Aunque se trata de dos escándalos financieros cuyos orígenes son completamente distintos, una hebra hasta ahora desconocida, pero relevante une al Caso Primus con Sartor AGF.
El vínculo inició la indagación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que, finalmente, derivó en la histórica sanción por un total de más de $ 14.500 millones contra exdirectores y exgerente general de Sartor.
De acuerdo con la resolución de sanción de la CMF el 10 de septiembre de 2024, la dirección de supervisión de conducta del regulador alertó a la Unidad de Investigación (UI) del organismo indicando que, durante un proceso de fiscalización a la gestora realizado aquel año, había fondos de Sartor AGF que “financiaron a algunas personas jurídicas y naturales vinculadas a una serie de irregularidades financieras”.
Los apuntados por la CMF eran sociedades vinculadas a los protagonistas del Caso Primus, encabezados por su exgerente general, Francisco Coeymans; el exdirector comercial, Ignacio Amenábar; y el abogado Antonio Guzmán. Además, se señalaron a operaciones con el empresario Yethro Dinamarca, quien apareció entre las indagatorias del caso como cliente del factoring y exsocio de Coeymans y Amenábar.
Según la resolución de la CMF, los antecedentes proporcionados por la dirección de supervisión del regulador dieron cuenta de incumplimientos a la Ley Única de Fondos (LUF), “en cuanto a la responsabilidad de la sociedad en la administración de los fondos y a la ejecución de las actividades que se efectúen en el mejor interés de estos”, además de la “definición y aplicación de políticas y procedimientos relativas a riesgo financiero, específicamente de crédito”.
Más tarde, el 12 de noviembre del 2024, la UI del regulador inició una investigación con el objeto de establecer eventuales infracciones. Tres días más tarde, la CMF suspendió los aportes a los fondos de Sartor AGF, la primera de una serie de medidas que terminó con la intervención y, luego, la liquidación de la gestora.
Financiamientos
En detalle, las operaciones que vinculan a Sartor y Primus Capital son préstamos por un total de $ 640 millones a Coco Investments SpA, sociedad de Coeymans, desde el fondo “Sartor Táctico” entre 2020 y 2021, los que fueron prorrogados hasta 2022.
También, se otorgó un tercer préstamo por $ 700 millones a Inversiones Indiana SpA, sociedad de Amenábar en 2019, el cual obtuvo sucesivas prórrogas hasta mayo de 2023, cuando el caso Primus ya había estallado.
El mismo vehículo otorgó dos préstamos a sociedades controladas por Guzmán: $ 1.073 millones a Inversiones ADM SpA en 2021, y UF 18.421 (unos $ 655 millones de la época) al Fondo de Cobertura de Litigios y Resolución de Conflictos SpA en abril de 2023, un mes después de que se diera a conocer el caso.
Por su parte, “Sartor Proyección” otorgó un financiamiento por $ 560 millones en 2021 a Inversiones Mountain Road SpA, de Guzmán.
La CMF también apuntó a préstamos a dos sociedades vinculadas a Dinamarca $ 4.766 millones entre 2019 y 2021.
El informe
Sartor AGF apareció -sin mayor protagonismo- en el Caso Primus a comienzos de 2024, cuando la gestora, sus fondos y sociedades vinculadas a ella fueron mencionadas entre las casi 55 mil operaciones bancarias analizadas por el informe que encargó la Fiscalía a la Universidad Técnica Federico Santa María.
El reporte fue solicitado a finales de 2023 por el fiscal en jefe de Las Condes y líder de las investigaciones por el Caso Primus, Felipe Sepúlveda, quien encargó la revisión de 15 cuentas corrientes pertenecientes a personas naturales y jurídicas.
El informe apuntó que la matriz de la AGF, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., Asesorías e Inversiones Cerro El Plomo SpA -controlada por uno de los fondos-, el fondo público “Sartor Táctico” y el vehículo privado “Sartor Deuda Privada”, transfirieron en total un neto de $ 3.992 millones a sociedades o cuentas personales de Coeymans, Amenábar y Guzmán.
En aquella época, la entonces administración de Sartor AGF justificó las operaciones como transacciones de deuda privada.
Beneficio económico
La resolución de la CMF también profundizó sobre los beneficiados económicamente por las operaciones de Sartor AGF y sus fondos, hacia sociedades relacionadas.
El informe final de la UI del organismo precisó que “las operaciones realizadas en contravención a la normativa vigente fueron en beneficio de sociedades relacionadas directa o indirectamente a Sartor AGF y/o sus directores”.
Estos últimos fueron: el socio de la matriz del Grupo Sartor y exdirector de la AGF, Pedro Pablo Larraín, y los exdirectores Alfredo Harz, Michael Clark, Rodrigo Bustamante, Óscar Ebel y Miguel León.
Sin embargo, aclaró que no fue posible establecer beneficio económico directo para el exdirector Mauro Valdés y el exCEO, Juan Carlos Jorquera.
Finalmente, “el monto total de las operaciones realizadas con entidades relacionadas a la AGF y/o sus directores con infracción a la LUF y en perjuicio de los fondos y sus aportantes, asciende a lo menos a $ 95.578.252.441”, esto es, US$ 102 millones, señaló la resolución.
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