Tras un concurso de Alta Dirección Pública (ADP) para seleccionar a sus miembros, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ya habría definido a los tres actores que cumplirán un rol clave en la implementación de la reforma previsional.
Se trata de los miembros del consejo asesor para la licitación del stock, la nueva subasta por el 10% de los afiliados del sistema de pensiones que según el plazo que estableció la ley, debutará a fines de 2027.
El concurso es mandado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social al Servicio Civil, la autoridad facultada para llevar adelante este proceso. De acuerdo con su sitio web, se decidió nombrar en el consejo al abogado Javier Tapia.
Según pudo constatar DF, los otros dos expertos que acompañarían a Tapia en la misión -y que aún no han sido oficialmente comunicados- serían los economistas Salvador Valdés y Daniel Titelman.
Seleccionados entre 116 candidatos
Fue en septiembre de 2025 cuando el actual Gobierno abrió el concurso para los integrantes del consejo, instancia que será presidida por el superintendente de Pensiones.
Un total de 116 candidatos postularon al cargo, de los cuales, todos cumplieron con los requisitos legales establecidos para ser consejero.
Del total, 56 postulantes pasaron a la etapa de evaluación directiva y de competencias, quienes posteriormente fueron analizados por la empresa especializada en reclutamiento y selección. Tras esa evaluación, el consejo de ADP resolvió entrevistar a 24 candidatos.
De ese proceso, fueron seleccionados solo tres. Valdés es ingeniero civil industrial de la Pontifica Universidad Católica de Chile y doctor en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Ha sido señalado como el creador de la licitación del stock por su propuesta de subasta para darle más competencia al mercado de AFP, aunque en distintas apariciones públicas el propio Valdés aseguró que el diseño de su licitación es diferente a la que fue aprobada por el Congreso.
Tapia, por su parte, es director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile, gremio que reúne a las empresas dueñas de un 90% de los activos y operaciones de transmisión eléctrica en Chile.
Anteriormente, fue ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y anteriormente, jefe de la división estudios y promoción de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), entre otros cargos tanto en el sector público, como en el privado.
En tanto, Titelman es economista y director de la división de Desarrollo Económico de la Cepal. Como experto en temas vinculados a políticas monetarias y financieras ha publicado una serie de estudios.
Rol de los expertos
Entre las funciones que tendrán los tres integrantes de la instancia estará asesorar a la Superintendencia de Pensiones en la toma de decisiones de todos los aspectos relativos a la licitación de stock. Adicionalmente, tendrán la misión de analizar el diseño del mecanismo de la licitación y proponer posibles mejoras y perfeccionamientos que permitan mitigar los riesgos derivados del proceso.
Los expertos también deberán proponer el levantamiento de datos e información relevantes en las distintas etapas de la licitación para monitorear su desarrollo y posterior evaluación, entre otros roles.
Dada su injerencia en el diseño de la nueva subasta -que ha generado fuertes críticas por parte de la industria de AFP- los nombres que eligiera el ministro del Trabajo, en base a las ternas realizadas por el consejo de ADP, eran altamente esperados por la industria financiera.
Esto, pues su rol podría ser determinante no solo en el diseño de la licitación, que tiene el foco puesto en el precio, sino que la asesoría de los expertos también podría ser clave para mitigar eventuales impactos del proceso, como por ejemplo, del traspaso de los activos de una administradora a la que se adjudique el concurso.
Adicionalmente, a los cuestionamientos al enfoque por precio y las advertencias que ha hecho la industria por posibles efectos en la rentabilidad, entre las aprensiones que se han levantado están las exigencias que haría el regulador a las administradoras para participar del proceso.
Por ejemplo, las sucursales exigidas a las administradoras que postulen, algo que inquieta a eventuales nuevos entrantes que estarían interesados en ingresar al mercado.
Por último, la industria también ha levantado su inquietud acerca de cómo se realizará la comunicación a los afiliados que formen parte del grupo licitado y qué estrategias podrán desplegar las firmas para retener a sus clientes.
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