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Alto contrasteOrden fiscal: la primera señal del nuevo Gobierno de Kast
Felipe Zúñiga, académico, exvicerrector de Gestión Económica y Administrativa U. Austral
Por estos días se han conocido cifras que no admiten interpretaciones complacientes. El déficit estructural de 2025 alcanzó 3,6% del PIB, más de tres veces la meta comprometida inicialmente. Chile cerrará el período con un desequilibrio que no puede calificarse como transitorio ni atribuible exclusivamente al ciclo económico.
El Consejo Fiscal Autónomo advirtió en sus informes y actas recientes sobre riesgos en las proyecciones de ingresos, incluyendo la posibilidad de sobreestimaciones y un escenario fiscal más estrecho que el anticipado. Sin embargo, las correcciones llegaron tarde. Las advertencias existieron. Lo que faltó fue una reacción oportuna que evitara que el ajuste terminara siendo más costoso y abrupto. Falló la estimación
Ninguna de estas medidas, por sí sola, resolverá el desequilibrio estructural. Pero la política fiscal también se construye sobre credibilidad.
En ese contexto, las primeras señales del gobierno entrante no son menores. El instructivo enviado por el próximo ministro de Hacienda que contempla un recorte transversal del 3% del gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2026, la emisión de un instructivo presidencial de austeridad y la decisión de revisar la programación presupuestaria con una mirada plurianual constituyen un cambio relevante en el tono y en la dirección.
Ninguna de estas medidas, por sí sola, resolverá el desequilibrio estructural. Pero la política fiscal también se construye sobre credibilidad. La disciplina fiscal es un principio básico para que el Estado pueda sostener políticas públicas en el tiempo, proteger a los más vulnerables en períodos de crisis y financiar desarrollo sin comprometer a las futuras generaciones.
Esa credibilidad será especialmente exigente en el escenario que se hereda. El próximo gobierno asume con un espacio fiscal estrecho y con compromisos relevantes hacia adelante, entre ellos la implementación del nuevo esquema de Financiamiento de la Educación Superior, las definiciones pendientes en materia de condonación del CAE, mayores demandas en seguridad pública y presiones estructurales en salud. Todos estos ámbitos requieren recursos permanentes y decisiones responsables.
No es sostenible comprometer gasto estructural sin asegurar financiamiento estructural. Tampoco es razonable trasladar obligaciones de campaña al siguiente período sin respaldo presupuestario claro, menos aun cuando el punto de partida es un déficit significativamente mayor al previsto.
El Presidente electo ha señalado que el orden de las cuentas públicas no es un fin en sí mismo, sino la condición para recuperar el crecimiento, fortalecer la inversión y devolver certezas. Esa definición adquiere especial relevancia en el momento actual. El nuevo Gobierno comienza el 11 de marzo con una mochila pesada, pero también con medidas ya anunciadas que muestran conciencia de la magnitud del desafío y disposición a enfrentarlo desde el primer día.
A días del cambio de mando, ya se ha enviado una señal clara: el orden fiscal como punto de partida y como primera definición política de la nueva administración.
