Más de 400 páginas contiene el proyecto de Ley de Pensiones ingresado ayer a la Cámara de Diputados por parte del Gobierno. La iniciativa detalla los cambios estructurales que busca establecer el Ejecutivo en el sistema de pensiones y los costos fiscales asociados.
Además de la creación del nuevo Fondo Integrado de Pensiones (FIP), con recursos para el 6% de cotización adicional; la conversión de las AFP en Inversores Previsionales Privados (IPP); el nacimiento del Inversor Previsional Público Autónomo (IPPA); y, la transformación del Instituto de Previsión Social (IPS) en un Administrador Previsional Autónomo (APA), la iniciativa incluye ajustes en inversiones, un esquema de análisis paramétrico para los beneficios del seguro social, la absorción de las tareas de la Comisión Clasificadora de Riesgos (CCS), y flexibilidades a los regímenes de inversión entre otros aspectos.
Al convertirse en IPP, las AFP deberán liberar su encaje, equivalente al 1% de su patrimonio, hoy invertido en los fondos de pensiones. El Gobierno estima que el pago de impuestos por estos recursos implicará ingresos fiscales por $ 394.899 millones a 2028.
Solo los cambios institucionales contemplados en la reforma (IPPA, Superintendencia de Pensiones y APA) significarán un mayor costo fiscal de $ 84.439 millones en 2024, que aumentará a $ 171.363 millones a 2031 en régimen.
Esto considera un aporte inicial para el IPPA de $ 4.164 millones, incluyendo un patrimonio mínimo de $ 1.733 millones. Además, ello involucrará $ 78.952 millones para la conformación del APA; y $ 1.323 millones para fortalecer la Superintendencia de Pensiones, también en 2024.
Entre los ajustes que destacan están:
Nuevo benchmark
El proyecto de ley mandata al régimen de inversiones que “establezca carteras de referencia o benchmark, y márgenes de desviación máximos para cada uno de los fondos generacionales, fundados en objetivos de largo plazo”. Estos deben estar justificados por informes de expertos en la materia y sometidos a consulta pública.
Mayor flexibilidad de inversiones
Si bien se mantendrá el régimen de inversiones, tanto para los fondos generacionales como para el FIP, la propuesta se abre a “una mayor flexibilidad en la fijación de límites de inversión, para efectos de contar con la capacidad de adaptación necesaria que requiere el nuevo esquema de fondos generacionales”.
En cuanto a las inversiones del FIP, el proyecto indica que se efectuarán “con una lógica distinta de aquella considerada para el componente de capitalización individual (...) considerando la sostenibilidad que permita financiar los beneficios que la ley establece”. Así, la ley establecerá los instrumentos, operaciones y contratos en los cuales podrá invertir el FIP. Otras regulaciones estarán contenidas en el régimen de inversión del FIP.
Ajuste para sustentabilidad del Seguro Social Previsional en el FIP
De acuerdo al proyecto de ley, el consejo directivo del IPPA, deberá “fijar la rentabilidad del seguro social que se asignará a sus registros de cotizaciones individuales considerando la sustentabilidad del FIP”. De ser necesario deberá hacer ajustes paramétricos adicionales, previo informe de la Superintendencia de Pensiones, y propondrá al Presidente (a) de la República un proyecto de ley para recuperar la sustentabilidad financiera del FIP, teniendo un plazo de cuatro meses para enviar una propuesta al Congreso.
De lo contrario, la ley permite que el IPPA “ajustar los beneficios de forma tal de reestablecer la sustentabilidad del FIP”.
Absorción de la Comisión Clasificadora de Riesgos
La reforma establece que las funciones regulatorias de la Comisión Clasificadora de Riesgos (CCR) sean abordadas por el régimen de inversión y sus funciones operativas por parte de la Superintendencia de Pensiones. Ello, debido a que la CCR “ha visto disminuida su relevancia por los sucesivos cambios regulatorios” y porque “sus procedimientos de aprobación de emisores se basan en criterios objetivos fijados previamente en el régimen de inversión”.
Cambio a comisiones indirectas
De acuerdo al texto, las comisiones indirectas pagadas por las AFP a vehículos de inversión con cargo a los saldos de los afiliados, se acaban, siendo los IPP público y privados quienes deben asumir el costo. Solo se exceptúan las inversiones en activos alternativos.
Distribución de Rezagos
La propuesta mandata a las AFP a distribuir, por una única vez, el 95% de los recursos provenientes de las cotizaciones que no hayan podido ser abonadas a las cuentas de capitalización individual por errores u omisiones en las cotizaciones, sumando más de cinco años de antigüedad.
Fin del encaje
Al convertirse en IPP las AFP deberán liberar el encaje equivalente al 1% de su patrimonio, invertido en los fondos de pensiones. Según el informe financiero, esto significará una mayor recaudación fiscal por el impuesto que deberán pagar estos recursos, equivalentes a $ 394.899 millones a 2028.
Aumento del tope imponible
El proyecto aumenta gradualmente, en un período de cinco años, el actual tope imponible desde UF 81,6 hasta el valor actual del tope para el seguro de cesantía, en UF 122,6, tanto para el 10% de cotización, como para el 6% extra.
Fortalecimiento de la Comisión de Usuarios
Se refuerzan las facultades de la Comisión de Usuarios y perfecciona la representación de los beneficiarios del sistema, reemplazando los representantes de las instituciones públicas y privadas; por actores de los trabajadores y empleadores.
Fortalecimiento de la regulación
Se refuerzan las facultades de la Superintendencia de Pensiones para implementar y supervisar el nuevo sistema, adecuando sus facultades al nuevo régimen legal y aumentando los recursos administrativos y jurisdiccionales aplicables, y elevando el monto de multas máximas por infracciones.
Para ello, el informe financiero contempla la contratación de 16 nuevos funcionarios y un mayor gasto fiscal en dotación, sistemas y plataformas, de $ 1.323 millones en 2024, que bajará a $ 984 millones a 2026.
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