La startup Fracción -constituida por Javier Vega en junio de 2018, con el objetivo de ampliar el acceso a medicamentos mediante la venta fraccionada- logró sacar adelante un acuerdo de reorganización judicial, contando con el respaldo unánime de los acreedores afectos al procedimiento.
El proceso -a cargo del Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores- tiene por objeto asegurar la continuidad plena de las operaciones de la compañía, así como el pago íntegro de los créditos.
El pasivo total reestructurado supera los $ 3.500 millones, siendo los principales acreedores el Banco del Estado de Chile, con un crédito de $ 610 millones; Astrazeneca, con $ 408 millones, y la empresa Inversiones Suñer y Cía Limitada, con $ 209 millones.
El convenio visado contempla una serie de propuestas destinadas a las distintas categorías de acreedores, ajustadas a la naturaleza y características de sus respectivos créditos.
En particular, se formuló una propuesta general de reestructuración para los acreedores titulares de créditos iguales o superiores a $ 200 millones y, asimismo, el acuerdo consideró una serie de propuestas con condiciones de pago más favorables para determinados acreedores, considerando el monto de sus créditos y la relevancia estratégica de ciertos proveedores para la continuidad operativa del negocio.
La actividad de la compañía se centra especialmente en el fraccionamiento de medicamentos, que permite a los clientes adquirir únicamente la cantidad prescrita en una receta médica, evitando la compra de cajas completas, y generando así importantes ahorros. Este modelo se complementa con la operación de una farmacia digital junto a un local físico, lo que permite ampliar la cobertura territorial.
La compañía se enlistó en la Bolsa Scalex e impulsó el programa denominado Comunas sin Farmacias (CSF), cuyo objeto era instalar un número mínimo de farmacias en sectores sin acceso a remedios, logrando nueve locales en lugares aislados como Huara, María Elena, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Vichuquén, Empedrado, Quilleco, Mininco y Cochamó.
Sin embargo, en mayo de 2024, la administración de la empresa -según dijo al solicitar su reorganización judicial- detectó que las donaciones comprometidas por distintos agentes económicos para el programa CSF no se materializaban en la magnitud ni ritmo necesarios para cubrir las elevadas pérdidas operacionales que estaba generando el referido programa.
En el periodo, se creó la Fundación Fracción, que se encargaría de asumir los compromisos del programa CSF y canalizar directamente las donaciones.
La empresa dijo que, en paralelo al perjuicio sufrido con motivo del mencionado plan (que generó una deuda de $ 500 millones que la fundación no podía reembolsar a Fracción, lo cual derivó en el cierre progresivo del programa), entre 2022 y 2024, la sociedad abrió dos nuevos locales en Santiago que resultaron ser financieramente inviables.
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J. Troncoso Ostornol
