En una carta dirigida a los accionistas, en el marco de la memoria anual, el presidente de Cuprum, Pedro Atria, destacó que hoy existen tres principios que se deben preservar y fortalecer en el sistema de pensiones, en medio de "una época de cambios, ansiedades e incertidumbres" como la redacción de una nueva Constitución.
Para el jefe de la administradora de fondos, en primer lugar está el derecho a la propiedad de los ahorros de las personas, incluida la posibilidad de que los mismos puedan ser heredados por sus familias.
Un segundo principio, es la protección de la libertad de elegir quién administrará los ahorros para financiar las pensiones, sumado a un tercer punto, basado en la importancia de la participación privada en la provisión de bienes y servicios públicos.
"No se puede tener libertad de elección sin la participación de privados, y no se debiera obligar a ahorrar sin libertad de elección de quien le administrará y resguardará dichos ahorros", explicó.
"En el marco de estos principios es que seguiremos, tal como lo hemos hecho hasta ahora, desplegando nuestros esfuerzos y acciones para proteger los intereses de nuestros afiliados, quienes siempre han sido nuestra primera y mayor prioridad", agregó.
Reforma de pensiones
Respecto al debate en torno al futuro de las AFP y las pensiones, Atria fue enfático en señalar que siempre han impulsado que la reforma de pensiones se haga, de acuerdo a lo que decidan los distintos y el poder legislativo, sea sostenible en el tiempo.
"Esta sostenibilidad no solo debe ser financiera, es decir que tenga sustento económico y refleje la demografía de nuestro país, sino que debe tener sostenibilidad social. Esto es, debe ser consistente con la realidad del mercado laboral, así como reflejar a la sociedad en su conjunto", afirmó.
"Es esta sostenibilidad social la que ha afectado a nuestro sistema actual y es la que ha generado la crítica de la “falta de legitimidad” del mismo. Es también la que se ha usado para un cuestionamiento político e ideológico y que ha ensuciado una discusión más profunda e integral de las mejoras necesarias para nuestro sistema de pensiones", recalcó.
En este sentido, destacó que, para que la reforma se encauce correctamente, es importante que la discusión de la nueva Constitución consagre un marco que otorgue al legislador la flexibilidad necesaria para desarrollarla, es decir, que no establezca al administrador o excluya posibles administradores, y tampoco defina el modelo específico del sistema de pensiones.
"Una Constitución no debiera determinar para el país, por ejemplo, si el sistema de pensiones debiera seguir el esquema de Beneficio Definido o, al contrario, el de Contribución Definida. Ese tipo de diseño debiera quedar en manos de los legisladores, sobretodo si se observa en el mundo que es un tema que genera un amplio debate", explicó.
"Existe una clara tendencia en la mayoría de los países desarrollados de moverse cada vez más al esquema de Contribución Definida. Hoy en Chile, es este el modelo que tenemos, el cual debe reformarse y perfeccionarse, pero si la Constitución definiera un cambio para pasarse al modelo de Beneficio Definido, significaría una modificación trascendental de nuestro sistema de pensiones y de importantes consecuencias, y dejaría con las manos atadas a los legisladores en la discusión de una futura reforma previsional", advirtió.
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AFP
