Una nueva arista del caso conocido como licencias médicas falsas revelará esta tarde la Contraloría General de la República, según lo adelantó quien lidera el organismo, Dorothy Pérez, en el marco de la cuenta pública 2026 realizada ante diversas autoridades encabezadas por el Presidente José Antonio Kast.
“Esta tarde se informará de 6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia al servicio público, pero sí podían trabajar en el sector privado en esas mismas fechas”, anticipó la autoridad.
Agregó que “recibían rentas por trabajos en dos o tres partes. Hay que despejar y ver el margen de error, pero la mayoría de los casos son reales”.
Recordó que el caso de licencias médicas falsas abarca unas 55.933 situaciones: “Nos hemos comprometido con el Congreso a hacer todos los años esta fiscalización, donde ya logramos US$ 645 millones de ahorro que se generó este año al Fisco”.
De esta forma, Pérez confirmó que seguirá adelante con su cruzada de velar por el buen uso de los recursos públicos, que fue la línea conductora de su discurso de este lunes, donde llamó a “robustecer el sistema nacional de control”.
Planteó que su labor estará “destinada a fortalecer la confianza ciudadana mejorar la función pública. El control nos da una estructura, nos fortalece y nos da un camino seguro para crecer con un propósito como país, para crecer como una nación cada vez más sólida”.
La contralora también indicó que desde 1 de abril comienza a demandar directamente ante tribunales de Justicia el cobro ejecutivo de las sentencias del juicio de cuentas para recuperar directamente esos recursos. “No lo podíamos hacer por falta de personal, pero ya hemos acomodado internamente los equipos para este fin”, afirmó junto con reiterar la necesidad de mayores recursos y personal para cumplir de mejor manera su propósito.
Una de las tareas que encomendó a las instituciones públicas es mejorar sus sistemas de seguridad para evitar ciberataques, indicando que es un riesgo alto que sufren hoy muchos organismos.
Las cifras anuales
La contralora Pérez informó en su cuenta anual que hubo 2.619 actividades de fiscalización, un 13% de aumento en relación al ejercicio pasado, con la misma cantidad de personas y recursos, 1.804 inspecciones por denuncias, 358 auditorías de cumplimiento normativo, 288 investigaciones especiales, que fueron las que generaron más hallazgos; 86 inspecciones de obras públicas; y 83 auditorías financieras.
También reveló que hubo demandas ante juzgados de cuentas por $ 29 mil millones, es decir, un 152% más que en el ejercicio anterior; 13.860 órdenes de reintegro de remuneración mal percibidas, es decir, un 51% por encima del año previo; y que hay 134 juicios de cuentas para recuperar dineros.
Finalmente, la autoridad reiteró que hay plazo hasta el 31 de marzo para actualizar la declaración de patrimonio para los funcionarios públicos y que al 11 de abril deben presentar sus declaraciones de patrimonio e intereses los nuevos ministros de Estado.
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