérdida porcentual de 55% respecto del verdadero valor económico del activo en cuestión”. Es decir, el perjuicio patrimonial sería de unos US$ 28,25 millones.
Presunta estafa
A ojos de Jalaff y sus abogados, “lo ocurrido configura de manera clara e inequívoca el delito de estafa”.
“A través de una maquinación fraudulenta, se logró consumar la venta de una participación accionaria de alto valor económico, simulando condiciones de mercado que nunca existieron y provocando en mí un error esencial respecto del verdadero precio del activo enajenado”, precisó la querella.
Según Jalaff, esta se realizó “con el propósito evidente de obtener un beneficio económico ilegítimo a costa mía y de mis acreedores”.
Para argumentar contra la valorización de Econsult, Jalaff se basó en un peritaje -encargado por su parte- a la consultora Sur Consulting, realizado por los docentes de la Universidad Adolfo Ibáñez, Nicolás Martínez y María José Pizarro.
El peritaje sostuvo que el informe contendría “errores conceptuales que afectan la lógica financiera del modelo y sus conclusiones”.
Entre las falencias se encontrarían la omisión de una “separación rigurosa entre activos de renta con características y riesgos radicalmente distintos, valorizar de igual manera activos propios y el negocio de administración de terceros”, proyectar que no habrá Capex entre 2028 y 2032 y no utilizar comparables reales.
La querella enfatizó que, en un comienzo, Econsult estableció un valor de UF 8,98 millones. Sin embargo, tras comentarios de la administración de Patio, elevaron la estimación a UF 9,24 millones.
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